El presidente Betancur declara la guerra a los traficantes de drogas en Colombia tras el asesinato del ministro de Justicia
El presidente de Colombia, Belisario Betancur, implantó ayer el estado de sitio en todo el territorio nacional y declaró la guerra a los traficantes de drogas, tras el asesinato de¡ ministro de Justicia, el senador Rodrigo Lara Bonilla, en la madrugada de ayer (hora peninsular). El ministro asesinado había intensificado la lucha contra el tráfico, de narcóticos. El Gobierno justificó la medida de excepción por el incremento de las actividades guerrilleras en los últimos días.
El asesinato del ministro de Justicia se produjo cuando regresaba a su domicilio, a primera hora de la noche del...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El presidente de Colombia, Belisario Betancur, implantó ayer el estado de sitio en todo el territorio nacional y declaró la guerra a los traficantes de drogas, tras el asesinato de¡ ministro de Justicia, el senador Rodrigo Lara Bonilla, en la madrugada de ayer (hora peninsular). El ministro asesinado había intensificado la lucha contra el tráfico, de narcóticos. El Gobierno justificó la medida de excepción por el incremento de las actividades guerrilleras en los últimos días.
El asesinato del ministro de Justicia se produjo cuando regresaba a su domicilio, a primera hora de la noche del lunes (hora local, 2.30 horas de la madrugada del martes, hora peninsular), en un barrio residencial de la periferia de Bogotá.En la operación participó un comando de ocho personas, al parecer, pagado por las mafias dedicadas al tráfico de drogas. Un vehículo, que simuló una avería, bloqueó el coche en que viajaba Rodrigo Lara, mientras desde una motocicleta ocupada por dos hombres fue disparada una ráfaga de metralleta. El ministro recibió 11 impactos de bala.
Los miembros del servicio de escolta dieron muerte a uno de los ocupantes de la motocicleta, y capturaron al otro, que fue identificado como Byron Velásquez Arenas, de 18 años. Sus declaraciones parecen confirmar la hipótesis de que el asesinato del ministro fue ordenado por traficantes de droga. Velásquez dijo que fue contratado por 3.150.000 pesetas.
El ministro asesinado había intensificado con éxito la represión del tráfico de drogas, en un país como Colombia, que es uno de los. más importantes centros del tráfico de narcóticos de occidente por lo que había sido amenazado de muerte. El pasado mes de octubre denunció un compló para asesinarle. Por otro lado, se desató una campaña para desacreditarle, en la que se llegó a afirmar que recibió de los narcotraficantes más de un millón de pesetas para su propaganda electoral.
Lara decidió presentar su dimisión la pasada semana, y el presidente Betancur estaba a punto de aceptarla y designarle embajador en Checoslovaquia.
Inmediatamente después de conocerse el atentado, el presidente Betancur convocó una reunión urgente del Gobierno, en la que fue decidida la implantación del estado de sitio en todo el territorio nacional. Betancur y el ministro del Interior justificaron la medida en una intervención televisiva, y anunciaron su compromiso de desencadenar una lucha a muerte al tráfico de drogas.
"El Gobierno responderá al desafío; debemos salvar el honor nacional secuestrado por los narcotraficantes", afirmó Betancur.
El estado de sitio estuvo vigente en Colombia casi ininterrumpidamente durante los 30 últimos años. Levantado en 1982 por el entonces presidente Turbay Ayala, fue restablecido el pasado mes de marzo en cuatro departamentos donde la guerrilla había recrudecido sus actividades. La más espectacular de ellas fue el ataque contra Florencia, efectuado por guerrilleros disidentes del M-19, al parecer, como represalia por una operación del ejército contra una planta procesadora de cocaína. El ministro de Defensa, Gustavo Matamoros, dijo entonces que los "droguerrilleros" reciben dinero y armas de los narcotraficantes, a cambio de la protección de sus plantas de procesamiento.
El establecimiento del estado de sitio -que atribuye poderes más amplios a las fuerzas,de seguridad, restringe los derechos de reunión y prohíbe la tenencia de armas- ha sido decidido también por el incremento de las operaciones guerrilleras en los últimos dos días, en los que han muerto 25 personas.
Según los observadores, el asesinato de Lara puede suponer un paso atrás en la política de negociar con la guerrilla.