El equipo de Justicia regulará la asistencia letrada las detenciones de extranujeros

Temas puntuales, como la situación de los extranjeros detenidos gubernativamente en España, la regulación de la asistencia letrada al detenido o el desarrollo del procedimiento del hábeas corpus previsto en la Constitución serán abordados inmediatamente por el nuevo equipo que el próximo día 7 pasará a regir los destinos del Ministerio de Justicia.

Aunque de ámbito muy concreto, si se les compara con las grandes leyes de desarrollo constitucional, como la Ley Orgánica del Poder Judicial o la de un nuevo Código Penal, estos temas, algunos de significado muy polémico en los últimos años, ...

Temas puntuales, como la situación de los extranjeros detenidos gubernativamente en España, la regulación de la asistencia letrada al detenido o el desarrollo del procedimiento del hábeas corpus previsto en la Constitución serán abordados inmediatamente por el nuevo equipo que el próximo día 7 pasará a regir los destinos del Ministerio de Justicia.

Aunque de ámbito muy concreto, si se les compara con las grandes leyes de desarrollo constitucional, como la Ley Orgánica del Poder Judicial o la de un nuevo Código Penal, estos temas, algunos de significado muy polémico en los últimos años, tienen gran contenido humano y jurídico, por afectar a núcleos sociales muy determinados y relacionarse con derechos fundamentales de la persona reconocidos por la Constitución. A ellos hay que añadir la situación de la cárceles, que la administración socialista quiere abordar de entrada con algún gesto, como puede ser el levantamiento generalizado, por los reglamentarios cauces administrativos, de ciertas sanciones disciplinarias que afecten actualmente a los reclusos.La situación irregular de los extranjeros detenidos gubernativamente, puesta de manifiesto en más de una ocasión por sentencias judiciales, pretende abordarse con una ley que someta a esta clase de detenidos al régimen general previsto en la Constitución y en las leyes procesales, que es el de ser puesto el detenido, en el plazo máximo de setenta y dos horas, bien el libertad, bien a disposición de la autoridad judicial.

La asistencia letrada al detenido, cuyo significado ha sido objeto de polémica entre la administración policial y la abogacía por la ambigüedad de los actuales textos legales, será regulada por una ley que desarrolle al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo este derecho en el ordenamiento español en 1978. La ley dará cumplimiento al artículo 17.3 de la Constitución, que "garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca".

En la proyectada ley se resolverán definitivamente cuestiones que han resultado muy polémicas en la práctica como son el carácter irrenunciable o no por parte del detenido al derecho de la asistencia letrada o los efectos quee la comunicación policial pueda tener en el ejercicio de este derecho, fundamentalmente en los casos de los detenidos en aplicación de la legislación antiterrorista.

Una de las vías, aunque no única, por la que se pretende resolver la actual situación de los presos preventivos es; la reforma urgente del Código Penal, en espera de que se apruebe un Código de nueva planta, que exige un trabajo ciéntifico de mayor alcance. En esta reforma se prevé una limitación del tiempo de prisión provisional y se establece una nueva penología de los delitos contra la propiedad, según la cual se fija una cifra a partir de la cual el hecho será constitutivo de delito pero la agravación de la pena no dependerá de la catidad sustraida sino de las circunstancias que concurran (utilización de armas, satisfacción de necesidad.es primarias, etcétera), que posit,ilitará al juez de individualizar las penas impuestas.

Otras áreas, como las relaciones con el Consejo General del Poder Judicial, la protección de menores o la actividad de los registradores y, notarios, son preocupación inrnediata del nuevo equipo del Mirtisterio de Justicia. El nuevo equipo desea llenar de contenido las competencias constitucionales del Consejo General del Poder Judicial en cuanto órgano de gobierno de la Magistratura, así como remozar la estructura de la protección de menores. En cuanto a Registros y Notariado, intentará recuperar para la Administración decisiones de carácter político que, por dejación oficial, han pasado de hecho a ser competencia de dichas corporaciones. Junto a una nueva demarcación registral y notarial, que acerque este servicio al ciudadano, el nuevo equipo intentará clarificar el estatuto jurídico del personal que trabaja en este ámbito y poner en funcionamiento los mecanismos de inspección que detecten las posibles anomalías y disfunciones.