El programa económico y los Presupuestos del Estado para 1984 pueden evitar el peligro de insolvencia de España

De seguir las tendencias y la política continuista de los pasados años de crisis, en otros tres ejercicios perderían su empleo 600.000 personas (hasta el 22% de la población activa, frente al 17% actual), las empresas públicas llegarían a reunir en 1986 un déficit anual de 800.000 millones de pesetas, y el Estado tendría que subsanar la carencia de ingresos de la Seguridad Social con una aportación de 11,6 billones de pesetas. Cortar estos y otros desequilibrios, que pondrían a España en peligro de insolvencia "no más allá de 1984" sometiéndola a un indeseado plan de austeridad del Fondo Monet...

De seguir las tendencias y la política continuista de los pasados años de crisis, en otros tres ejercicios perderían su empleo 600.000 personas (hasta el 22% de la población activa, frente al 17% actual), las empresas públicas llegarían a reunir en 1986 un déficit anual de 800.000 millones de pesetas, y el Estado tendría que subsanar la carencia de ingresos de la Seguridad Social con una aportación de 11,6 billones de pesetas. Cortar estos y otros desequilibrios, que pondrían a España en peligro de insolvencia "no más allá de 1984" sometiéndola a un indeseado plan de austeridad del Fondo Monetario Internacional, han servido de base para los proyectos de medidas de ajuste contenidas en los borradores del programa económico gubernamental a medio plazo y Presupuestos del Estado para 1984. Ambos textos han pasado a manos del Gobierno, cuyo equipo económico celebró ayer en Madrid, con la incorporación de algún otro ministro, su primera reunión tras el verano

La descripción de tales amenazas, destinada a ilustrar la necesidad de los ajustes que se enmarcarán en los presupuestos y en el programa, corrió ayer a cargo de los secretarios generales de Presupuesto y Gasto Público, José Borrell, y de Economía y Planificación, Miguel Muñiz. Como directores del seminario sobre Asignación de recursos colectivos en una sociedad democrática: problemas presupuestarios y de planificación, iniciada, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander, Borrell y Muñiz diagnosticaron la situación del sector público, a modo de prólogo, para los análisis de los cuatro próximos días sobre la planificación en el extranjero, en las regiones, los sistemas de protección social, las empresas públicas y la reconversión industrial.Sin embargo, no revelaron el contenido concreto de las medidas de ajuste, al parecer porque todavía el Ejecutivo no se ha pronunciado, sobre ellas. Trascendió que en Madrid se celebraba ayer mismo la primera reunión tras el verano del equipo económico del Gobierno, con la incorporación de algún ministro más, como el de Cultura, Javier Solana. Programa económico y Presupuestos para 1984 figuraban en la agenda, según las fuentes consultadas. El secretario general del Presupuesto expresó su confianza en que los de 1984 estarán en las Cortes el 30 de septiembre, el de Economía y Planificación, Miguel Muñiz, dijo que el programa a tres años -definitivamente se ha abandonado la designación de plan por no estar en marcha el Consejo Económico y Social que tiene competencias constitucionales en la planificación- seguramente tendrá forma de comunicación al Parlamento, como el Plan Energético.

Aunque Muñiz no habló del contenido del programa, hizo un diagnóstico de la crisis abierta en 1974, que lleva a una conclusión: el ajuste realizado hasta ahora no lo han pagado los trabajadores, sino los dos millones y pico de parados y las empresas que han cerrado. Para no caer en los peligros que entrañan las proyecciones realizadas -recurso a créditos del Fondo Monetario Internacional e imposición de un modelo de ajuste extranjero, como el aplicado a numerosos países en dificultades- debe haber más moderación de costes salariales, flexibilidad del mercado de trabajo y de la Seguridad Social, reforma de las empresas públicas, reducción de inflación y mayor competitividad exterior; es decir, repartir el trabajo y aceptar niveles de renta menores.

"Todo esto", dijo, "es condición necesaria, pero no suficiente. Es el ajuste a tres años. Pero hay que completarlo con otros a medio y largo plazo que nos lleven a un modelo de crecimiento distinto al pasado, consumista, especulativo, penetrado más por intereses privados que por los generales. Habrá que pensar en formas socioeconómicas más creativas".

Mayor crisis diferencial

Según el secretario general de Economía y Planificación, España parte de una mayor crisis diferencial que la de otros países y, por tanto, recibirá efectos más adversos del modelo conservador que ha sucedido al keynesiano en países potentes, como Estados Unidos, Reino Unido y ahora la República Federal de Alemania y Japón. Definido por la reducción drástica en la actuación del Estado, la crisis sindical, la disciplina monetaria y crediticia, y la revolución tecnológica, dicho modelo acepta un alto paro estructural, impone ritmos rapidísimos de innovación, des estabiliza selectivamente las economías periféricas y las capas sociales internas y refuerza el papel bélico, con reducción de gastos sociales.

La creciente integración de España en el mundo ha coincidido, según el conferenciante, con el doble de paro e inflación que la media de los países industrializados entre 1974 y 1982, debido a cinco factores: retraso en el ajuste energético, fuerte aumento de los salarios reales y costes laborales hasta 1979-1980, déficit público, y falta de ajustes en la agricultura y la industria por temor a intereses particulares.

Por su parte, el secretario general de Presupuesto y Gasto Público, José Borrel, atribuyó el fuerte crecimiento registrado por el sector desde 1967 al fenómeno inflacionista, los efectos de la transición política -explosión de reivindicaciones sociales contenidas y emergencia de nuevas administraciones- y el impacto de la crisis económica en las necesidades de protección social. "Todo ello", dijo, "genera deficiencias estructurales, que no tienen solución a corto plazo y que sólo una voluntad planificadora puede resolver".

No obstante, Borrell apuntó dos vías de actuación prioritarias. De un lado, evitar la ralentización clara en el volumen de ingresos generados por vía fiscal, que en 1982 prácticamente cayeron y en los cuales para 1983 se estimó una recuperación que está siendo dificultada por el fraude. De otro, cambiar la estructura orgánica del gestor del gasto, porque la Administración central ha perdido en los últimos años protagonismo ante la emergencia de la Seguridad Social y las administraciones local y autonómica.

A este respecto, el interventor general del Estado, Juan Francisco Martín Seco, señaló que las comunidades autónomas y las corporaciones locales pueden tender más a endeudarse, que el Estado, actualmente consciente del problema y no tan sometido a la restricción de las reelecciones. También dijo que, si bien los 8,3 millones de gasto público consolidado previstos para este año suponen un 33% del producto interior bruto, la capacidad de consumo y de inversión apenas representa respectivamente un 10% y un 4,5% del PIB.