La difícil contraofensiva de Chirac

LLUIS BASSETS El Gobierno de Jacques Chirac, tras la derrota sufrida ante el movimiento estudiantil, está intentando remontar la iniciativa política, principalmente en el terreno de las privatizaciones. Pero la contraofensiva no termina de arrancar. Por tercera vez desde el inicio de la cohabitación, el presidente francés, François Mitterrand, se ha negado esta semana a firmar un decreto del Gobierno. Tras la retirada de la ley de Reforma Universitaria, Chirac anunció un aplazamiento de las reformas sociales hasta la sesión extraordinaria de abril del Parlamento. Con las heridas del mov...

LLUIS BASSETS El Gobierno de Jacques Chirac, tras la derrota sufrida ante el movimiento estudiantil, está intentando remontar la iniciativa política, principalmente en el terreno de las privatizaciones. Pero la contraofensiva no termina de arrancar. Por tercera vez desde el inicio de la cohabitación, el presidente francés, François Mitterrand, se ha negado esta semana a firmar un decreto del Gobierno. Tras la retirada de la ley de Reforma Universitaria, Chirac anunció un aplazamiento de las reformas sociales hasta la sesión extraordinaria de abril del Parlamento. Con las heridas del movimiento estudiantil todavía abiertas, la concertación de la política social con los jóvenes pasaba a primer plano. Apenas una semana después de la última gran manifestación, la aceleración de la vida política ha empezado a actuar como un amnésico.

El ministro de Trabajo, Philippe Seguin, presentaba en el Consejo de Ministros del pasado miércoles un decreto ley que legaliza situaciones laborales actualmente existentes en la zona sombría de la economía: el trabajo nocturno de las mujeres, el trabajo de los domingos y la flexibilidad de los horarios semanales según las necesidades de producción. La negativa de Mitterrand a estampar su firma en el decreto ha inducido al Gobierno a echar mano a un mecanismo insólito: presentar la ley como una enmienda ante el Parlamento, lo que le permite tenerla aprobada en 24 horas en las dos cámaras. Los socialistas han anunciado ya que apelarán ante el Consejo Constitucional.

El ministro de Justicia, Albin Chalandon, uno de los más afectados por el frenazo gubernamental, presentó esta misma semana un proyecto de ley para ampliar una ley anterior que establecía un procedimiento judicial, sin jurado, para los acusados de terrorismo. La modificación, que termina hoy su camino parlamentario, establece este tribunal con carácter retroactivo. La nueva ley ha sido concebida para juzgar a tres militantes de Acción Directa y a Georges Ibrahim Abdala y, según el diario Le Matin, había sido objeto de un reproche por parte del presidente.

Mitterrand dedicó su jornada del jueves a inaugurar autopistas, mientras Chirac seguía meditando sobre la posibilidad de responder a los últimos movimientos del presidente. Éste no se abstuvo de hacer declaraciones en las que mostró su preocupación por las obras públicas y la infraestructura viaria. "Somos responsables de nuestro país, no sólo en el día a día, sino también a largo plazo", dijo.

El presidente demuestra así que, una vez recuperado el terreno propio de la defensa y de las relaciones internacionales, una vez ejercido y reforzado su papel de árbitro y garante de la cohesión nacional en el desenlace del movimiento estudiantil, la figura que encarna la soberanía puede asumir todos los elementos de la vida política.

Impulso a la privatización

Para compensar la pérdida de terreno, Chirac ha decidido centrar su esfuerzo político en la economía, donde incluso sus enemigos se ven obligados a reconocerle un cierto éxito. El ministro de Economía, Edouard Balladur, anunció el jueves un cambio en el calendario de privatizaciones, destinado a borrar el mal efecto del aplazamiento, hasta octubre, de la tercera gran privatización, la de Seguros Generales de Francia (AGF). Balladur ha anunciado la privatización, antes del verano, del canal de televisión TF1, la agencia publicitaria Havas, el Crédito Comercial de Francia, dos pequeños bancos más y una gran compañía todavía por decidir entre Thompson y Compañía General de Electricidad (CGE).

El ministro de Economía tuvo que devolver la calderilla de un pequeño fracaso: las nuevas piezas de 10 francos serán retiradas del mercado, pues se confunden con las de 50 céntimos. La broma habrá costado 100 millones de francos (2.000 millones de pesetas) al Estado.

El bache gubernamental tiene contrapartidas. Los mismos días en que los medios de comunicación, incluida la televisión privatizable TF-1, daban tantos motivos de preocupación al ministro del Interior, Charles Pasqua, y a sus abogados, encargados de presentar querellas y peticiones de secuestro, la nueva comisión nacional para las libertades y la comunicación nombraba a los nuevos directores de radio y televisión públicas. El resultado ha alarmado a la izquierda y ha llevado a pensar que la nueva comisión está perfectamente domesticada por el magnate de Prensa Robert Hersant. Los nombres de los nuevos directivos lo demuestran y parecen ser tan sólo el paso previo a la concesión de TF- 1 al propietario de Le Figaro.