El Gobierno negocia con los ayuntamientos opuestos a los vertidos en el golfo de Cádiz

La Dirección General de la Marina Mercante se reunió el martes con los ayuntamientos costeros de Huelva para conocer las razones concretas por las que se han pronunciado en contra de los vertidos tóxicos que, procedentes de la empresa Tioxide España, son depositados en aguas del golfo de Cádiz. Por su parte, la Marina Mercante expuso las razones legales que amparan este tipo de vertidos, de acuerdo con los convenios internacionales de Oslo y Londres.

A pesar de que la licencia de vertidos caducó el pasado día 10, la Marina Mercante prorrogó los permisos provisionalmente hasta el próximo...

La Dirección General de la Marina Mercante se reunió el martes con los ayuntamientos costeros de Huelva para conocer las razones concretas por las que se han pronunciado en contra de los vertidos tóxicos que, procedentes de la empresa Tioxide España, son depositados en aguas del golfo de Cádiz. Por su parte, la Marina Mercante expuso las razones legales que amparan este tipo de vertidos, de acuerdo con los convenios internacionales de Oslo y Londres.

A pesar de que la licencia de vertidos caducó el pasado día 10, la Marina Mercante prorrogó los permisos provisionalmente hasta el próximo día 25, a la espera de recibir informes del Instituto Nacional de Oceanografía y de la Dirección General de Medio Ambiente. La presión política ejercida por los ayuntamientos de la zona, tanto gaditanos como onubenses, ha sido tenida en cuenta a la hora de revisar el expediente de Tioxide. Juan Ceaga, concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, presentó a la Dirección General de la Marina Mercante una alternativa a la posibilidad de no renovar los permisos, hecho que conllevaría el cierre de la empresa.Esta alternativa consiste en obligar a Tioxide a que elabore un plan de corrección de sus efluentes en el plazo de dos meses, manteniendo mientras tanto el permiso de vertidos en la misma zona.

Supervisión

Ceaga ha declarado que este plan estaría supervisado directamente por la Marina Mercante y la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con el fin de "comprobar y controlar la eficacia de las fechas marcadas por la empresa para corregir y en su día eliminar totalmente los vertidos tóxicos".En varias ocasiones, grupos ecologistas han realizado acciones contra los buques que realizan los vertidos. A finales del mes pasado, miembros de la organización ecologista Greenpeace impidieron la salida de uno de los buques que efectúan los vertidos encadenándose al ancla del barco.