La economía a mediados de año
EN EL primer semestre la producción de bienes y servicios ha crecido, según acaba: de anunciar el ministro Boyer, en un 1,7%. El porcentaje es inferior al de Estados Unidos y Japón, pero el doble del conseguido por Alemania, Reino Unido o Italia; Francia ha tenido un descenso de medio punto. La inflación ha moderado su crecimiento con relación a los altos niveles del primer semestre de 1982 y el empleo se ha sostenido gracias a la mayor actividad, aunque todavía está lejos de iniciar una recuperación, falto del apoyo de un proceso de inversión sostenido.Las estimaciones del Gobierno sobre el c...
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EN EL primer semestre la producción de bienes y servicios ha crecido, según acaba: de anunciar el ministro Boyer, en un 1,7%. El porcentaje es inferior al de Estados Unidos y Japón, pero el doble del conseguido por Alemania, Reino Unido o Italia; Francia ha tenido un descenso de medio punto. La inflación ha moderado su crecimiento con relación a los altos niveles del primer semestre de 1982 y el empleo se ha sostenido gracias a la mayor actividad, aunque todavía está lejos de iniciar una recuperación, falto del apoyo de un proceso de inversión sostenido.Las estimaciones del Gobierno sobre el crecimiento económico se han aproximado bastante a los hechos reales, pero a través de un camino distinto al previsto, a través del aumento y no de la exportación y la inversión del consumo. En efecto, dos indicadores, el consumo de electricidad y la matriculación de automóviles, con incrementos anuales del 5% y del 7% en estos primeros seis meses, confirman al consumo privado como el principal motor de nuestro crecimiento. Es cierto que también las exportaciones han crecido, pero las importaciones también lo han hecho y los ingresos por turismo han evolucionado en dólares a un ritmo inferior al del pasado año; en resumen, el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente en los primeros seis meses, 3.039 millones de dólares, es sólo ligeramente inferior al del mismo período de 1982. Asimismo, la cuenta de capitales de la balanza de pagos no consigue compensar las diferencias entre el valor total de las compras y los ingresos obtenidos por las ventas de mercancías y servicios turísticos españoles. En efecto, el sector privado no solicita créditos al exterior, las inversiones extranjeras no acuden en la medida suficiente y sólo el sector público continúa endeudándose. El resultado es una pérdida de reservas equivalente, en la primera mitad del año, a la registrada en 1982, pero desde un nivel más bajo.
La economía española ha sido testigo de una doble experiencia reactivadora, afortunadamente modesta, en los últimos dieciocho meses. Tanto la decisión electoralista de UCD de aumentar la inversión pública en el primer semestre de, 1982 como el relanzamiento del consumo privado tras la revisión salarial del ANE han tenido efectos análogos: fuertes incrementos del déficit del sector público, altos tipos de interés y tasas de inflación muy superiores a las de los restantes países y, sobre todo, tensiones sobre la cotización de la peseta y pérdida de reservas. Esto significa que, por el momento, la solución de la economía española no está en el crecimiento del gasto total que se agota a sí mismo. Aunque las apariencias de las palabras sean distintas, estamos viviendo una experiencia económica reactivadora no muy distinta de la francesa, con parecidas consecuencias.
La corrección del desequilibrio exterior provocado por una economía más inclinada al consumo que a la producción se confía, cuando el sector exterior aprieta, a la política monetaria. Y aunque se hacen declaraciones sobre la necesidad de la reconversión industrial y la liberalización del mercado de trabajo, en el mundo de la economía real sólo se advierte un fuerte racionamiento, en la cantidad de dinero, con la contrapartida de un alza importante en los tipos de interés. Estos días el tipo de descuento de papel para una empresa con buenos beneficios se sitúa en un 24%. Este encarecimiento del dinero tiene el peligro de exagerar todavía más la distribución del crédito en favor del sector público, que sí lo puede pagar, y en contra de la inversión privada, que lo paga con más dificultades. Las actividades productivas, con rendimientos a medio y largo plazo y cuyo desarrollo se considere prioritario, van a tener que ser financiadas a tipos de interés privilegiados en un próximo futuro; es decir, mediante la imposición de coeficientes obligatorios a los bancos. El sistema financiero en su conjunto, por la propia magnitud del déficit público, puede así verse condenado a alejarse de la liberalización, proyectada para reducir la intermediación y abaratar el crédito a los inversores, y regresar a un marco regulado por criterios administrativos.
El propósito de contener la cotización de la peseta sólo con instrumentos monetarios va a resultar difícil de conseguir. La economía española en su actual diseño precisa más divisas para pagar sus importaciones de las que genera por el cobro de sus exportaciones. A plazo, la peseta sigue cotizando a descuento, unas dos pesetas por mes, mientras los intereses de la europeseta están en un 30%. Estas cifras reflejan, pese a la disciplina monetaria interior, una economía necesitada de manera permanente de acudir al endeudamiento, con unas reservas patrimoniales de divisas en descenso y una deuda exterior ya muy onerosa. En la actualidad el valor de las exportaciones españolas escasamente alcanza a pagar la factura del petróleo y los intereses de la deuda exterior. La ruptura de este condicionante estructural nos obligaría, por un lado, a ser menos pródigos en los consumos de energía y en las solicitudes de deuda externa financiadora del déficit público. Por otro, la economía necesitaría librarse de una serie de obstáculos que desaniman el riesgo y la inversión productiva.
Naturalmente, este planteamiento exige sacar desde la ambigüedad a la luz del día medidas correctoras capaces de reducir con carácter inmediato y urgente un déficit público perturbador, iniciar la reconversión industrial y apostar por la modernidad y libertad del sistema económico y social. Por supuesto, las consecuencias de estas decisiones no serán populares. El Gobierno será atacado desde los ángulos más opuestos. Los sindicatos sólo estarán de acuerdo con la política de austeridad si se respetan los puestos de trabajo y no se recortan los beneficios sociales. El PCE y la izquierda del PSOE acusarán al Gobierno de derechizar su política. La propia CEOE y también AP estarán de acuerdo con los planteamientos, pero exigirán créditos baratos -coeficientes- para las reconversiones industriales. Pero si la alternativa es la adormidera de una tercera minirreactivación, provocada por la inercia del déficit del sector público y respaldada por un pequeño alivio de las cuentas exteriores, se corre el riesgo de una vuelta a las formas de intervención de los años 50 y, naturalmente, una llamada, a continuación, a los expertos e inexorables estabilizadores del Fondo Montenario Internacional.
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