Tras las protestas existían intereses inmobiliarios, según el presidente
EL PAÍS El presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, manifestó ayer que tras las protestas contra la compra del edificio Presidente existían intereses de empresas inmobiliarias que querían seguir cobrando alquileres al Gobierno regional. Con esta afirmación, realizada a la Cadena SER en Andalucía, el presidente andaluz aludía sin citarla a la empresa Inmobiliaria del Sur, propietaria del edificio Buenos Aires, en la sevillana avenida de la República Argentina, donde actualmente tienen sus oficinas las cuatro consejerías de servicios sociales de la Junta, en una super...
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EL PAÍS El presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, manifestó ayer que tras las protestas contra la compra del edificio Presidente existían intereses de empresas inmobiliarias que querían seguir cobrando alquileres al Gobierno regional. Con esta afirmación, realizada a la Cadena SER en Andalucía, el presidente andaluz aludía sin citarla a la empresa Inmobiliaria del Sur, propietaria del edificio Buenos Aires, en la sevillana avenida de la República Argentina, donde actualmente tienen sus oficinas las cuatro consejerías de servicios sociales de la Junta, en una superficie de 34.047 metros cuadrados en alquiler.
El informe que la Dirección General del Patrimonio de la Junta elaboró para la compra del edificio Presidente -que tiene una superficie útil de 32.725 metros cuadrados- estimaba en 457 millones de pesetas el coste de esos alquileres durante 1987. La dirección general citada estimaba que la compra del Presidente, por un total de 4.312 millones de pesetas, sería una operación ventajosa para las arcas de la comunidad autónoma, ya que con el coste del alquiler se habría amortizado en menos de 10 años.
Pero las denuncias por parte de la oposición condujeron rápidamente a una fuerte polémica en el nivel político regional, en la que se denunciaron supuestas irregularidades en el trato entre la propietaria del edificio Presidente -Inmobiliaria Osuna, del constructor granadino Nicolás Osuna- y el Gobierno.
Fruto de la polémica fue la constitución de una comisión del Parlamento regional y el envío del expediente al Consejo de Estado. Las conclusiones fueron en ambos casos favorables al Gobierno, promotor de las dos iniciativas, aunque se constataron defectos administrativos en la tramitación, que costaron el puesto al director del Patrimonio, Juan Bautista Esteban.