La invasión argentina del archipiélago compromete el futuro político de la primera ministra británica, Margaret Thatcher

Lord Carrington, junto con dos de sus adjuntos, dimitió ayer de su cargo de ministro de Asuntos Exteriores, en lo que es sólo un primer capítulo de la crisis política que ha provocado en el Reino Unido la invasión argentina de las islas Malvinas. John Nott, ministro de Defensa, sigue en su puesto, una vez que ha zarpado de Portsmouth la flota británica. Si la crisis no es pronto resuelta de una forma honorable para el Gobierno británico, el futuro político de la primera ministra, Margaret Thatcher, estará en peligro.

Margaret Thatcher nombró ayer a Francis Pym, de sesenta años de edad, ...

Lord Carrington, junto con dos de sus adjuntos, dimitió ayer de su cargo de ministro de Asuntos Exteriores, en lo que es sólo un primer capítulo de la crisis política que ha provocado en el Reino Unido la invasión argentina de las islas Malvinas. John Nott, ministro de Defensa, sigue en su puesto, una vez que ha zarpado de Portsmouth la flota británica. Si la crisis no es pronto resuelta de una forma honorable para el Gobierno británico, el futuro político de la primera ministra, Margaret Thatcher, estará en peligro.

Margaret Thatcher nombró ayer a Francis Pym, de sesenta años de edad, para suceder a Carrington al frente del Foreign Office. Pym, hasta entonces líder de la Cámara de los Comunes -puesto en el que se verá reemplazado por John Biffen- fue, de mayo de 1979 a septiembre de 1981, ministro de Defensa, cargo del que Thatcher le retiró, tras las críticas expresadas contra la política de recortes militares de la dama de hierro.

La política exterior británica -salvo en sus líneas muy generales- era decidida casi exclusivamente desde el Foreign Office. Pym, ahora, como señaló el vicelíder laborista, Denis Healey, tendrá un papel muy dificil al intentar frenar los impulsos de la primera ministra, que se podría ver tentada a una ación espectacular para recuperar el honor perdido, el suyo y el nacional.

Margaret Thatcher aceptó "a regañadientes", según un portavoz de la primera ministra, la dimisión de lord Carrington, uno de sus ministros más populares, junto a la de Humphrey Atkins, ministro adjunto de Asuntos Exteriores y lord del Sello Privado, y la de Richard Luce, ministro encargado de las Relaciones con América Latina.

En su carta de dimisión, lord Carrington señalaba que "la invasión argentina de las islas Falkland (Malvinas) ha llevado a duras críticas de la política del Gobierno en el Parlamento y en la Prensa. En mi opinión, una gran parte de estas críticas no tienen fundamento. Pero he sido responsable de la gestión de esta política... Sigue siendo un hecho que la invasión de las islas Falkland ha sido una humillante afrenta a este país".

Uno de los últimos actos públicos, en la noche del domingo, de lord Carrington fue un breve mensaje -de un minuto de duración- a los habitantes de las Malvinas, radiado a través delservicio mundial de la BBC. Las Malvinas, afirmó Carrington "siguen siendo territorio británico, habitado por gente británica..., y es nuestro firme objetivo asegurar que serán liberados de la ocupación extranjera". El ministro de Defensa, John Nott, presentó asimismo su dimisión como "cuestión de honor", pero Margaret Thatcher la rechazó señalándole que "es vital que continúe como secretario de Defensa cuando nuestras fuerzas se preparan para la posibilidad de una acción armada". El Gobierno británico parece estar echando sacos de arena por la borda para mantener el globo en el aire.. Pero ¿por cuánto tiempo?

Un fracaso en los intentos de que los argentinos abandonen las islas Malvinas -a través de presiones diplomáticas o del uso de la fuerza militar- podría hacer caer al Gobierno de Margaret Thatcher, llevando a un cambio en la jefatura del Gobierno o a unas elecciones generales.

Para esta última posibilidad es crucial la postura que adopte el Partido Laborista en el debate sobre las Malvinas que se ha convocado para mañana en la Cámara de los Comunes. Los laboristas pidieron la dimisión de Carrington y de Nott a cambio de apoyar al Gobierno en el Parlamento hasta que la crisis haya sido superada. Pero no es probable que los laboristas se decidan el miércoles por un voto de censura contra el Gobierno, a pesar de que su vicelíder, Denis Healey, haya pedido ayer la dimisión de Margaret Thatcher.

La diplomacia británica está actuando frenéticamente para lograr una solución. Margaret Thatcher tuvo una larga conversación el domingo con el presidente francés, François Mitterrand, cuyo primer ministro, Pierre Mauroy, calificó ayer de "acto de guerra" la invasión argentina. Informes provenientes de Washington han indicado que la Administración Reagan estaría dispuesta a apoyar políticamente, en último extremo, una intervención militar británica. Los británicos están intentando lograr un apoyo de sus aliados de la OTAN para aplicar sanciones económicas contra Argentina. El ministro de Comercio británico, John Biffen, confirmó ayer la congelación de los activos argentinos en el Reino Unido -1.439 millones de dólares- y de las exportaciones a aquel país. Sin embargo, el Reino Unido es el que más tiene que perder con este gesto, pues dispone de unos activos de 5.841 millones de dólares en Argentina. La City -el centro financiero de Londres- no estaba muy alegre con este gesto, que representa un mal precedente para su futuro como mercado libre. De hecho, mientras el precio del oro subía ayer en Londres, la libra y el mercado de valores bajaban.

John Biffen recomendó, asimismo, a los empresarios británicos que tienen intereses en Argentina que repatrien su personal menos necesario, al tiempo que anunció que el Gobierno podría requisar navíos mercantes, comenzando, como confirmó, con el ferry Canberra, de la empresa P&O. Biffen confirmó que la reina había aprobado estas medidas el domingo en una reunión de emergencia de su consejo privado, en el palacio de Windsor, dando su necesario visto bueno a las órdenes para los movimientos de la flota.

División en la PrensaLa Prensa británica está dividida sobre las medidas a adoptar ante la crisis, con periódicos como The Guardian o The Observer pidiendo moderación. Pero los ánimos están caldeados. Según una encuesta de LBC, cadena privada de radio, un 79% de la población británica está a favor de una intervención militar; un 92% opina que el Gobierno tiene el deber moral de proteger sus derechos; pero la mitad de los entrevistados insiste en la necesidad de agotar la vía diplomática antes de recurrir a la fuerza. Un 34% consideró vergonzosa la gestión por el Gobierno.

Estos ánimos quedaron claramente expresados ayer, cuando miles de personas se apiñaron en el puerto de Portsmouth para despedir a su Armada. Una mujer gritó "dadles duro" cuando pasó el portaviones Invencible.