La reforma judicial y la garantía de las libertades ceden el paso a la ley antiterrorista

La reforma de la justicia, uno de los objetivos considerados "urgentes" por el programa electoral socialista, queda pendiente al término de¡ primer año de gobierno del PSOE. En cuanto al desarrollo y garantía de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, se ha avanzado en. la regulación de los derechos del detenido y el preso -todavía a debate en el, Parlamento- y se ha aliviado la situación en las cárceles, así como, se ha aprobado una nueva ley de Reunión. En la última etapa, la preocupación por los derechos fundamentales, ha sido sustituida por la instrumentación legal de la ...

La reforma de la justicia, uno de los objetivos considerados "urgentes" por el programa electoral socialista, queda pendiente al término de¡ primer año de gobierno del PSOE. En cuanto al desarrollo y garantía de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, se ha avanzado en. la regulación de los derechos del detenido y el preso -todavía a debate en el, Parlamento- y se ha aliviado la situación en las cárceles, así como, se ha aprobado una nueva ley de Reunión. En la última etapa, la preocupación por los derechos fundamentales, ha sido sustituida por la instrumentación legal de la lucha antiterrorista.

La "prioridad legislativa" que, según el PSOE, debería haber otorgado el Gobierno a la ley orgánica del Poder Judicial -"sin cuya aprobación", puede leerse en el programa electoral, "se perpetúa la caótica interinidad de la crisis de la Administración de justicia"-, no se ha traducido ni siquiera en la elaboración del correspondiente proyecto de ley. Aunque muy avanzado a nivel ministerial, no es probable que sea remitido a las Cortes en 1983, a pesar de que, con ocasión de los cien días del Gobierno, se prometió para el pasado mes de mayo.La inexistencia de esta ley, esencial para la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, convierte en una labor de parcheo los esfuerzos del departamento por modernizar la Administración de justicia. En 1983 se han puesto en funcionamiento 30 juzgados de primera instancia e instrucción y otros 26 de distrito; se han creado nuevas secciones y salas en 10 audiencias provinciales y territoriales; se ha unificado el Registro Civil; se han establecido depósitos judiciales de piezas de convicción -para la mejor conservación de los objetos intervenidos en las causas criminales- en Bilbao, Sevilla, Valencia y Zaragoza, así como se ha creado un Instituto Anatómico Forense en Bilbao, otro en Pamplona y una clínica médico-forense en Palma de Mallorca, y se ha reestructurado el Instituto Nacional de Toxicología.

El jurado, muy lejos

Mientras tanto, el mandato constitucional para la participación de los ciudadanos en la Administración de justicia a través del jurado, asumido por el programa del PSOE, parece muy lejos de ser cumplido, y ni siquiera existe por el momento la decisión de reinstaurar esta institución en su versión tradicional, sino, según todos los indicios, mediante la fórmula, de dudosa constitucionalidad, del tribunal mixto de ciudadanos y escabinos, o expertos en Derecho. El PSOE tendrá que pronunciarse sobre la proposición de ley presentada por el PNV en julio de este año, y sería políticamente duro que bloqueara esta iniciativa.Otros procedimientos de participación en la Administración de justicia, como la elección de los jueces de paz o la eliminación de los obstáculos que dificultan injustificadamente el ejercicio de la acción popular -también previstos en el programa socialista- continúan inéditos. El Gobierno remitió al Parlamento el proyecto de ley orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular, pendiente de debate en el Congreso.

Por otra parte, bajo el mandato socialista, el presupuesto de Justicia creció para 1983 un 23,7% y para 1984 un 20,7%. El presupuesto de Justicia para 1984 supera los 85.542 millones de pesetas, de los que se dedicarán a la Administración de justicia 41.628 millones; a instituciones penitenciarias, 24.109 millones, y para transferir a la Iglesia católica, un total superior a los 11.000 millones de pesetas. Los presupuestos de Justicia permiten el incremento de 144 plazas de la carrera judicial en 1983 y 71 en 1984; 106 del secretariado en 1983 y 62 en 1984; 66 nuevas plazas en la carrera fiscal en 1984, y 336 plazas de personal auxiliar en 1983 y 698 en 1984, así como la puesta a punto del proyecto de informatización de la oficina judicial, la construcción de 6 nuevas prisiones, la continuación de las 10 iniciadas en 1983 y la reparación y remodelación de buena parte de las prisiones existentes.

Pendiente el amparo judicial

En el capítulo de desarrollo y protección de los derechos fundamentales, continúa pendiente la ley de Amparo Judicial, que debe regular el procedimiento preferente y sumario mediante el que los ciudadanos podrán acudir a los tribunales ordinarios para recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución. Dicha ley está prevista en el artículo 53.2 de la carta magna, y su importancia concuerda con la especial atención que el programa socialista dice prestar a un procedimiento jurisdiccional de tutela de las libertades, capaz "de reponer al titular en su legítimo y pacífico ejercicio del modo más eficaz posible", función para la que resulta insuficiente la legislación vigente.Por lo que se refiere a otras leyes, actualmente en discusión en el Parlamento -como la de habeas corpus, asistencia letrada al detenido, derecho de asilo, regulación del derecho de rectificación- o pendientes de serlo -como la de objeción de conciencia-, los iniciales planteamientos, más progresistas, del Ministerio de Justicia han tenido que ceder ante las posiciones de los departamentos de Interior o Defensa, amparadas por el resto del Gobierno, sin que del trámite parlamentario quepa esperar, en principio, una mejora sustancial.

En definitiva, el PSOE, que inició su mandato con leyes favorecedoras del ejercicio de los derechos y libertades -ley de Reunión, modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, reforma parcial del Código Penal-, concluye su primer año de gobierno más preocupado por el incremento de medios legales para la lucha contra el terrorismo. El proyecto de ley remitido al Congreso limita el derecho a la libertad condicional a los terroristas arrepentidos, agrava las penas para los atentados contra miembros de las Fuerzas Armadas, amplía el concepto de autor de apología del terrorismo y permite la clausura judicial de oficio de los medios de comunicación social.