El coste de las autonomías

He leído con auténtica estupefacción el artículo que EL PAÍS publica con fecha 13 de marzo, y no puedo por más que sentir indignación y vergüenza ajena.Si la política es voación de servir unos determinados ideales, gobernando o aspirando a gobernar el Estado (o comunidades autónomas), a la vista de los suelos de los altos cargos, y de los muy honorables presidentes de las autonomías, uno piensa que se puede aplicar aquí el postulado fundamental que se admite en la teoría económica al estudiar el comportamiento de la empresa en una economía de libre mercado, que no es otro que el simplista pero...

He leído con auténtica estupefacción el artículo que EL PAÍS publica con fecha 13 de marzo, y no puedo por más que sentir indignación y vergüenza ajena.Si la política es voación de servir unos determinados ideales, gobernando o aspirando a gobernar el Estado (o comunidades autónomas), a la vista de los suelos de los altos cargos, y de los muy honorables presidentes de las autonomías, uno piensa que se puede aplicar aquí el postulado fundamental que se admite en la teoría económica al estudiar el comportamiento de la empresa en una economía de libre mercado, que no es otro que el simplista pero irrefutable de que "el empresario orienta y organiza la actuación de la empresa, hacia la maximización de los beneficios". La gran diferencia radica en que el empresario intenta maximizar los beneficios (de su empresa), y el político autonómico, a la vista de los ingresos percibidos, sus beneficios.

Si la población absoluta en las islas Canarias en 1975 era de 1.394.290 habitantes y le asignamos un 1% de crecimiento anual, actualmente podríamos hablar de una población absoluta de 1.524.914 habitantes, que, relacionada con los 18.000 funcionarios dependientes del Gobierno autónomo canario, nos daría que, por cada 85 habitantes, hay un funcionario de la Administración autonómica. ¿Hacen falta realmente tantos funcionarios? O somos uno de los países mejor administrados.

Es muy posible que los trabajadores de Altos Hornos del Mediterráneo estén equivocados y, como dijo Felipe González, no sea posible seguir perdiendo 30.000 millones de pesetas al año en el sector siderúrgico, pero no es menos cierto que tampoco se pueden, o al menos tampoco se deben, seguir perdiendo los miles de millones (130.000 millones de déficit en la corta existencia de las comunidades autónomas) que aparecen como déficit en el sector autonómico. Hay qeu ser serios y pensar que, por lo visto, hace falta un decreto para la reconversión autonómica. Aunque mucho nos tememos que para enjugar este déficit quienes van a estar más ataredos serán el señor Boyer y sus homónimos autonómicos. /