Aplazado indefinidamente el debate de la ley de Autonomía Universitaria en el Pleno del Congreso de los Diputados

El Gobierno y el Grupo Parlamentario Centrista mantuvieron ayer oficialmente la voluntad de continuar la tramitación de la ley de Autonomía Universitaria (LAU). Miembros destacados de uno y otro restaron importancia a las presiones que se están produciendo sobre el Gabinete para la retirada de la LAU, y concretamente al documento García de Enterría, que ataca el proyecto y lo califica como "una gravísima afrenta a la autonomía universitaria." Sin embargo, el debate de la LAU, que el Gobierno había previsto para el Pleno del próximo día 23, no tiene todavía fecha de debate.

Para la sesió...

El Gobierno y el Grupo Parlamentario Centrista mantuvieron ayer oficialmente la voluntad de continuar la tramitación de la ley de Autonomía Universitaria (LAU). Miembros destacados de uno y otro restaron importancia a las presiones que se están produciendo sobre el Gabinete para la retirada de la LAU, y concretamente al documento García de Enterría, que ataca el proyecto y lo califica como "una gravísima afrenta a la autonomía universitaria." Sin embargo, el debate de la LAU, que el Gobierno había previsto para el Pleno del próximo día 23, no tiene todavía fecha de debate.

Para la sesión plenaria citada se mantiene la previsión del estudio de la ley de Incompatibilidades, pero no la discusión sobre la LAU. Esta última no ha sido oficialmeiite pospuesta, ya que no estaba prevista su inclusión en el orden del día de dicha sesión, y se discutirá "cuando le toque", según declaró ayer el vicepresidente primero de la Cámara, el centrista Modesto Fraile.Este último aseguró que en la reunión mantenida ayer por la Junta de Portavoces no se discutió en ningún momento sobre la LAU, si bien en el estudio de las prioridades legislativas que mantendrá este órgano de la Cámara el próximo martes podría plantearse la cuestión, ya que la LAU figura entre las primeras leyes mantenidas por el Gobierno para su tramitación. El anuncio de la discusión sobre la LAU en el pleno de la semana próxima, según recordó el vicepresidente de la Cámara, se debió al ministro de Educación, pero no a la Mesa del Congreso.

En cualquier caso, el retraso del debate de la LAU sigue produciendo extrañeza en medios parlamentarios. El secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Gabriel Cisneros, manifestó a EL PAIS la conveniencia de que la discusión sobre la LAU fuera previa a la del proyecto de ley de Incompatibilidades, ya que este último texto prevé su vigencia para enero de 1983, mientras que la LAU podría comenzar a aplicarse en el curso académico próximo. El cambio en esta prioridad concreta es considerado en fuentes de la oposición como consecuencia de las diferencias internas de UCD sobre la LAU. El diputado de Acción Democrática Javier Moscoso manifestó, por su parte, que existen fuertes presiones para la retirada de la LAU.

Fontán y el documento de 'los desconocidos'

El Grupo Parlamentario Centrista tenía previsto discutir ayer el texto aprobado por la Comisión de Educación, pero la reunión del Consejo de Rectores, celebrada ayer, obligó a un retraso en este debate interno sobre la LAU. De las impresiones recogidas por este periódico puede deducirse que es más débil la posición del Gobierno en relación con las presiones recibidas que la del propio Grupo Parlamentario Centrista, que en su momento mantuvo fuertes reticencias a los diversos intentos de negociar la LAU con la izquierda.El ponente centrista Juan Antonio Gómez Angulo aseguró que no sabía nada sobre una eventual retirada de la LAU.

En la reunión del grupo parlamentario, en la que se expresaron algunas protestas por las multas impuestas a los diputados que no asisten a las sesiones, no se debatió sobre el contenido de la LAU.

El diputado centrista y catedrático Antonio Fontán fue, sin embargo, explícito cuando aseguró a EL PAIS que los rectores no tienen ninguna competencia sobre el contenido de una ley, aunque el ministro de Educación "ha hecho bien informándoles de su texto, como había hecho antes de su aprobación en comisión". Respecto al documento García de Enterría, declaró que se trata de "un escrito de cuatro catedráticos Ilustres y cien desconocidos".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, el centrista Miguel Durán, también catedrático, se mostró comprensivo con el ministro de Educación y aseguró que la ley debería haberse debatido en el pleno iniciado ayer. Añadió que le sorprendía "la gente que ahora está contra la LAU, como Martín Villa y Rafael Calvo, mientras que quienes en su momento dijimos lo que teníamos que decir ahora estamos a favor". En tono humorístico dijo que habría que proponer un homenaje a los bedeles de las universidades, "que son los únicos que no han protestado", aunque reconoció que la retirada del texto actual podría suscitar las protestas de otros colectivos universitarios que ahora callan.

La ley no está en la izquierda

Miguel Durán negó que sea cierto que la redacción actual de la LAU se haya ido demasiado a la izquierda. "La LAU no está tan a la izquierda como quieren algunos socialistas, y la prueba es cómo arremetió contra ella la comunista Eulalia Vintró".Los socialistas mantienen el texto elaborado por la comislón, aunque persisten algunas reticencias del ala izquierda del grupo parlamentario, si bien el criterio rriayoritario del Grupo Socialista es favorable al texto actual, considerándolo como una "ley de mínimos y la única posible en estos momentos". Frente a las informaciones sobre un acuerdo del Grupo Socialista en su reunión de ayer, en relación con la LAU, fuentes oficiosas del grupo citado y algunos diputados que permanecieron desde el principio hasta el final de la reunión aseguraron a este periódico que el tema de la LAU no fue tratado ayer "ni para bien ni para mal".

La Junta de Portavoces del Congreso decidió ayer retrasar para el día 30 de marzo la ley sobre Financiación del Transporte Colectivo Urbano de Superficie. La actitud gubernamental en torno a este proyecto de ley, así como a otros conflictivos, como la LAU, reafirmó el criterio de Manuel Fraga de que debe celebrarse un debate sobre las prioridades legislativas. En principio, se acordó utilizar el documento gubernamental, las proposiciones de ley que han sido tomadas en consideración por el Pleno y las iniciativas de los grupos parlamentarios, como base para que la Junta de Portavoces estudie a fondo la materia antes de que la Mesa de la Cámara fije el calendario legislativo definitivo.

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