Hacia la normalizacion del sistema sanitario público
En la necesidad de modificar el actual sistema de retribuciones del Insalud está de acuerdo tanto la Administración como los sindicatos: la falta de racionalidad de los sistemas actuales, el excesivo número de conceptos retributivos, su falta de funcionalidad, la escasa transparencia y dificultad en su control, la pobre correlación entre el servicio prestado y la retribución percibida dejan fuera de duda la conveniencia de su modificación.El Ministerio de Sanidad y Consumo inició a comienzos del presente año una serie de negociaciones con las centrales sindicales del sector sanitario, encamina...
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En la necesidad de modificar el actual sistema de retribuciones del Insalud está de acuerdo tanto la Administración como los sindicatos: la falta de racionalidad de los sistemas actuales, el excesivo número de conceptos retributivos, su falta de funcionalidad, la escasa transparencia y dificultad en su control, la pobre correlación entre el servicio prestado y la retribución percibida dejan fuera de duda la conveniencia de su modificación.El Ministerio de Sanidad y Consumo inició a comienzos del presente año una serie de negociaciones con las centrales sindicales del sector sanitario, encaminadas a desarrollar uno de los aspectos más importantes de la ley General de Sanidad: la elaboración de un estatuto-marco para el personal que trabaja en la sanidad pública.
Dicho estatuto debe regular el sistema retributivo, además de otros aspectos, como son el sistema de selección y provisión de puestos de trabajo, derechos y obligaciones. Unos días atrás, la Administración entregó a las centrales sindicales una propuesta sobre el modelo retributivo, enmarcada en una serie de medidas a contemplar dentro del nuevo estatuto-marco.
De entre el conjunto de medidas que dan coherencia al nuevo modelo retributivo y que deberán estar comprendidas en el estatuto-marco se pueden destacar la desaparición de las plazas vitalicias en las jefaturas de servicio y de sección, tal como sucede en los sectores público y privado, con respecto a los derechos adquiridos de los actuales responsables, así como la jubilación a los 65 años de edad y la aplicación de las incompatibilidades como al resto del personal al servicio de las administraciones públicas.
Entre las medidas estatutarias mencionadas, la garantía del ejercicio del derecho al traslado entre las distintas áreas de salud posibilitará la libre y voluntaria circulación de los profesionales en todo el territorio nacional, así como la movilidad dentro del área de salud. Asimismo, la regulación de los horarios de trabajo de los centros sanitarios permitirá adecuar los servicios a las necesidades de la población.
Las medidas descritas, entre. otras, tratan de adaptar el marco de relaciones laborales a las necesidades del sistema sanitario y a las que imperan en otros ámbitos. Es, por tanto, dentro de este marco donde se debe analizar el modelo retributivo propuesto.
El sistema propuesto contribuirá a prestar un servicio sanitario mejor y de más calidad, al incentivar la plena dedicación de los profesionales de la sanidad pública y primar a aquellos servicios que presten una mejor asistencia. De esta forma se crea un estímulo positivo para la formación de nuevos equipos de atención primaria y para la integración de especialistas de cupo en los servicios hospitalarios.
Incremento salarial
La modificación del sistema retributivo se acompaña de la garantía de unas retribuciones adecuadas para todo el personal delsistema sanitario público, equiparándolas, cuando no lo estén a las del resto del sector público. Esto supondrá un incremento salarial que probablemente haya que instrumentar en más de un ejercicio económico. Por tanto, como se trata de una modificación del sistema retributivo, se puede afirmar que nadie pierde salario con su aplicación, mientras que aquellos profesionales con plena dedicación a la sanidad pública verán notablemente incrementadas sus retribuciones.
En relación a los profesionales sanitarios, e independientemente del incremento de las retribuciones, el modelo propuesto tiene la virtud de solventar algunos aspectos que, habiendo sido motivo de debate durante largo tiempo, producían una justificada incertidumbre. Un ejemplo de esta situación es la aplicación de la Ley 53/1984, sobre incompatibilidades: en la medida que el antiguo modelo no primaba la plena dedicación mediante una retribución suficiente, la aplicación de la ley era cuestionada por amplios sectores profesionales, mientras que el modelo propuesta crea un marco en el cual tanto la Administración como los profesionales conocen perfectamente unas reglas claramente establecidas.
Un último aspecto quisiera destacar dentro de las medidas propuestas, pues supone a mi juicio un beneficio tanto para los profesionales del sector como para los usuarios de los servicios públicos de salud: la revitalización del sistema sanitario. La Jubilación a los 65 años, la desaparición de las jefaturas vitalicias y el establecimiento de una carrera sanitaria son medidas que tienden a combatir la esclerosis progresiva a la que estaba abocado el sistema de salud, que es una causa importante de desmotivación de sus profesionales.
En definitiva, el modelo estatutario retributivo propuesto, que introduce nuevos conceptos normales fuera de la sanidad, establece unas bases de relaciones laborales para los profesionales del sistema sanitario público equiparables a las existentes en aquellos países occidentales desarrollados que cuentan con un sistema nacional de salud similar al que la ley General de Sanidad crea. La consolidación del sistema nacional de salud exige solucionar de forma definitiva los múltiples problemas arrastrados, algunos de ellos provenientes del inicio del sistema español de la Seguridad Social. En la medida en que no se aborden las reformas precisas a través de la aplicación de la ley General de Sanidad, estaremos ante un modelo sanitario no totalmente definido, que puede seguir alimentando la frustración de algunos profesionales y que no permitirá la plena funcionalidad de los servicios sanitarios públicos, que deberían tener como única finalidad y razón de ser prestar el mejor servicio posible a los usuarios.
Eduardo Arrojo Martínez es secretario general de Asistencia Sanitaria.
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