Próxima reducción de los pagarés del Tesoro a un año de un millón a 500.000 pesetas

Los pagarés del Tesoro a un año se emitirán próximamente a 500.000 pesetas, lo que supone una reducción del 50% sobre los valores actuales y una mayor apertura al público de estos instrumentos de financiación del déficit, según anunció ayer Miguel Angel Fernández Ordóñez, secretario de Estado de Economía y Planificación, en la clausura del curso Introducción al Sistema Financiero Español, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.Con esta reducción en los pagarés del Tesoro se pretende una mayor expansión de estos títulos como forma de financiar el déficit público, en detrimento d...

Los pagarés del Tesoro a un año se emitirán próximamente a 500.000 pesetas, lo que supone una reducción del 50% sobre los valores actuales y una mayor apertura al público de estos instrumentos de financiación del déficit, según anunció ayer Miguel Angel Fernández Ordóñez, secretario de Estado de Economía y Planificación, en la clausura del curso Introducción al Sistema Financiero Español, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.Con esta reducción en los pagarés del Tesoro se pretende una mayor expansión de estos títulos como forma de financiar el déficit público, en detrimento de la apelación del Tesoro al Banco de España y de otras emisiones de deuda pública. Esta forma de financiación resulta mucho menos gravosa para el Estado, ya que mientras los pagarés se están retribuyendo al 14,4%, los certificados de regulación monetaria (instrumento del Banco de España para financiar, entre otras finalidades, los recursos que presta al Tesoro) están al 21,8% y la deuda pública a tres años sin desgravación al 15,5%.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en su intervención, se refirió a la insuficiencia de recursos financieros para hacer frente a la crisis económica y a la necesidad de una mejor asignación de los recursos.

La tasa de ahorro de la economía española ha descendido de un 25% sobre la renta bruta disponible en 1973, a un 17,5% en 1982, mientras que la tasa de inversión ha permanecido estabilizada en torno al 20% de la citada magnitud. Ello ha obligado a recurrir con mayor intensidad a la financiación exterior, lo que ha contribuido a convertir este sector en uno de los desequilibrios fundamentales de la economía española que hay que corregir.

El secretario de Estado manifestó que los altos tipos de interés no son una consecuencia aislada de la política monetaria, y que en su crecimiento o reducción influye también de forma significada la política laboral (rentas), fiscal (reducción del déficit) y financiera (incentivación del ahorro de familias y empresas). Insistió en la necesidad de proseguir con la política de diversificación de activos financieros, y en este sentido citó el proyecto de inversiones colectivas (que incluye los fondos de dinero) que fue llevado a la última comisión de subsecretarios.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez se refirió también a la necesidad de diversificar el riesgo, a la inmediata reforma de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y anunció la próxima fusión de la Sociedad Mixta del Segundo Aval con SOGASA (actual compañía de reaseguro de la SGR). En este capítulo hizo hincapié también sobre la reforma institucional del mercado de valores, anunció que el proyecto de fondos de pensiones puede estar ultimado dentro de este mismo año, y reiteró la importancia de la ley del seguro que va a permitir el desarrollo de este sector clave mediante la liberalización y la reducción del actual monopolio de los agentes.

Insistió, asimismo, sobre la necesidad de unificar y coordinar las distintas políticas sectoriales de ayudas con subvención de tipos de interés, y en este punto resaltó el reciente acuerdo suscrito por el Instituto de Crédito Oficial con bancos y cajas para apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Manifestó, también, la conveniencia de hablar con las comunidades autónomas para lograr una mayor coherencia en estas políticas de subvención de tipos de interés.

Mencionó los proyectos del Gobierno de proceder a una revisión de la legislación vigente sobre el Banco de España, en el sentido de otorgar más facultades de control al banco emisor sobre el sector crediticio. Negó que la reforma de los órganos directivos de las cajas de ahorro vaya a favorecer la politización de los consejos de administración de estas entidades.