El Gobierno regulará la instalación y uso
El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones tiene muy adelantado el borrador de un real decreto por el que se regula la instalación y funcionamiento del vídeo comunitario, según fuentes de la Administración.Esta regulación viene exigida, a juicio de las mismas fuentes, por el vacío legal y por el aumento de usuarios de esta modalidad de vídeo, que ha dado lugar a determinados abusos e interferencias debido, entre otros motivos, a las defectuosas instalaciones técnicas.
Aunque no ha sido revelado el contenido de este borrador, en medios de la Administración se da como probable...
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El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones tiene muy adelantado el borrador de un real decreto por el que se regula la instalación y funcionamiento del vídeo comunitario, según fuentes de la Administración.Esta regulación viene exigida, a juicio de las mismas fuentes, por el vacío legal y por el aumento de usuarios de esta modalidad de vídeo, que ha dado lugar a determinados abusos e interferencias debido, entre otros motivos, a las defectuosas instalaciones técnicas.
Aunque no ha sido revelado el contenido de este borrador, en medios de la Administración se da como probable que establecerá exclusivamente las normas de instalación técnica en la misma línea que lo han hecho los recientes decretos sobre antenas colectivas y recepción de señales de televisión vía satélite. La Administración registrará y exigirá equipos técnicos homologados para instalación de vídeo comunitario con el fin de que no se produzcan las interferencias actuales.
Existen algunos antecedentes, no obstante, sobre aspectos legales del vídeo comunitario. En abril de 1984, la Dirección General de lo Contencioso del Estado emitió un dictamen, a instancias del Ministerio de Cultura, en el que se afirmaba que el vídeo comunitario era legal y su instalación libre. Posteriormente, en 1986, la Generalidad de Cataluña aprobó un decreto por el que ,se prohibía la instalación de vídeos comunitarios.
El vídeo comunitario es un fenómeno comunicativo que ha saltado en los últimos cinco años de los barrios residenciales hasta núcleos de población más populares, especialmente de las grandes ciudades. En la base de esta expansión se encuentra las crecientes ventas de equipos reproductores de vídeo, que se cifran en una media de 600.000 al año.
Promovido por pequeños empresarios -a veces propietarios de tiendas de electrodomésticos e incluso por porteros de fincas o comunidades-, este negocio se sustenta en el pago de una cuota de enganche (unas 5.000 pesetas por término medio) y otra cuota mensual de dos mil). A cambio, el abonado tiene la posibilidad de ver películas desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche.
El aumento de los vídeos comunitarios, con su amplia demanda de películas, ha animado a los productores de vídeo a pasar al soporte vídeo cada vez mayor número de películas y con una mayor antelación. En estos momentos existen en el Ministerio de Cultura 25.000 expedientes para inscribir otras tantas películas en vídeo. A este número de películas legales que circulan en estos momentos habría que añadir las miles y miles de copias piratas tanto de estos títulos como de otros extranjeros que circulan en España.