Los Presupuestos de nunca acabar

LA APROBACIÓN de los Presupuestos por los representantes del pueblo no sólo se halla históricamente vinculada a los orígenes del sistema parlamentario, cuyo nacimiento es indisociable de la autorización de los impuestos por quienes tenían que pagarlos, sino que continúa siendo una de las competencias fundamentales de los parlamentos. Según establecen los artículos 66 y 134 de la Constitución española, las Cortes tienen a su cargo el examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos del Estado, previamente elaborados por el Gobierno de la nación. Los Presupuestos tienen carácter anual y deben r...

LA APROBACIÓN de los Presupuestos por los representantes del pueblo no sólo se halla históricamente vinculada a los orígenes del sistema parlamentario, cuyo nacimiento es indisociable de la autorización de los impuestos por quienes tenían que pagarlos, sino que continúa siendo una de las competencias fundamentales de los parlamentos. Según establecen los artículos 66 y 134 de la Constitución española, las Cortes tienen a su cargo el examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos del Estado, previamente elaborados por el Gobierno de la nación. Los Presupuestos tienen carácter anual y deben recoger, en un único balance consolidado, todos los ingresos y gastos del sector público, incluidos los presupuestos de la Seguridad Social y de los organismos autónomos.Nuestra norma fundamental también determina que el Poder Ejecutivo deberá presentar los Presupuestos Generales del Estado ante el Congreso de los Diputados, al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". En el supuesto de que la ley no quedara aprobada antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, los Presupuestos del año anterior quedan prorrogados automáticamente hasta la aprobación de los nuevos. Las elecciones anticipadas impidieron la aprobación, antes del 1 de enero de 1983, de los Presupuestos para el año en curso. El Gobierno de Felipe González, investido a comienzos de diciembre, sigue operando, en lo que concierne a los gastos e ingresos del sector público estatal, con un plan contable de la Hacienda Pública realizado por el Gobierno de Calvo Sotelo.

La campaña electoral del PSOE hizo creer a los ciudadanos que el nuevo Gobierno ganaría parte del tiempo perdido por la disolución anticipada de las Cortes y que los Presupuestos para 1983 serían elaborados rápidamente por el Ejecutivo y enviados al Congreso. Se suponía que los socialistas habían trabajado a fondo, antes de las elecciones, en la preparación del plan económico de la Hacienda Pública para el año en curso, y que la demora en su presentación ante las Cortes tendría como única causa la necesidad de realizar los ajustes correspondientes tras hacer el inventario de la herencia recibida de sus predecesores. El debate de investidura y algunas intervenciones parlamentarías del Ministro de Economía dejaron en claro que la auténtica discusión parlamentaria sobre la política económica de los socialistas se produciría con ocasión del examen, en breve plazo, de los nuevos Presupuestos del Estado. Esas expectativas han quedado casi truncadas, y en cualquier caso, rebajadas por la excesiva tardanza del Gobierno para elaborar los Presupuestos y enviarlos al Congreso.

El Consejo de Ministros del viernes 25 de marzo aplazó la aprobación de un proyecto de ley al respecto hasta el miércoles siguiente, fecha en la que oficialmente se dio el visto bueno a la expresión contable del plan económico para 1983. Sin embargo, la anunciada transparencia informativa del Ejecutivo -un compromiso electoral que el portavoz del Gobierno se ha encargado repetidas veces de que no se cumpliera- ha brillado, en este terreno, por su ausencia. En estos momentos, los rumores y las especulaciones sobre cifras han ocupado, por derecho propio, el espacio que ha dejado vacío el silencio oficial. Se dice que quedan por ajustar partidas presupuestarias de diversos departamentos, a fin de que los sumandos parciales cuadren con las grandes cifras de gastos e ingresos aprobadas. Y ni siquiera es seguro que la documentación adicional sobre las aplicaciones del gasto de inversión y los presupuestos por programas se halle lista para ser enviada al Congreso. A las tensiones entre unos gastos disparados hacia arriba, pese: a la reducción de la factura petrolera y unos ingresos, en trance de estabilizarse, se añade la decisión gubernamental de detener el déficit en los umbrales del 6% del Producto Interior Bruto y las perspectivas poco halagüeñas de crecimiento a lo largo de 1983. El enorme peso de los gastos de personal en nuestra Administración, la impopularidad de las medidas para contener las transferencias y la imprevisibilidad del costo de la expropiación de Rumasa hacen temer que los recortes ahora exigidos elijan como blanco preferente a los gastos de inversión del sector público.

Pero lo más preocupante de la demora es la demora misma. Resulta que casi medio año después de las elecciones, el Gobierno socialista, que tuvo gran celeridad para aumentar la presión fiscal, no ha presentado aún a la opinión los datos sobre cómo piensa gastar ese dinero. Todo indica que el debate parlamentario sobre los Presupuestos, discusión crucial que condicionará el comportamiento del conjunto de nuestra economía en el inmediato futuro, tendrá lugar bien entrado el mes de mayo. No es grato admitir la hipótesis de que el (Gobierno haya preparado ese calendario para poder acudir a las elecciones municipales sin un debate previo en profundidad sobre la política económica. El aterrizaje en la Administración del nuevo Gobierno y la infravaloración previa de los socialistas respecto a los problemas inherentes a la elaboración de los programas, la discusión entre los ministerios, el ajuste de las partidas de gastos y la contención del déficit pueden, quizá, ayudar a explicar un retraso que no habla nada bien a favor de la eficacia del Ejecutivo y arroja una luz irónica sobre la displicencia con que algunos portavoces del PSOE criticaron otros proyectos presupuestarios cuando formaban parte de la oposición.