Hacienda reforzará el control sobre otros ministerios al poder valorar su gestión económica tras auditarles

El Ministerio de Economía y Hacienda reforzará el control que ejerce sobre otros departamentos a través de la Intervención General del Estado porque emitirá juicios de valor sobre la gestión económica de los mismos después de someterlos a auditoría. La autorización necesaria para este y otros cambios en los sistemas de control y gestión del gasto público ha sido incluida en el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1988.

Las principales novedades del proyecto, en cierto modo anticipadas por Hacienda a los restantes ministerios a finales del pasado mes de julio, consisten en que...

El Ministerio de Economía y Hacienda reforzará el control que ejerce sobre otros departamentos a través de la Intervención General del Estado porque emitirá juicios de valor sobre la gestión económica de los mismos después de someterlos a auditoría. La autorización necesaria para este y otros cambios en los sistemas de control y gestión del gasto público ha sido incluida en el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1988.

Las principales novedades del proyecto, en cierto modo anticipadas por Hacienda a los restantes ministerios a finales del pasado mes de julio, consisten en que, a cambio de eliminar la fiscalización previa ejercida por los interventores desde el siglo XIX para la generalidad del gasto público, se añadirán valoraciones sobre la gestión económica.Este cambio, si bien ha sido precedido por la introducción paulatina de técnicas de muestreo en los sistemas de intervención, no parece ser del agrado de algunos aparatos ministeriales, que también se solían sentir molestos con los controles vigentes. Tradicionalmente el papel de los interventores ha sido visto con recelo por los centros afectados por su actuación. En determinados casos se les ha llegado a considerar verdaderos caciques. Pero lo cierto es que, según fuentes de Hacienda, el Consejo de Ministros no ha puesto reparos al proyecto.

Según éste, el Gobierno podrá acordar que la intervención previa, legalizada hasta ahora con carácter extensivo, se limite a comprobar una serie de requisitos esenciales sobre la legalidad del gasto. Los departamentos afectados serán luego objeto de otra intervención plena a posteriori ejercida con técnicas de muestreo o auditoría. Los interventores encargados de esto "deberán emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan".

Alegaciones

Estos informes se remitirán al ministro jefe del departamento para que formule en su caso, y en el plazo de 15 días, las alegaciones que considere oportunas, elevándolos posteriormente a la Intervención General de la Administración del Estado, que dará cuenta al Consejo de Ministros y a los centros directivos que resulten afectados de los resultados más importantes de la fiscalización realizada a posteriori y propondrá las actuaciones aconsejables.

Fuentes de la Intervención General del Estado, encargada del control interno del gasto público, han confirmado este proyecto, aunque negaron que pretenda aumentar el poder del Ministerio de Economía y Hacienda. Las mismas fuentes añadieron que el objetivo se centra en modernizar y racionalizar las técnicas de control del gasto público y adecuarlas a las disponibilidades de personal y medios, línea en la que se trabaja desde hace varios años, porque las técnicas de control previo entrañan el riesgo de diluir su efectividad.

Por lo demás, el proyecto de ley mantiene que podrán ser excluidas de intervención previa las subvenciones con asignación nominativa, como ocurre, por ejemplo, en los casos de Hunosa o Renfe.