La Comunidad Económica Europea adopta una política pesquera común, tras siete años de duras negociaciones

El Consejo de Ministros de la Pesca de la Comunidad Económica Europea (CEE) llegó ayer a un acuerdo sobre la política pesquera comunitaria. La República de Irlanda levantó finalmente sus reservas al compromiso negociado entre Dinamarca y los restantes miembros del Mercado Común, que había sido ratificado por el Parlamento danés el viernes pasado.

El acuerdo pone fin a siete años de duras negociaciones y al bloqueo que Dinamarca ha impuesto durante los últimos seis meses. Asimismo, el Consejo concedió ayer una prórroga de dos meses, hasta el 31 de marzo, para las licencias de pesca españ...

El Consejo de Ministros de la Pesca de la Comunidad Económica Europea (CEE) llegó ayer a un acuerdo sobre la política pesquera comunitaria. La República de Irlanda levantó finalmente sus reservas al compromiso negociado entre Dinamarca y los restantes miembros del Mercado Común, que había sido ratificado por el Parlamento danés el viernes pasado.

El acuerdo pone fin a siete años de duras negociaciones y al bloqueo que Dinamarca ha impuesto durante los últimos seis meses. Asimismo, el Consejo concedió ayer una prórroga de dos meses, hasta el 31 de marzo, para las licencias de pesca españolas mientras se llega a un acuerdo hispano-comunitario sobre el plan de pesca para 1983. La noticia ha sido recibida con agrado y alivio por parte española, que no esperaba una prórroga tan larga.La Europa azul es ya una realidad y, junto a la Europa verde, constituye la única política común de los diez. El acuerdo fija el máximo de las capturas autorizadas en las aguas comunitarias y debe servir para administrar y preservar los recursos pesqueros de los diez países miembros. La inicial reticencia irlandesa fue superada, según fuentes comunitarias, gracias a las presiones del Consejo de Ministros y de la Comisión Europea.

Por otra parte, la CEE mantendrá paralelamente negociaciones con España para la adhesión y conversaciones con los países terceros de la cuenca del Mediterráneo que se vean afectados por este paso. Se trata de que, antes de que terminen las negociaciones con España, el Consejo Europeo pueda disponer de una visión de conjunto de los problemas suscitados y las medidas que se podrían contemplar para corregir los acuerdos de cooperación con esos países.

La CEE había acordado en un principio una prórroga de dos meses para las licencias españolas de pesca a partir de enero, con ciertas condiciones de reducción de la pesca en el golfo de Vizcaya, pero fue Irlanda quien la bloqueó poco antes de Navidades, reduciéndola a un mes. España no aceptó esta oferta y no recogió las licencias que estaban ya preparadas, considerando que treinta días era un período demasiado corto para preparar a fondo la negociación para el plan pesquero de este año. En cualquier caso, enero no es un mes tradicionalmente bueno para la pesca, y el cupo total español se mantendría para todo el año.

España tendrá ahora que proseguir sus negociaciones con la CEE, que comenzaron en diciembre. La Comunidad pedía reducir el cupo de pesca español, durante 1983, en un 20% sobre el año anterior, equiparar a cada palangrero con una licencia y limitar la pesca de la palometa, propuestas que España entonces rechazó. La prórroga de dos meses es válida desde el 1 de febrero, si bien la delegación francesa entendió que debía serlo durante sesenta días a partir del momento en que se recojan las licencias.

El acuerdo sobre una política comunitaria de pesca había quedado paralizado por el Parlamento danés, que, en los últimos días, dio finalmente su aprobación al plan reformado. El Gobierno danés, que es minoritario, hubiera podido caer al aceptar un plan que el Parlamento hubiese vetado. Pedía que se le asignara un mayor cupo de caballa. Irlanda y el Reino Unido se mostraron reacios, ya que este aumento habría de provenir de sus propias aguas. Ayer, finalmente, llegaron las clarificaciones que suponen, en grandes líneas, que la CEE no aumenta el cupo de caballa asignado a Dinamarca, pero sí afirma que éste será revisado, con una consideración especial a los intereses daneses, si se producen excedentes en las reservas de caballa de la CEE.

Negociaciones para la adhesión

La CEE, en el día en que su Consejo de Ministros cumplía veinticinco años, logré sentar las bases para una política pesquera. También se había llegado a un acuerdo sobre la reforma de las. estructuras de la flota pesquera. Faltaba, pues, la cuestión de los cupos a distribuir -el reparto de la tarta- y del acceso a las aguas irlandesas y británicas. En éstas se encuentra un 69% del pescado comunitario, disponiendo el Reino Unido de una banda protectora a la que sólo tenían acceso los pescadores de la CEE con derechos históricos.

Por otra parte, la CEE mantendrá paralelamente negociaciones con España para la adhesión y conversaciones con los países terceros de la cuenca del Mediterráneo que se vean afectados por este paso. Se trata de que, antes de que terminen las negociaciones con España, el Consejo Europeo pueda disponer de "una visión de conjunto de los problemas suscitados y las medidas que se podrían contemplar para corregir los acuerdos de cooperación, con esos países. España y Portugal serían "consultados", según el texto aprobado. Estas medidas, según el presidente de turno del Consejo, el alemán Rans Dietrich Genscher, no constituyen unas condiciones previas para el ingreso de España en la Comunidad.

De hecho, según esta tesis, se trata de evitar que el ingreso de España, con productos agrícolas similares a los de los que forman el núcleo principal de los países afectados, produzca en ellos una desestabilización económica y, por ende, política. Pero no queda claro el efecto que producirá en el calendario de las negociaciones hispano-comunitarias. "No queremos que con el ingreso de España, Túnez por ejemplo, no pueda vender su aceite de oliva, del que depende su economía, y, por tanto, sufra un colapso, ya que podríamos ver instalarse allí una república popular", comentó una fuente comunitaria.

El acuerdo del Consejo está destinado, en principio, a países con problemas políticos, como Marruecos o Túnez, pero también a otros más estables como Israel, que públicamente se opone al ingreso de España en la CEE, lo que indica que hay detrás grandes intereses.