Los industriales químicos de Huelva se solidarizan con la empresa Tioxide

La Asociación de Industrias Químicas del Polo de Huelva ha mostrado su apoyo, a través de un comunicado, a la empresa Tioxide España, que vierte residuos de dióxido de titanio en aguas del golfo de Cádiz, ante lo que califica de "avalancha de ataques indiscriminados y faltos de toda base por parte de grupos ecologistas y sectores políticos". La Dirección General de Marina Mercante renovó la pasada semana las licencias de vertidos a esta empresa durante los próximos 15 días.La Asociación de Industrias Químicas declara que "apoya y defiende la conducta legal de Tioxide por la certeza de que toda...

La Asociación de Industrias Químicas del Polo de Huelva ha mostrado su apoyo, a través de un comunicado, a la empresa Tioxide España, que vierte residuos de dióxido de titanio en aguas del golfo de Cádiz, ante lo que califica de "avalancha de ataques indiscriminados y faltos de toda base por parte de grupos ecologistas y sectores políticos". La Dirección General de Marina Mercante renovó la pasada semana las licencias de vertidos a esta empresa durante los próximos 15 días.La Asociación de Industrias Químicas declara que "apoya y defiende la conducta legal de Tioxide por la certeza de que toda su actividad productiva está enmarcada en el más estricto ordenamiento jurídico". Al mismo tiempo destaca el valor del esfuerzo tecnológico y de inversión que Tioxide viene realizando para dar solución a los vertidos de efluentes al mar, "pese a estar utilizando desde el primer momento técnicas más costosas que la mayor parte de las fábricas semejantes".

Esta asociación incide en que numerosos trabajos científicos siguen sin detectar ningún impacto significativo sobre el medio marino en el golfo de Cádiz. En un reciente comunicado elaborado por el personal técnico de Tioxide se puntualizaba que la, inversión realizada por la empresa para la corrección de vertidos ascendía a 1.000 millones de pesetas.

Finalmente, la Asociación de Industrias Químicas rechaza todas las manifestaciones y acuerdos que "alegremente y sin base científica alguna pueden poner en peligro la continuidad de una actividad industrial", refiriéndose a las mociones en contra de los vertidos aprobadas por los ayuntamientos de Huelva y Cádiz.