Los ecologistas consideran constitucional la ley del parque nacional del Teide
La asesoría jurídica del Movimiento Ecologista del Valle de la Orotava (MEVO-AT) se ha pronunciado en contra del dictamen formulado por el profesor García de Enterría, en el que se consideraba inconstitucional la ley de! Reclasificación del Parque Nacional del Teide. En dicho dictamen, emitido a petición del Ayuntamiento de La Orotava, municipio que ocupa la mayor parte del territorio del parque del Teide, el profesor García de Enterría señala que dicha ley supone una inconstitucional limitación de la autonomía municipal, ya que se confiere la administración del parque a la organización admini...
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La asesoría jurídica del Movimiento Ecologista del Valle de la Orotava (MEVO-AT) se ha pronunciado en contra del dictamen formulado por el profesor García de Enterría, en el que se consideraba inconstitucional la ley de! Reclasificación del Parque Nacional del Teide. En dicho dictamen, emitido a petición del Ayuntamiento de La Orotava, municipio que ocupa la mayor parte del territorio del parque del Teide, el profesor García de Enterría señala que dicha ley supone una inconstitucional limitación de la autonomía municipal, ya que se confiere la administración del parque a la organización administrativa sectorial competente, en este caso el Patronato del parque y el Icona, quedando el Ayuntamiento de La Orotava prácticamente vacío de competencias en esta parte de su término municipal.Los juristas del MEVO-AT señalan que la figura del parque nacional ha de poseer unas características específicas adecuadas para su reconocimiento como tal ante la comunidad internacional. Así, uno de los cinco requisitos recogidos por la definición de parque nacional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es que la custodia de dichos espacios naturales debe presentarse como referida a la máxima autoridad de un país en la materia.
En opinión del MEVO-AT, «la gestión y administración de los parques nacionales corresponde, en principio, a la Administración estatal, sin que ello sea obstáculo para que las comunidades autónomas asuman competencias en la materia ni para que las administraciones locales participen en dicha gestión».