La Asociación contra la Tortura se querella contra todos los guardias que intervinieron en los incidentes de reinosa

La Asociación contra la Tortura interpuso ayer ante el juzgado de instrucción de la localidad cántabra de Reinosa querella criminal contra todos los mandos o miembros de la Guardia Civil que intervinieron en los incidentes acaecidos en aquella población el pasado 16 de abril. En la querella, cuyo texto fue dado a conocer ayer a los medios de comunicación, se insta al juez de Reinosa a que solicite a la Dirección General de la Guardia Civil la relación detallada y completa de los efectivos del cuerpo que estuvieron presentes en Reinosa en la citada fecha "con expreso detalle de las órdenes reci...

La Asociación contra la Tortura interpuso ayer ante el juzgado de instrucción de la localidad cántabra de Reinosa querella criminal contra todos los mandos o miembros de la Guardia Civil que intervinieron en los incidentes acaecidos en aquella población el pasado 16 de abril. En la querella, cuyo texto fue dado a conocer ayer a los medios de comunicación, se insta al juez de Reinosa a que solicite a la Dirección General de la Guardia Civil la relación detallada y completa de los efectivos del cuerpo que estuvieron presentes en Reinosa en la citada fecha "con expreso detalle de las órdenes recibidas, responsabilidades concretas, así como de cualquier información administrativa que se haya incoado tras los hechos". Esta misma solicitud se pide que se haga a la Delegación del Gobierno en Cantabria.El juez de instrucción de Reinosa, Mauricio Bugidos, remitió recientemente un oficio a la Dirección General de la Guardia Civil en el que requería la remisión de las identidades de los cuatro agentes relacionados con la muerte del trabajador de Forjas y Aceros Gonzalo Ruiz García. El juzgado de instrucción no había recibido éstos el pasado lunes (ver EL PAÍS de ayer).

La querella se presenta, además, contra el director general de la Guardia CivI, Luis Roldán; el delegado del Gobierno en Cantabria, Antonio Pallarés; el teniente coronel de la Guardia Civil Pablo Monge -como responsable directo de la fuerza desplegada-; el comandante o capitán al mando de la Guardia Civil en la localidad, y el brigada del cuerpo Miguel de la Viuda. A los querellados se les pide que presten una fianza solidaria de 500 millones de pesetas para asegurar las responsabilidades a que hubiese lugar.

En el texto se hace un resumen de los presuntos excesos cometidos por los guardias civiles durante el 16 de abril y se indica que "cualquier falta de detalle es consecuencia de la impunidad con que obraron los querellados, que ( ... ) no dudaron en cometer una multiplicidad de hechos delictivos".

Sobre los hechos que tuvieron como resultado la muerte de Gonzalo Ruiz, el texto indica que, en una inspección realizada el pasado 27 de mayo por el magistrado de la localidad cántabra en el garaje donde el trabajador se encerró durante los incidentes, se apreciaron "siete impactos de botes" de humo, "localizándose en una mediación que se realiza días después un octavo bote". La querella reproduce un párrafo del informe de la autopsia de Gonzalo Ruiz realizada por dos médicos del departamento de anatomía patológica del hospital santanderino de Valdecilla, donde falleció el trabajador. Siempre según este informe reproducido, "la insuficiencia respiratoria que provocó el fallecimiento de Gonzalo Ruiz fue debida a la inhalación de humos tóxicos", existiendo "una relación causa-efecto entre el contacto con el tóxico y la aparición de la enfermedad pulmonar".

Los presuntos delitos por los que se interpone la querella son los siguientes: homicidio -por la muerte del trabajador-, privación del ejercicio de los derechos cívicos -por la "ocupación militar de la localidad"-, múltiples delitos de allanamiento de morada y de daños, incendio, 58 delitos de detención ¡legal y múltiples delitos de torturas. Estas dos últimas acusaciones se refieren a las personas que fueron detenidas por la Guardia Civil durante los incidentes y a quienes el juez puso al día siguiente en libertad sin cargos. La mayoría de estos detenidos denunció posteriormente haber sufrido golpes, vejaciones e insultos y a 39 de ellos les fueron apreciadas lesiones de diversa consideración.