Estrictamente militar

El comportamiento del golpista argentino Aldo Rico refleja una mentalidad arraigada en muchos militares del área latinoamericana y no del todo ausente entre nosotros, señala el autor, teniente coronel español. Estos militares, que tienen un inmenso grado de desprecio hacia el conjunto de la sociedad y hacia los seres humanos en general, se obstinan en considerar a las fuerzas armadas como instituciones que gozan de una autonomía privilegiada.

El espectáculo del teniente coronel argentino Aldo Rico dirigiéndose a los periodistas en el recinto militar de Campo de Mayo durante los días de ...

El comportamiento del golpista argentino Aldo Rico refleja una mentalidad arraigada en muchos militares del área latinoamericana y no del todo ausente entre nosotros, señala el autor, teniente coronel español. Estos militares, que tienen un inmenso grado de desprecio hacia el conjunto de la sociedad y hacia los seres humanos en general, se obstinan en considerar a las fuerzas armadas como instituciones que gozan de una autonomía privilegiada.

El espectáculo del teniente coronel argentino Aldo Rico dirigiéndose a los periodistas en el recinto militar de Campo de Mayo durante los días de su insurrección frente al poder constitucional explicando los motivos de su insubordinación, ha constituido hace bien pocas semanas, una de esas experiencias atrozmente ilustrativas de lo que significa un cierto tipo de mentalidad militar Una mentalidad todavía arraigada en numerosos militares del área latinoamericana -aunque salvando las distancias, no del todo ausente entre nosotros-, y cuya característica más notable es su obstinación en considerar a los ejércitos como instituciones privilegiadamente autónomas. qué no tienen por qué respondei ante nadie ajeno a su propio ámbito estamental.Refiriéndose al motivo principal de su actitud -el hecho de que varios -cientos de militares argentinos habían sido citados a declarar ante los jueces civiles para responder de cargos de secuestro, tortura y asesinato, perpetrados bajo la dictadura de las sucesivas juntas militares (19761983)-, el citado teniente coronel, después de admitir que en el pasado "se han cometido errores", proclamó que había-que dar ya por cancelada la cuestión, y que tales comparecencias ante la justicia civil eran intolerables, puesto que se trataba de un asunto "estrictamente rnilitar".

Espeluznante delimitación de lo militar y lo civil. Dificilmente cabe concebir tan inmenso grado de desprecio hacia el conjunto de la sociedad, hacia los seres humanos en general y hacia sus propios compatriotas en particular.

Dramática evidencia

Sólo con un concepto de cerrada casta, absolutamente privilegiada, poseedora exclusiva de las esencias absolutas, autoconsiderada como instancia suprema en el campo de las valoraciones morales, sólo desde una posición de superioridad infinita, muy por encima del bien y del mal, puede un colectivo sentirse moralmente autorizado para entrar a saco con tan inmensa crueldad en la sociedad civil, causando en ella miles de víctimas -en su gran mayoría inocentes-, y proclamar a continuación que se trata de una cuestión estrictamente militar. Sólo una corporación que se siente intocable puede pretender que tal colección de crímenes puedan ser reducidos a la calificación de simples "errores" que deben considerarse zanjados', y para cuyos autores debe garantizarse la impunidad. Sólo con un descomunal alejamiento de su propio pueblo, y poseídos de su propia prepotencia, pueden llegar unos militares profesionales a formular un planteamiento de este género, considerando que sólo pueden y deben responder de sus actos ante los miembros de su propia casta, pero nunca ante los demás mortales. Sólo ante sí mismos; jamás ante el resto de la sociedad.

No es cuestión de repetir que la tortura es una práctica inhumana y aberrante, que envilece al torturado y al torturador, aunque, por supuesto, mucho más a éste que a aquél. Tampoco resulta necesario extenderse en consideraciones sobre el penoso papel jugado por unos hombres uniformados -componentes de unas fuerzas armadas concebidas para enfrentarse en el campo de batalla a ejércitos extranjeros en caso de agresión exterior ,que, desviándose de tal función, se revuelven contra su pueblo, rebajándose a la innoble tarea de secuestrar y torturar hasta la muerte a miles de sus compatriotas, hombres y mujeres en su inmensa mayoría indefensos y ajenos a todo tipo de terrorismo, según la incontestable evidencia de los miles de casos investigados por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), y que fueron enviados al tormento y a la fosa al margen de toda intervención judicial, de todo requisito legal y de todo imperativo moral.

Pues bien, es precisamente este infierno, con sus miles de víctimas aniquiladas, es este pavoroso conjunto de casi 9.000 casos individualizados y verificados por la Conadep, y muchos otros más, tal vez el doble, ya sin posible comprobación -no olvidemos que sólo en la región de Buenos Aires el general Ramón Camps se atribuyó orgullosamente la responsabilidad de 5.000-, es este masivo matadero y torturadero lo que el teniente coronel Rico y sus seguidores de las fuerzas armadas argentinas consideran como una 'cuestión estrictamente militar", en la que no debe inmiscuirse la justicia civil.

Inexcusablemente civil

Frente a esta peregrina y mortífera teoría, nunca se insistirá bastante, ni a este ni al otro lado del Atlántico, en que ciertos delitos, aunque sean cometidos por militares -rebelión contra el orden democrático, atropello de los derechos humanos fundamentales-, van dirigidos contra el conjunto de la sociedad, alcanzando de lleno al estamento civil, y, como tales, de ninguna manera pueden ser calificados de materia estrictamente militar. Por más que sus autores traten de ampararse en su cerrada concha corporativa, ha de ser la sociedad entera la que se ocupe de defenderse con las armas de su propia ley, si no quiere versé condenada a un estado de sometimiento y perm4nente supeditación.

Más aún: incluso desde una sana perspectiva castrense, desde la óptica del propio ejército, el militar realmente patriota y vinculado a su pueblo es el primer interesado en que aquella sociedad a cuya defensa sirve sea una sociedad suficientemente evolucionada, adulta y capaz de hacerse respetar por sí misma; y no una sociedad tercermundista, de raquítico desarrollo civil.

No hace falta ser un genio de la sociología militar para saber que los profesionales que nutren las fuerzas armadas de un Estado democrático necesitan verse insertos en una sociedad civil respetable y respetada, celosa de sus derechos y deberes cívicos; necesitan sentirse rodeados de un pueblo digno que no se deja avasallar; necesitan y desean sentirse integrantes de un pueblo maduro, dispuesto a ejercer su soberanía y su propio protagonismo; pero ni necesitan ni desean en absoluto sentirse inmersos en una sociedad aborregada y abúlica, dispuesta a dejarse acogotar por el primer general que saque unos cuantos carros a la calle o por la primera guarnición que se proclame en rebeldía frente al poder constitucional.

Análogamente, tampoco hay que entrar en el campo de la erudición sociológica para saber muy bien que un ejército socialmente elitista, que un ejército/ casta -vinculado a un estamento oligárquico y defensor a ultranza de la ideología más reaccionatia y que mejor garantiza su supremacía- necesita precisamente lo contrario: verse temido y reverencialmente tratado por una sociedad atemorizada, incapaz de pedirle cuentas, ni individual ni corporativamente, sean cuales fueren los "errores" que sus miembros puedan cometer. Aunque tales "errores" se contabilicen en miles de asesinatos y en sistemáticos excesos de inhumana crueldad.

Hora es ya de asumir -como nuestro ordenamiento jurídico lo ha hecho ya en España- que ciertos comportamientos militares, con independencia de su vertiente castrense, tienen también una implicación y una incumbencia inexcusablemente civil. Los sucesos de Semana Santa en Argentina -con el pueblo en la calle apoyando vigorosamente a sus instituciones democráticas, y con su presidente asumiendo de forma personal la tarea de reducir a los insurrectos- supusieron una notable lección de esa dignidad cívica, de esa asunción de responsabilidades ineludibles por parte del estamento civil, sin la cual una democracia no puede consolidarse jamás.

Dato desolador

Desgraciadamente, el último dato que nos llega de aquel país -la aprobación de la ley de obediencia debida y penoso reconocimiento, por el propio presidente argentino, de que "numerosos mandos intermedios que cometieron actos gravísimos quedarán impunes en virtud de esta ley vuelve a demostrar hasta qué punto aquella sociedad se encuentra todavía coaccionada por un estamento castrense que sigue ejerciendo su desmesurado peso sobre todo el cuerpo social.

Esperemos que, pese a este y a tantos otros obstáculos que aún hallará en su camino, aquel país hermano acabe encontrando su propia vía hasta la implantación de una sólida democracia, en la que tales acontecimientos no puedan volver a reproducirse jamás. Así lo deseamos firmemente quienes -civiles o militares, argentinos o españoles creemos en la vía democrática como en la forma de convivencia más decentemente compatible con la dignidad humana, a nivel individual y social. Y, en definitiva, como el único sistema que hace posible el recíproco respeto entre ambos estamentos.

es teniente coronel ingeniero y sociólogo militar.