Arquitectura, ingeniería y antigüedad

EL CONFLICTO planteado desde hace una semana entre los arquitectos técnicos (o aparejadores) y los arquitectos superiores, a causa de la proposición de ley de atribuciones profesionales al primero de estos colectivos, ha desembocado en una situación claramente conflictiva que ha generado el cierre de la práctica totalidad de las escuelas, tanto de grado medio como de grado superior. Los colegios profesionales, que en un principio parecían a la expectativa, se unieron rápidamente a las protestas de los estudiantes, dando un curioso ejemplo de concordia entre corporaciones y Universidad. A pesar...

EL CONFLICTO planteado desde hace una semana entre los arquitectos técnicos (o aparejadores) y los arquitectos superiores, a causa de la proposición de ley de atribuciones profesionales al primero de estos colectivos, ha desembocado en una situación claramente conflictiva que ha generado el cierre de la práctica totalidad de las escuelas, tanto de grado medio como de grado superior. Los colegios profesionales, que en un principio parecían a la expectativa, se unieron rápidamente a las protestas de los estudiantes, dando un curioso ejemplo de concordia entre corporaciones y Universidad. A pesar de que inicialmente el conflicto parecía quedar circunscrito al ámbito de la arquitectura, los ingenieros de uno y otro nivel no tardaron en sumarse a la polémica.En el escaso tiempo que lleva ésta en la luz pública ha sufrido ya varios vaivenes. El texto inicial de la proposición de ley adjudicaba a los arquitectos e ingenieros técnicos la capacidad de proyectar a cada uno en su especialidad, con lo que éstos veían prácticamente cumplidas sus reivindicaciones históricas. Esto exasperó a los de grado superior, quienes ven peligrar no sólo su trabajo, sino también la calidad y la configuración estética de cada obra. Su protesta tuvo éxito al conseguir que el Grupo Parlamentario Socialista variara los términos de la proposición de ley en su favor. Esto último, sin embargo, provocó la inmediata reacción de los técnicos de grado medio, quienes adoptaron idénticas medidas de presión para que se volviera al texto original. A estas alturas, y tras las constantes conversaciones mantenidas por los legisladores con ambas partes, circulan ya numerosos borradores, con lo que, a medida que avanza el conflicto, avanza también la confusión.

La ilusión de convertir ideales antiguos y reivindicaciones ensoñadas en leyes de aplicación inmediata es una de las causas mayores del conflicto. La proposición de ley citada responde a una de esas imaginaciones y está fomentada por la existencia en Europa de un concepto distinto de esas carreras y de las de ingeniería y arquitectura. Uno de los argumentos en pro de esa reforma parece estribar en la suposición de que algunos arquitectos e ingenieros se limitan a firmar y a avalar -con su número de colegiado- los proyectos realizados por algunos técnicos de categoría académica inferior. De otro lado, este aval es discutible en sí mismo, pues se trata de una graciosa delegación de las prerrogativas del Estado en los colegios profesionales, mientras que en otros países avanzados es el Estado quien otorga las licencias correspondientes, teniendo tan sólo en cuenta si los proyectos presentados se atienen a las exigencias legales.

De la misma forma, late en la proposición de ley inicial el deseo de reparar una injusticia social, propósito que descansaría sobre la base de que unas carreras tenidas por elitistas, exclusivas y de estudios muy caros se nutren por cooptación familiar y por altas inversiones dentro de una clase social, mientras que otras de carácter más modesto han sido el recurso de los no privilegiados. A todo esto se suman los eventuales supuestos de que estos profesionales de situación inferior tengan que corregir en la práctica los errores, descuidos o ignorancias de los de titulación superior, y la seguridad de que el talento o la solvencia no son cuestiones de clase.

Esta reparación que se pretende hacer mediante una norma parece ignorar que las estructuras de la sociedad española, con arrastres tan tradicionales y tan fuertes, no se pueden modificar fragmentariamente y dejando intactos sus cimientos. Parecería que el principio a adoptar en este caso concreto debería tener un escalonamiento. El primer paso sería una mayor permeabilidad de las escuelas especiales a partir de una rebaja considerable en sus gastos de estudios y una abundancia de becas para los mejor dotados, así como una intercomunicación en los dos grupos de estudios, de forma que ingenieros y arquitectos técnicos pudieran acceder al título superior con arreglo a sus conocimientos y capacidades. El segundo, una reforma profunda de los planes de estudio de los dos grupos de carreras para que las distancias pudieran acortarse y se propiciara el reparto de atribuciones, o incluso se elevaran las atribuciones de los titulados en las carreras técnicas a partir del aval de los conocimientos impartidos, además de su adquisición en la práctica. Esa reforma espectacular de los planes de estudio sólo podría hacerse, sin embargo, con una auténtica definición de las necesidades de la arquitectura y de la ingeniería en las sociedades contemporáneas.

España, en general, se está enfrentando ahora con cuestiones en las que se mezclan conceptos y privilegios cuyo resultado no es solamente una perpetuación de injusticias, sino también una dificultad para atender a las nuevas necesidades. Necesidades de una envergadura que no se atienden correctamente con un parche legislativo más, capaz de crear una agitación social considerable y una sensación de demagogia, tan frecuentes siempre que se agitan los demonios familiares del espíritu corporativista.