150 armadores exigen la redistribución de capturas en aguas de la Comunidad Europea

Unos 150 armadores de barcos con derecho a faenar en aguas comunitarias se han negado a presentar sus proyectos de pesca con los que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elabora el Plan de Pesca que ha de presentar ante la Comunidad Europea (CE), para determinar mensualmente las capturas concedidas a España. Los armadores piden que se derogue el decreto de 12 de junio de 1981, por el que se concedieron los derechos de pesca en los bancos comunitarios, y se proceda a una nueva distribución.En aquella fecha se concedieron 460 derechos de pesca al mismo número de buques, sin posibil...

Unos 150 armadores de barcos con derecho a faenar en aguas comunitarias se han negado a presentar sus proyectos de pesca con los que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elabora el Plan de Pesca que ha de presentar ante la Comunidad Europea (CE), para determinar mensualmente las capturas concedidas a España. Los armadores piden que se derogue el decreto de 12 de junio de 1981, por el que se concedieron los derechos de pesca en los bancos comunitarios, y se proceda a una nueva distribución.En aquella fecha se concedieron 460 derechos de pesca al mismo número de buques, sin posibilidad de ampliación, pero autorizándose al armador que perdiera. el barco objeto de la concesión a, que la acumulase sobre otro, de sus barcos incluídos en el censo.

Hay que tener en cuenta que el citado derecho no significa que el buque titular del mismo pueda pescar sin límites de capturas, sino que ha de limitarse al coeficiente que le corresponda según el total de las toneladas autorizadas. Por ello, un barco que acumula varios derechos tiene mayor volumen de trabajo.

Redistribución equitativa

Actualmente el censo se ha reducido a 300 barcos, a los que se les permite faenar en aguas de la Comunidad, pero sólo pueden coincidir 150 por caladero y continúan en vigor los mismos 460 derechos. De acuerdo con fuentes de los armadores, si se distribuyeran equitativamente los derechos, los 300 barcos podrían faenar prácticamente durante todo el año. Sin embargo, al haberse acumulado sobre un mismo barco varios concesiones, hay buques que se ven obligados a permanecer en puerto la mayor parte del año, mientras otros tienen más coeficientes de capturas de los que pueden absorber por sí mismos.

Aunque el decreto de 1981 prohibe la cesión a terceros o la venta de los derechos, estas conseciones están siendo objeto de alquiler entre los propios armadores: unos tienen los derechos y otros los barcos, o como gráficamente lo describió un armador: "Unos tienen el prado y otros las vacas". Como dato suficientemente significativo figura el puerto de Pasajes, en Guipuzcoa, que cuenta con 18 barcos y 78 derechos. En Ondárroa, por el contrario, hay 70 barcos y 78 derechos.

Los 150 armadores que se han negado a presentar sus proyectos de pesca, todos ellos incluidos en Apesco, intentaron durante la pasada semana entrevistarse con el titular de Agricultura, Carlos Romero, para explicar el alcance del problema. Fuentes de este colectivo señalaron que lo Justo es distribuir los 460 derechos entre el censo de 300 barcos, indemnizando a aquellos armadores que hoy cuentan con concesiones pero no con buques, con el fin de acabar con la especulación de los derechos de pesca que se está registrando en el sector.

Los armadores advirtieron que, de no llegarse a una solución, en los próximos días podría producirse una serie de movilizaciones -sin descartar el -bloqueo- en los principales puertos, pesqueros españoles.