El proyecto de Presupuestos Generales del Estado no recoge las propuestas estabilizadoras de Rafael Termes

Las recientes declaraciones de Rafael Termes, presidente de la Asociación Española de Banca Privada (AEB) sobre la necesidad de poner en marcha un plan de estabilización o austeridad han encontrado una oposición muy fuerte, tanto en algunos medios del Gobierno como entre los propios sectores empresariales y financieros que no apoyan las tesis defendidas por el presidente de la patronal bancaria.

Según estas fuentes la oportunidad de poner en marcha un plan de estabilización habría estado en el pasado mes de diciembre cuando se tomaron medidas de la importancia de la devaluación de la pe...

Las recientes declaraciones de Rafael Termes, presidente de la Asociación Española de Banca Privada (AEB) sobre la necesidad de poner en marcha un plan de estabilización o austeridad han encontrado una oposición muy fuerte, tanto en algunos medios del Gobierno como entre los propios sectores empresariales y financieros que no apoyan las tesis defendidas por el presidente de la patronal bancaria.

Según estas fuentes la oportunidad de poner en marcha un plan de estabilización habría estado en el pasado mes de diciembre cuando se tomaron medidas de la importancia de la devaluación de la peseta y se aprobaron los precios de los productos derivados del petróleo, pero no ahora, una vez que se ha firmado el Acuerdo Interconfederal y va transcurrido el primer cuatrimestre del año. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado ante el Congreso de los Diputados ayer por la tarde no recoge en la práctica ninguna de las propuestas lanzadas por Rafael Termes.El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado recoge, según fuentes consultadas, un aumento global de la presión fiscal del 1%, que no tendría especiales repercusiones sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cuyo montante total de recaudación no crecerá en mayor proporción que el correspondiente a la tasa de inflación prevista. Según estas fuentes, el tipo medio máximo a aplicar en el IRPF pasará del 43% al 45,7% y el mayor incremento corresponderá a las rentas superiores a los ocho millones de pesetas anuales, mientras que las inferiores al millón y medio tendrán que satisfacer un importe total menor que en ejercicios anteriores. Las rentas comprendidas entre estas dos cifras apenas si verán modificada, según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, su fiscalidad.

Por otro lado se ha negado que dentro del capítulo de ingresos fiscales se recoja una elevación del impuesto de lujo sobre la compra de automóviles o que se pretenda un aumento significativo procedente de impuestos indirectos como los que gravan los precios finales de los derivados del petróleo, tabaco o bebidas alcohólicas. Por el contrario se ha decidido una modificación sobre el tipo que regía para el impuesto sobre el beneficio de las sociedades que pasará del 33% actual al 35%.

Oportunidad de la estabilización

Las decisiones básicas que parecen componer las líneas de actuación del Gobierno en materia de presupuestos contrastan con las manifestadas por el presidente de la patronal bancaria en Barcelona cuando se mostraba partidario de poner en funcionamiento un plan de estabilización con repercusiones directas sobre el consumo, a través de un aumento significativo del impuesto sobre la renta, como sobre el empleo a partir de la paralización de las medidas adoptadas sobre la reducción de la jornada laboral y otras posibles medidas que no aparecen recogidas en los convenios colectivos y que pueden suponer un aligeramiento en los costes laborales totales.

Lo que se está discutiendo en la actualidad es la oportunidad concreta de proceder a un plan de estabilización clásico o no. Para diversos sectores empresariales y altos cargos de la Administración, la posibilidad de proceder a un ajuste estabilizador de la economía española era posible a finales del año pasado, con unas elecciones generales ampliamente ganadas y cuando se tomaron decisiones de la trascendencia de la devaluación de la peseta, modificación del coeficiente de caja de los bancos y cajas de ahorro y elevación sustancial de los precios de los productos petrolíferos.

En ese momento, según estas fuentes, era posible comprometer al conjunto de la sociedad española en una política estabilizadora de rentas -salariales y empresariales-, precios y de gasto público. La indecisión de aquel momento, que provocó especulaciones sobre posibles limitaciones a la distribución de dividendos empresariales a cuenta de los resultados obtenidos durante 1982, y la adopción de otros acuerdos negociados en los meses siguientes hace imposible tomar en la actualidad medidas de estabilización cuyos resultados prácticos serían discutibles cuando menos.

El Acuerdo Interconfederal firmado por la CEOE y los principales sindicatos, la negociación colectiva del sector público, llevada a cabo con laxitud según algunas fuentes de la Administración y sin ningún tipo de directriz, pueden impedir la efectividad de un posible plan de estabilización puesto en marcha en la segunda mitad del año. Por otra parte, en diversos medios patronales se señala que un programa económico estabilizador en sentido estricto llevaría a la ruina a, al menos, un 30% de las empresas actualmente existentes, precisamente las que padecen peores dificultades de índole comercial y financiero.

No obstante, la batalla política que está teniendo lugar en la actualidad no es negada por nadie. Las recientes declaraciones del presidente del Congreso de los Diputados en Valladolid sobre la seguridad de que a partir del día nueve de mayo, después de las elecciones municipales, se pida un esfuerzo suplementario de solidaridad nacional para salir de la crisis pueden interpretarse como un anuncio de las luchas que están teniendo lugar.

Las afirmaciones empresariales de que a pesar de haberse aprobado la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas semanales en el Congreso, se puede frenar su puesta en práctica a partir de una enmienda en el Senado, podrían ir por esta vía. La CEOE ha manifestado que en la tramitación y aprobación del proyecto de reducción de la jornada laboral en el Congreso no se han tenido en cuenta las manifestaciones públicas del propio Gobierno en el sentido de que en el proyecto de ley se recogerían los acuerdos alcanzados entre las partes.

Discrepancias CEOPAEB

Y en el Acuerdo Interconfederal, en opinión de la CEOE, se aceptaba mantener los pactos de jornada anteriores, lo que retrasaba la entrada en vigor de las cuarenta horas hasta 1984, referirse siempre a tiempo efectivo de trabajo y empezar a hablar de cómputo anual de tiempo de trabajo y no de jornada semanal.

No obstante estas matizaciones a la jornada laboral, fuentes de la CEOE han señalado que en este año no era posible pedir un nuevo esfuerzo a los trabajadores, a través de reducciones reales en sus salarios sin contraprestaciones en el nivel de empleo, y que era más importante que el Estado se aplicara en la consecución de obtener logros en reducir el déficit del sector público por la vía de frenar las transferencias y otros gastos antes que imponer sacrificios salariales. Este fue el punto de arranque de las discrepancias entre un sector de la CEOE y la AEB con motivo de la discusión sobre los puntos del Acuerdo Interconfederal y que tuvieron como reflejo inmediato que la patronal bancaria declarara que firmaba el texto aunque mantendría una posición de dureza en los temas de revisión salarial que han llevado a la huelga del mes pasado y a la convocatoria de una nueva para finales de abril y primeros de mayo.

Las razones de los que se muestran contrarios a un posible plan de estabilización han sido expuestas por el propio Ministerio de Economía y Hacienda, que de esta forma desmentiría una posible alianza entre un sector del Gobierno y sectores empresariales y financieros, señalando que los indicadores económicos que justificarían la adopción de medidas de ese tipo no muestran una situación preocupante.

Los datos de inflación referidos a los primeros meses del año muestran un claro descenso respecto al mismo período del año anterior.