La policía alertó en diciembre sobre una posible intentona
El Gobierno fue alertado unos dos meses antes del fallido golpe de Estado del pasado 23 de febrero de que podía estar en preparación una intentona militar. Curiosamente, la información no provenía de los servicios de inteligencia militar, sino de los servicios policiales del Ministerio del Interior.Juan José Rosón recibió un informe policial hacia mediados de diciembre en el que se daba cuenta de informaciones provenientes de círculos de la extrema derecha, de las que se podía deducir que estaba en marcha una operación golpista. Rosón transmitió este informe a Rodríguez Sahagún.
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El Gobierno fue alertado unos dos meses antes del fallido golpe de Estado del pasado 23 de febrero de que podía estar en preparación una intentona militar. Curiosamente, la información no provenía de los servicios de inteligencia militar, sino de los servicios policiales del Ministerio del Interior.Juan José Rosón recibió un informe policial hacia mediados de diciembre en el que se daba cuenta de informaciones provenientes de círculos de la extrema derecha, de las que se podía deducir que estaba en marcha una operación golpista. Rosón transmitió este informe a Rodríguez Sahagún.
Pese a esta alerta dada por los servicios policiales y a que por aquellas fechas comenzaron a publicarse los artículos de Almendros impregnados de una filosofía golpista, descalificadora del sistema democrático, que presentaban como única salida «un golpe de4imón», los servicios de inteligencia militar no suministraron al Gobierno la información necesaria para poder cortar la operación golpista.
La falta de eficacia de los servicios de información militar, evidente desde el momento en que es el Ministerio del Interior el primero en ponerse sobre aviso, es más notoria por el hecho de que después de este informe sobre actividades de la extrema derecha, el coronel Tejero, principal encartado en la intentona de la operación Galaxia, lleva a cabo la compra de seis autobuses y alquila una nave en el polígono de Coslada para encerrarlos durante semanas, sin que levante la menor sospecha a los responsables de la información militar.
Sin embargo, la maduración del golpe había trascendido más allá de los círculos estrictamente militares, como lo demuestran una serie de hechos aislados, pero significativos, de algunos de los cuales dio cuenta este periódico en su momento. Sólo dos días antes del 23 de febrero una conocida familia ultraderechista de Sevilla envió una carta a su hijo, que se encontraba en Madrid, en la que le remitía la cartilla militar y le decía que la conservara porque le iba a ser útil en adelante.
En Valladolid, otra conocida familia ultraderechista recibió una llamada de un hijo residente en Madrid, y que el mismo 23 de febrero iba a ponerse en camino hacia Burgos por razones profesionales. Sus padres le desaconsejaron el viaje diciendo que ese día iban a suceder cosas importantes. Está, por otra parte, la curiosidad sorprendente de que el director de la revista Spic pudiera escribir días antes del lunes del asalto al Congreso algo así: «No es cierto que yo pretenda dar un golpe militar el lunes 23 de febrero por la tarde ... ».
Declaran civiles
Entre los civiles que han prestado declaración, bien en relación con los sucesos del día 23, bien en relación con la firma Almendros que suscribió tres artículos en las páginas de El Alcázar, considerados en los círculos de opinión democráticos como un posible soporte ideológico de la acción sediciosa, figuran José Utrera Molina, ex presidente del Banco Rural y Mediterráneo, y ex ministro secretario general del Movimiento; José Antonio Girón de Velasco, presidente de la Federación Nacional de Excombatientes y presidente del Consejo-de Administración de El Alcázar, Antonio Izquierdo, director de ese diario; Angel Palomino, escritor, firma habitual en el diario ultraderechista; Luis Peralta España y Gonzalo Fernández de la Mora, ex ministro de Franco, conocido por sus ideas integristas.
Tojos ellos declararon desconocer quién era Almendros, salvo Antonio Izquierdo, director de El Alcázar, que negó que se tratara de una firma colectiva a la vez que se reservaba la identidad de la misma. Asimismo negaron que tuvieran conocimiento previo de los sucesos del 23 de febrero. Como se sube, el único civil detenido en relación con el golpe es Juan García Carrés.
Según publicó ayer Diario de Valencia, el teniente general Milans del Bosch y el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero almorzaron poco antes del 23 de febrero en un restaurante de la provincia de Tarragona, a escasos kilómetros de Vinaroz (Castellón). Los militares llegaron en dos helicópteros y almorzaron en un comedor reservado en el piso superior del establecimiento.
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