Los afectados por el síndrome tóxico denuncian en el Senado el incumplimiento de las medidas aprobadas

Las asociaciones de afectados por el síndrome tóxico que comparecieron ayer ante la Comisión de Encuesta del Senado coincidieron en denunciar el incumplimiento de los planes de reinserción laboral y social de los adultos y de escolarización especial de los niños afectados, incluidos en las medidas adoptadas en la legislatura anterior por la Comisión Mixta del Congreso y Senado. Los representantes de los afectados confirmaron que existe una desconfianza creciente entre los envenenados y la comisión clínica del plan nacional.

Ante la comisión del Senado comparecieron ayer los responsables...

Las asociaciones de afectados por el síndrome tóxico que comparecieron ayer ante la Comisión de Encuesta del Senado coincidieron en denunciar el incumplimiento de los planes de reinserción laboral y social de los adultos y de escolarización especial de los niños afectados, incluidos en las medidas adoptadas en la legislatura anterior por la Comisión Mixta del Congreso y Senado. Los representantes de los afectados confirmaron que existe una desconfianza creciente entre los envenenados y la comisión clínica del plan nacional.

Ante la comisión del Senado comparecieron ayer los responsables de las asociaciones de afectados por el síndrome tóxico de San Fernando, Arganda del Rey, Orcasitas y Leganés. Eduardo Hernández y Arcadio Fernández, portavoces de estas dos últimas, se convirtieron en el centro de atención de los senadores. El primero se refirió a los aspectos de cumplimiento del plan nacional, situación, laboral de los afectados y relaciones con la Medicina, y el segundo incidió en el aspecto judicial.Arcadio Fernández señaló que hasta la fecha se han presentado ante el Juzgado número 3 de Madrid 14.000 querellas criminales de afectados por el síndrome de toda España, de las que 2.100 pertenecen a su asociación. Insistió en que no pueden obviarse las responsabilidades de la Administración anterior en el envenenamiento de personas, "que merecen Ser castigadas por no controlar en su día el fraude". "No será grato que se detenga a diecisiete industriales y se deje en libertad a aquéllos. La investigación ha de llegar hasta el final. Los culpables deben pagar su actuación".

Con respecto al paquete de medidas que aprobó, dentro del plan nacional, la Comisión Mixta del Congreso y Senado en la anterior legislatura, Eduardo Hernández, en coincidencia con los portavoces de las otras tres asociaciones, señaló, que varias de ellas no se han cumplido, sobre todo las referidas a la escolarización especial de niños afectados y las de resinserción laboral y social de los adultos, "cuyos planes", dijo, "ni existen aún".

Señaló Eduardo Hernández que se han dado muy pocos pasos en la reinserción social de los trabajadores afectados por el síndrome tóxico (que situó en torno a los 8.000) y en la garantía de sus puestos de trabajo. Criticó a la dirección del plan nacional "por no haber sido capaz de afrontar este y otros problemas, obligándonos a nosotros a entrevistarnos directamente con responsables de la Administración y ministros para solucionarlos". "Los responsables del Ministerio de Trabajo", añadió, "tuvieron por nosotros la primera noticia de que debían hacerse cargo de ese problema".

Hablaron los afectados de las cuatro asociaciones de "futuro incierto" en el campo laboral y calificaron de "tortura" el que en los próximos meses deban pasar por las unidades de valoración o magistraturas de trabajo para que se les confirme la situación de alta o baja temporal.

Clima de desconfianza

También reconocieron que no son buenas las relaciones con la comisión clínica del plan nacional, y que entre afectados y médicos se está creando un creciente clima de desconfianza. En este sentido, reclamaron el principio de credibilidad del médico con respecto al enfermo, por encima de casos aislados de picaresca, y llegaron a hablar de cobayismo. Arcadio Fernández y Eduardo Hernández coincidieron en afirmar que esa sensación nace de la desconfianza hacia los médicos, que no informan convenientemente a los afectados de los tratamientos y de las exploraciones a que les someten, y que en ocasiones se interrumpen o cambian sin explicaciones.

Con respecto a la asistencia médica que reciben los afectados por el síndrome, los cuatro portavoces no pusieron especiales reparos, salvo en el caso de los tratamientos de rehabilitación, "que se realizan en muchos casos", afirmó Eduardo Hernández, "lejos de donde se vive."

Por la tarde comparecieron ante la comisión del Senado Marcelino Ganga y Pedro Sanz, como presidente y secretario de la federación de asociaciones de afectados de Madrid, respectivamente (en la que no están ni la de Leganés ni la de Orcasitas), quienes coincidieron básicamente con los planteamientos hechos por los afectados convocados por la mañana con respecto a los incumplimientos de las medidas acordadas por el Parlamento y al deterioro en sus relaciones con la comisión clínica del plan nacional. Consideraron negativo que la investigación oficial haya descartado otras hipótesis sobre las causas del síndrome, ya que, en su opinión, la determinación del aceite de colza como único agente del envenenamiento "fue precipitada". Mantuvieron ambos que la cifra de fallecidos por el síndrome tóxico es de 435 y no de 339, como afirma la comisión clínica, y pidieron a la comisión del Senado que proponga la redacción de una ley que refunda todas las normas oficiales publicadas sobre el síndrome tóxico y recoja todas las nuevas situaciones, desde sintomatología hasta situaciones familiares y laborales suscitadas entre los afectados en el último año.

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