Las irregularidades de la Seguridad Social en Cádiz se detectaron hace varios meses
Entre los meses de marzo y julio de este año, la inspección del Ministerio de Sanidad y Consumo efectuó una serie de investigaciones en distintos centros de la provincia de Cádiz que afectaron a la residencia sanitaria Punta Europa, de Algeciras; a la clínica San Juan de Dios, de Cádiz; a un estudio sobre utilización de recursos propios de la residencia sanitaria Fernando Zamacolla, de la capital provincial; a la asistencia tocológica en el sector sanitario de Cádiz, a la clínica del doctor Frontela, en El Puerto de Santa María; a la clínica de La Salud, en Cádiz; a la clínica San Rafael, tamb...
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Entre los meses de marzo y julio de este año, la inspección del Ministerio de Sanidad y Consumo efectuó una serie de investigaciones en distintos centros de la provincia de Cádiz que afectaron a la residencia sanitaria Punta Europa, de Algeciras; a la clínica San Juan de Dios, de Cádiz; a un estudio sobre utilización de recursos propios de la residencia sanitaria Fernando Zamacolla, de la capital provincial; a la asistencia tocológica en el sector sanitario de Cádiz, a la clínica del doctor Frontela, en El Puerto de Santa María; a la clínica de La Salud, en Cádiz; a la clínica San Rafael, también de Cádiz, y al Hospital de Mora Provincial.
A raíz de estas investigaciones, la inspección del ministerio remitió un informe, que el pasado 8 de septiembre ya estaba en su totalidad en poder de la dirección provincial del ministerio, de ahí la extrañeza causada por el cese de los máximos responsables provinciales del Insalud en unas fechas cercanas a la visita del consejero de salud y consumo de la Junta de Andalucía, Pablo Recio, a la provincia de Cádiz.El pasado 28 de septiembre estaba prácticamente decidido por parte de las autoridades del Ministerio de Sanidad y Consumo el cese del director provincial del Insalud, doctor José Luis Ucha, y del subdirector, doctor Martínez de Salazar, ante las graves irregularidades de gestión detectadas en la provincia de Cádiz por el equipo especial de inspección número nueve y los por Grupos de Inspección de la Seguridad Social (GISS).
Como ya informaba en su edición de ayer EL PA1 S; el director provincial del Insalud, doctor José Luis Ucha, había sido sustituido por Francisco Marco Palomera, quien se ha hecho cargo de la dirección provincial con la intención de poner un poco de orden en la sanidad de la provincia, ante la situación creada, con un presunto fraude :importante en los conciertos de la seguridad social con un grupo de clínicas privadas.
Esta situación motivó que la toma de posesión del nuevo director provincial tuviese un carácter privado, en su propio despacho, y, minutos antes de que mantuviera una reunión con la comisión ejecutiva provincial del Insalud, integrada por representantes de la patronal, de los sindicatos y de la propia Administración.
De todas formas, tanto José Luis Ucha como Enrique Martínez de Salazar, no parecen estar muy de acuerdo con esta versión de los hechos, demostrándolo a través de un comunicado público en el que manifiestan, entre otras cosas, que sus ceses no estarían relacionados con sus actividades al frente de la dirección y subdirección provincial del Insalud, prometiendo para un futuro próximo ofrecer al ciudadano una información completa sobre los hechos denunciados en la provincia.
Hechos a los que ahora se viene a sumar un nuevo dato sobre el que los Grupos de Inspección solicitaron en su, día una aclaración a la direccion provincial del Insalud, como es el de que durante los años 1976 y 1977, el doctor Martínez de Salazar, conjugase su cargo de inspector médico de la seguridad social con el de analista en la clínica San Juan de Dios, de Cádiz, como así figuraba en el membrete de los impresos del laboratorio de la clínica.
Las presuntas irregularidades detectadas por los servicios de inspección del Ministerio de Sanidad y Consumo indican un alto gasto que se efectúa por el concepto de pago de los conciertos con la seguridad social en la provincia de Cádiz, superior en casi 1.500 millones de pesetas a los gastos, que con el mismo grado asistencial, se producen en otras provincias españolas.
Ante la cifra y las circunstancias señaladas, lo lógico sería pensar en una mala administración de los recursos de la seguridad social, siendo la responsable de administrarlos correctamente la propia dirección provincial del Insalud, y como máximo responsable el Ministerio de Sanidad y Consumo.