Liquidacion de la autonomía local

El reglamento de la Generalitat afecta también seriamente al principio de autonomía de la Diputación de Barcelona, que preside Antoni Dalmau, al establecer los criterios con que esta ,corporación debe elegir sus representantes. La ley estatal estableció que las entidades fundadoras acumularían, a su representación propia del 11 %, el 40% . correspondiente a los municipios. Ello supone contar con una representación mayoritaria (51 %) en las asambleas de las cajas. Este es el caso de la Diputación de Barcelona, que fue la entidad fundadora de la Caixa de Cataluña.En este caso, el reg...

El reglamento de la Generalitat afecta también seriamente al principio de autonomía de la Diputación de Barcelona, que preside Antoni Dalmau, al establecer los criterios con que esta ,corporación debe elegir sus representantes. La ley estatal estableció que las entidades fundadoras acumularían, a su representación propia del 11 %, el 40% . correspondiente a los municipios. Ello supone contar con una representación mayoritaria (51 %) en las asambleas de las cajas. Este es el caso de la Diputación de Barcelona, que fue la entidad fundadora de la Caixa de Cataluña.En este caso, el reglamento de la Generalitat ha intentado neutralizar la realidad política de la Diputación, que es de mayoría socialista, según resultó de las últimas elecciones. La fórmula empleada es la de fijar los representantes de las entidades fundadoras - "en proporción a la importancia numérica de los grupos políticos integrantes de estas, con objeto de asegurar la representación en la asamblea general de los intereses colectivos sin exclusión de ningún tipo". Según los expertos, ello suplanta las facultades constitucionales.

La Diputación ha recurrido el reglamento apoyándose en la Constitución, que establece que los gobiernos de los municipios, provincias y comunidades autónomas disfrutan de autonomía para la gestión de sus interses.

El rercurso cita también una sentencia del Tribunal Constitucional que afirma que "es forzoso concluir que cuando se trata de legislar sobre cuestiones que conducen directamente a la composición, estructura y competencias de los entes territoriales y de sus órganos de Gobierno y adrministración deben las comunidades autónomas respetar las bases de la Constitución".