Problemas del INE

EL INSTITUTO Nacional de Estadística acaba de anunciar la revisión de los criterios de elaboración de la encuesta de población activa, un documento esencial para conocer la evolución, no sólo de la población activa en España, sino también, y fundamentalmente, del empleo y de la desocupación. El nuevo criterio utilizado para determinar si una persona está ocupada es más amplio que el que hasta ahora se venía aplicando, puesto que se considera ocupada toda aquella persona que ha trabajado por lo menos una hora en el transcurso de la semana precedente al momento de la encuesta. Anteriormente, la ...

EL INSTITUTO Nacional de Estadística acaba de anunciar la revisión de los criterios de elaboración de la encuesta de población activa, un documento esencial para conocer la evolución, no sólo de la población activa en España, sino también, y fundamentalmente, del empleo y de la desocupación. El nuevo criterio utilizado para determinar si una persona está ocupada es más amplio que el que hasta ahora se venía aplicando, puesto que se considera ocupada toda aquella persona que ha trabajado por lo menos una hora en el transcurso de la semana precedente al momento de la encuesta. Anteriormente, la determinación de la categoría de ocupado era más laboriosa: además del criterio de haber trabajado durante la semana de referencia, existían otros más complejos, que hacían referencia a la situación laboral durante los tres meses anteriores al momento de la realización de la encuesta, y que permitían la definición de un colectivo diferente de los ocupados en sentido estricto, conocidos en la encuesta como "ocupados de forma marginal". Con las nuevas definiciones, esta última categoría desaparece como tal y sus miembros pasan a engrosar las filas de los ocupados.El cambio es relativamente pequeño y se adapta a las definiciones recomendadas por la Oficina Estadística de la CE y por la Oficina Internacional del Trabajo para medir este fenómeno. La consecuencia del mismo ha sido la de reducir el número de parados y aumentar el de empleados. Es de lamentar, sin embargo, el momento elegido para la modificación de los criterios, que coincide con el de la superación (con las antiguas definiciones) de los tres millones de parados. Gracias a la nueva metodología, el número de parados se queda muy cerca de esta cifra, aunque sin superarla.Coincidiendo con estos cambios de criterio en la elaboración de la encuesta de población activa, se ha conocido la existencia de un anteproyecto de ley que propone elevar el rango administrativo actual del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al de una dirección general, al de secretaría de Estado, y trasladar su dependencia orgánica del Ministerio de Economía al de Administraciones Públicas. Las razones de esta sorprendente propuesta parecen basarse tanto en el deseo de garantizar la independencia del instituto como en el de proporcionarle un nuevo soplo de vida que propicie un mayor dinamismo en el futuro.

Los estadísticos facultativos tienen probablemente razón cuando piensan que han sido postergados en favor de otros cuerpos del Estado, teóricamente más operativos, que poco a poco han tenido la habilidad de controlar importantes esferas de poder, asociadas a menudo con jugosos complementos de remuneraciones. La razón de este relativo ostracismo hay que buscarla tanto en las lagunas del propio aparato estadístico como en el escaso interés que hasta hace poco ha existido en nuestro país por la información estadística en general, que no hace sino reflejar el escaso valor que se otorga a la transparencia de la gestión de cualquier depositario de poder, público o privado. Pero ello no excusa las lagunas del aparato estadístico español, imputables tanto a la modestia de los medios como a una gestión excesivamente rígida de los mismos. Y, sin embargo, una sociedad industrializada de las características de la española no puede funcionar sin un buen soporte estadístico que refleje con exactitud lo que sucede en el ámbito económico y social. El problema consiste en encontrar la mejor manera para conseguir este objetivo, y no parece que para ello sea necesario privatizar la producción de estadísticas ni crear una secretaría de Estado que ningún principio de funcionalidad reclama.