El Sindicato de Policías pide la restitución del presidente de Las Ventas
El Sindicato Profesional de Policías pidió ayer la inmediata restitución en el cargo del presidente de Las Ventas del subcomisario Manuel García Conde, cesado el pasado 26 de mayo de la feria de San Isidro, a raíz de los incidentes de la corrida en la que intervenía Curro Romero.El comunicado del sindicato responde a unas declaraciones atribuidas al subsecretario del Interior y afirma que los funcionarios que prestan servicio en Las Ventas no perciben incentivo alguno ya que lo realizan, dicen, "con carácter voluntario y por su afición a la fiesta nacional exclusivamente".
Según el sind...
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El Sindicato Profesional de Policías pidió ayer la inmediata restitución en el cargo del presidente de Las Ventas del subcomisario Manuel García Conde, cesado el pasado 26 de mayo de la feria de San Isidro, a raíz de los incidentes de la corrida en la que intervenía Curro Romero.El comunicado del sindicato responde a unas declaraciones atribuidas al subsecretario del Interior y afirma que los funcionarios que prestan servicio en Las Ventas no perciben incentivo alguno ya que lo realizan, dicen, "con carácter voluntario y por su afición a la fiesta nacional exclusivamente".
Según el sindicato, "la actuación de García Conde fue "de total corrección", y juzgan como "juicio de valor temerario manifestar que el presidente no dio la talla como comisario de policía, que permitió el desacato y la desobediencia de Curro y sus subalternos, y que su obligación era haberlos detenido en la plaza nada más terminar la corrida, así como que él era la autoridad y no puede burlarse nadie de ella". "Corresponde a la autoridad judicial", afirman, "valorar si un hecho es constitutivo de delito y, en su caso, ordenar la detención de cualquier persona".
"No se debe destituir a un funcionario del Cuerpo Superior de Policia por cumplir escrupulosamente la Constitución, al no detener al torero responsable de una supuesta infracción de carácter administrativo", apunta el comunicado, señalando como "significativo que, instruidas las diligencias por la autoridad judicial, no se tengan noticias de que esta haya ordenado dicha detención ni de que la autoridad administrativa haya subsanado el supuesto defecto anterior".