El Gobierno canario negociará con Madrid la reforma de su régimen fiscal de 1972

El Gobierno canario aprobó su modelo de reforma del Régimen Económico Fiscal (REF) vigente en el archipiélago desde 1972, y deberá negociar ahora con la Administración central una nueva ley sobre esta materia, que será votada finalmente en las Cortes.Con el acuerdo adoptado a finales de la semana pasada por el Ejecutivo de la comunidad autónoma, que preside Jerónimo Saavedra, del PSOE, Canarias afronta uno de sus mayores retos, el cambio fiscal, que afecta a su máxima singularidad, cuyos orígenes se remontan a un real decreto de mediados del siglo XIX. La modificación del REF, que será ...

El Gobierno canario aprobó su modelo de reforma del Régimen Económico Fiscal (REF) vigente en el archipiélago desde 1972, y deberá negociar ahora con la Administración central una nueva ley sobre esta materia, que será votada finalmente en las Cortes.Con el acuerdo adoptado a finales de la semana pasada por el Ejecutivo de la comunidad autónoma, que preside Jerónimo Saavedra, del PSOE, Canarias afronta uno de sus mayores retos, el cambio fiscal, que afecta a su máxima singularidad, cuyos orígenes se remontan a un real decreto de mediados del siglo XIX. La modificación del REF, que será debatida este mes en el Parlamento canario, tiene en las islas un valor político comparable al protocolo especial de adhesión a la Comunidad Europea (CE), y se le atribuye el rango de estatuto económico de la región.

El documento que contiene las bases de la reforma propuesta por el Gobierno fue discutido a lo largo del mes de diciembre por los siete cabildos insulares y las organizaciones empresariales y sindicales. Según destaco el consejero de Hacienda, Óscar Bergasa, los principios generales establecidos por las fuerzas políticas del llamado pacto de progreso (PSOE, PCE, Partido de la Revolución Canaria y Asamblea Majorera) han contado con el consenso de los sectores implicados. Antes de aprobar el citado texto, el Gobierno debió ofrecer mayores garantías a las corporaciones insulares, temerosas de perder sus derechos sobre la recaudación de los arbitrios (de lujo y entrada de mercancías). El proyecto de nuevo REF asegura la cotitularidad del Gobierno y los cabildos sobre los recursos indirectos captados en la comunidad autónoma. El crecimiento de tales ingresos (que en 1987 pueden elevarse a 30.000 millones de pesetas) representa un nuevo alivio para las arcas de cabildos y ayuntamientos.

A pesar de la fuerte oposición empresarial levantada en un, primer momento, el Gobierno canario está dispuesto a eliminar los arbitrios insulares para dar paso a un "cuadro de imposición indirecta general único", en el que estarían integrados los mismos. El nuevo instrumento fiscal fue rechazado especialmente por los industriales, que se enfrentaron al consejero Óscar Bergasa, aunque el posible efectivo de piramidación (acumulación de la carga impositiva) del impuesto sobre la producción anunciado por él. Bergasa, que asegura haber disipado las sospechas empresariales, ha confirmado, no obstante, la aparición en Canarias de un impuesto indirecto único, cuya sola idea despierta reticencias por su semejanza con el impuesto sobre el valor añadido (IVA), que no se aplica en las islas. El nuevo planteamiento no supondrá ninguna renuncia a la libertad comercial (de importación y exportación) en el archipiélago, según el acuerdo. En medios comerciales se había denunciado tal peligro.

Ingreso en la CE

El actual REF quedó obsoleto tras el ingreso en la CE. El acuerdo adoptado ahora por el Gobierno incluye dos compromisos: mejorar las condiciones de acceso a la CE de las producciones agrícolas y pesqueras y exigir ser consultado antes de cualquier apoyo del Gobierno central a una posible organización común de mercado para el plátano. Sectores como la agricultura, ganadería, pesca, industria y servicios sociales recibirán un tratamiento fiscal favorable.El objetivo de esta reforma fiscal promovida por el Gobierno de Saavedra es obtener la suficiencia financiera de Canarias, cuyo presupuesto de 1987 es de 103.000 millones de pesetas. Para ello, deberá negociar con Madrid, ya que el REF sólo puede ser revisado en las Cortes.

La modificación del mismo ha sido aplazada reiteradamente, y la entrada en vigor de la nueva ley no podrá producirse, previsiblemente, antes del segundo semestre de este año, a pesar de haber sido anunciada en un principio para enero de 1986.