Autonomía política y financiera

No son exageradas las voces que desde Cataluña se alzan estos días reclamando la revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Quienes sostenemos que el actual sistema no funciona lo hacemos desde la experiencia de varios años de aplicación de unas fórmulas que no solucionan los problemas que se plantean a las autonomías con capacidad suficiente para administrar la cosa pública.Cuando se elaboraron la Constitución y los estatutos, nadie puso en duda la necesidad de dotar a las comunidades autónomas de los medios suficientes para llevar a cabo su cometido. Ahora, cuando el ...

No son exageradas las voces que desde Cataluña se alzan estos días reclamando la revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Quienes sostenemos que el actual sistema no funciona lo hacemos desde la experiencia de varios años de aplicación de unas fórmulas que no solucionan los problemas que se plantean a las autonomías con capacidad suficiente para administrar la cosa pública.Cuando se elaboraron la Constitución y los estatutos, nadie puso en duda la necesidad de dotar a las comunidades autónomas de los medios suficientes para llevar a cabo su cometido. Ahora, cuando el marco constitucional no se cuestiona, desde la Administración, con cicatería, se pretende asfixiar económicamente a esas comunidades. El déficit público es la gran excusa. Sin embargo, desde el Gobierno central no se ofrece nada que permita percibir una política de drástica restricción del déficit público. Se impone a las comunidades autónomas, no sin aire prepotente, sufrir las consecuencias de una deficiente política de contención del gasto de la Administración central.

Cataluña, que como siempre quiere ser solidaria con todas las comunidades autónomas de España, sabe que paga mucho y que recibe poco. Pero la solidaridad consiste en que reciba lo justo, y ahora esto no ocurre.

Revisión a los seis años

En el Estatuto de Cataluña está prevista la revisión del sistema de financiación una vez transcurrido el período transitorio de seis años, que ahora se cumple, o cuando estén ultimados los traspasos de servicios. Todo ello según lo regulado en el artículo 45 del estatuto y en el artículo 13 de la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Se ha de hallar con voluntad de entendimiento un nuevo método para financiar la autonomía. Desde Cataluña se desea asegurar definitivamente unos mecanismos de financiación que constituyan una garantía para obtener un auténtico autogobierno por parte de la comunidad. Que da claro que la condición básica para ese autogobierno no es otra que la autonomía financiera. Autonomía para decidir la estructura del gasto y la capacidad para establecer el volumen final de los ingresos.

Nos resistimos a imaginar que la pretensión final de la Administración central sea bloquear la capacidad de maniobra de las comunidades autónomas que no controla. Sería tanto como pretender la paralización del engranaje del Estado, porque las autonomías son Estado, tan Estado como toda la Administración central.

No se quiera desvirtuar lo que hoy es un hecho evidente. No se hurte a los ciudadanos la verdad. Sin dinero no existen las autonomías. Si unas administran mal, que se sepa. En Cataluña y desde Cataluña creemos que las cosas no se han hecho tan mal. No se está haciendo crispar a nadie porque el descontento es generalizado. Una asfixia económica para hacer fracasar una política distinta no sería sino cortedad de miras.