El nuevo secretario general de la UGT de Euskadi defiende los convenios laborales a nivel estatal

Con la prevista elección de Alberto Pérez como nuevo secretario general, se clausuró ayer en Bilbao el III Congreso de la UGT de Euskadi, que culminó con un acto en el que intervinieron el nuevo secretario general, el veterano ugetista y presidente del PSOE, Ramón Rubial, y el miembro de la Ejecutiva Confederal de UGT, Antón Saracibar. La voluntaria retirada de la sesión de los representantes de la corriente crítica, mayoritaria en Álava, en protesta por la no inclusión en el orden del día de algunas de sus ponencias, fue la única incidencia de un congreso que se limitó a concretar a escala va...

Con la prevista elección de Alberto Pérez como nuevo secretario general, se clausuró ayer en Bilbao el III Congreso de la UGT de Euskadi, que culminó con un acto en el que intervinieron el nuevo secretario general, el veterano ugetista y presidente del PSOE, Ramón Rubial, y el miembro de la Ejecutiva Confederal de UGT, Antón Saracibar. La voluntaria retirada de la sesión de los representantes de la corriente crítica, mayoritaria en Álava, en protesta por la no inclusión en el orden del día de algunas de sus ponencias, fue la única incidencia de un congreso que se limitó a concretar a escala vasca las resoluciones del reciente Congreso Confederal.La defensa de la línea de convenios a nivel estatal -y en contra, por tanto, de la consideración de Euskadi como marco autónomo de relaciones laborales-, así como de la negociación de la reconversión industrial en ese mismo ámbito estatal, constituyó el eje de la intervención de Alberto Pérez, como lo fue de las principales resoluciones del Congreso.

Alberto Pérez, de 30 años, trabajador de General Eléctrica Española, pasa por ser un hombre muy ligado a Saracibar. Anteriormente fue secretario de acción sindical de la ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi. Con él integran la nueva dirección de la UGT vasca -que reduce sus componentes de once a siete miembros- Carlos Trevilla, Boni Rojo, Maki López, Marcos Merino y José Ramón García. En su discurso, el nuevo secretario general (que ya lo era in péctore desde la dimisión, en diciembre pasado, de Ramón Jaúregui, actual delegado del Gobierno en Euskadi) hizo una valoración del congreso, cuyo objetivo cifró en la concreción a la actual situación institucional y socio-laboral del País Vasco de las resoluciones del reciente XXXIII Congreso Confederal.

Ratificó éste la línea de apoyo a la política de reconversión del Gobierno, pero oponiéndose a cualquier tentación de despidos salvajes, y supeditando los planes de reestructuración a la expectativa de creación de puestos alternativos. En la ponencia correspondiente se critica, en ese sentido, la tentación corporativista de CC OO.

Hubo también una mención critica para Euskadiko Eskerra, partido al que se acusó de seguidismo respecto al PNV, tanto en relación a la cuestión de las transferencias, como en la consideración del País Vasco como marco socio-laboral autónomo.

Las resoluciones del congreso critican la pretensión de las fuerzas políticas sindicales nacionalistas de anteponer principios ideológicos abstractos a la voluntad real de resolver problemas concretos, y califican de utópica la expectativa de una salida vasca a una crisis que, aún con rasgos específicos, es fundamentalmente de ámbito estatal.

La retirada de la mayoría de los delegados de Álava -provincia que, al igual que en el XXXIII Congreso, encarnó la oposición más radical a la línea oficial- fue explicada por el líder de a corriente críticas Arturo Val del Olmo como "una reacción necesaria ante la falta de democracia interna que supone la negativa del pleno a debatir las ponencias que habíamos presentado sobre Juventud y mujer trabajadora y Cuestión nacional".

FSP-UGT se opone a Barón

El congreso de la federación de servicios públicos (FSP), de UGT, se clausuró ayer, mostrando su repulsa política al ministro de Transportes, Enrique Barón, a causa del modelo de empresa nacional de correos de la que es partidario, según informó Efe. En el ámbito sanitario, el congreso pidió que la sanidad pública se plantee la opción de compra de las clinicas privadas que se vienen cerrando.