Reportaje:Bolivia: cocaína y golpe de estado/2

El dinero de la droga sirvió, para pagar a militares y pistoleros que consumaron el cuartelazo de García Meza

El general Echeverría, con el coronel Arce Gómez y José Abraham Baptista, ex agente de espionaje de Echeverría, estuvieron íntimamente, comprometidos en los preparativos del golpe contra la presidenta interina de Bolivia, Lidia Gueiler. El golpe militar se dio finalmente el día 17 de julio de 1980, pocos días después de que resultara evidente que la coalición centroizquierdista Unión Democrática y Popular (U13P) había ganado las elecciones generales, y que su líder, el veterano ex presidente Hernán Siles Suazo, iba a volver a la suprema magistratura del país andino.

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El general Echeverría, con el coronel Arce Gómez y José Abraham Baptista, ex agente de espionaje de Echeverría, estuvieron íntimamente, comprometidos en los preparativos del golpe contra la presidenta interina de Bolivia, Lidia Gueiler. El golpe militar se dio finalmente el día 17 de julio de 1980, pocos días después de que resultara evidente que la coalición centroizquierdista Unión Democrática y Popular (U13P) había ganado las elecciones generales, y que su líder, el veterano ex presidente Hernán Siles Suazo, iba a volver a la suprema magistratura del país andino.

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De acuerdo con testimonios y documentación proporcionados por un ex funcionario del Ministerio de Interior, Arce Gómez pidió a Abraham Baptista que prestara la máxima cooperación a su amigo Willy Sandoval Morón, un ex diputado de la UDP que se unió a las fuerzas golpistas de Natush Bush, en noviembre de 1979 (volviendo la espalda a su partido y a Hemán Siles) y más tarde se unió a Arce Gómez, con quien trabajó activamente como importante contacto en la parte monetaria del tráfico de cocaína en Santa Cruz.José Abraham Baptista fue el encargado de recoger el dinero de los traficantes, días antes del golpe, para pagar a los comandantes de, tropas militares y a agentes paramilitares, además de otros posibles participantes.

Después del sangriento golpe del 17 de julio, José Abraham Baptista confiscó seis millones de dólares en efectivo de un avión colombiano que aterrizó en uno de los muchos aeródromos privados de Santa Cruz. El reparto de ese dinero, en el que intervinieron García Meza y Arce Gómez, y la sensación del último de que había sido dejado parcial mente al margen de la operación, produjeron un agrio distancia miento entre el ministro de Interior y Baptista.

La tensión aumentó cuando Arce Gómez tuvo noticia de que Baptista estaba organizando una red propia de contrabando. El ministro de la cocaína hizo saber al agente del general Echeverría que debía abandonar La Paz. Baptista respondió amenazando con hacer públicas las implicaciones del coronel Arce en el tráfico de drogas.

El 3 de septiembre, el general y presidente, García Meza, ordenó el retiro de Baptista del Ejército, «previa revisión de sus antecedentes». El 6 de octubre de ese año, Baptista fue asesinado a tiros por dos hombres cuando salía de una pizzería en la ciudad de Santa Cruz. Las balas, según se probó, procedían de pistolas automáticas como las utilizadas por el Ejército. Los asesinos -uno de ellos José Palanca Cuélla- usaron un vehículo proporcionado por Roberto Suárez-Gómez. El dinero con que se pagó la operación fue proporcionado por el general Hugo Echeverría, quien,- de acuerdo con una fuente allegada a los traficantes de drogas, recibió órdenes personales de Arce Gómez para eliminar a Baptista.

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Corre el dinero

Unos cuantos días antes del golpe de Estado, José Pepe Pat, una prominente figura de la Mafia y gran comercializador de cocaína en Bolivia había entrgado al general Hugo Echeverría la suma de 800.000 dólares,copmo contribución para la sublevación militar del 17 de julio, en la localidad de Montero, uno de los centros más importantes del tráfico de cocaína. Hubo además otra importante reunión a la que asistieron Edwin Gasser (padre de Roberto. Gasser), propietario del complejo -azucarero La Bélgica; Pedro Bleyer, presidente de la Cámara de Industria y Comercio, y el , general Luis García Meza,, quien recibió una considerable suma, destinada a financiar el golpe y a convencer a oficiales militares aún indecisos.

El mes anterior al golpe, los comandantés de las divisiones de Cochabamba y Oruro, y del regimiento Tarapacá, de La Paz, fue ron convocados por el general Echeverría en Santa Cruz. Cada uno de ellos recibió 50.000 dólares, recolectados entre los traficantes de drogas, para ganar su apoyo. El comandante del Tarapacá, coronel Arturo Doria Medina, conocido como el Mariscal de la Muerte (por su responsabilidad en la muerte de varias decenas de manifestantes durante el golpe de Natush Bush en noviembre de 1979), fue designado por el general García-Meza; el pasado mes de febrero, como el más alto jefe en la supuesta embestida del Gobierno boliviano contra las drogas. Doria Modina;de acuerdo con vendedores de cocaína en La Paz, es un adicto a la pichicata.

Luis Arce Gómez fue el cerebro real del golpe boliviano. Estuvo a cargo del reclutamiento de agentes paramilitares con la ayuda de dos antiguos comandantes nazis Klaus Altmann-Barbie y Hans J. Stellfeld. Se instalaron campos de en trenamiento en varios lugares estratégicos del país, donde fueron entrenados ex convictos de delitos comunes, soldados retirados: y ase sinos a sueldo. En Santa Cruz se instaló un campo en la hacienda propiedad del doctor José Gutiérrez, un personaje muy influyente en esa ciudad. En este lugar se tomó una foto de los hombres que participaron en las operaciones de entrenamiento. La fotografía apareció más tarde publicada en el pe riódico ultraderechista de Santa Cruz El País el 31 de diciembre de 1980.

La oficina del controlador de la República, Adolfo Ustárez, se usa, de acuerdo con informaciones dignas de todo crédito, -como la principal pantalla para «lavar» los dólares provenientes de la cocaína. La debilitada economía boliviana, al borde de la bancarrota, no ha podido cumplir con el pago de los salarios a los empleados públicos más que recurriendo al dinero pro veniente de la droga. Canalizando estos ingresos a través de la oficina del doctor Ustárez se ha podido, evitar el «colapso del sector público como señaló un informante en las más altas esferas de la Administración pública. Al mismo tiempo el Gobierno boliviano ha lanzado clandestinamente al mercado grandes cantidades de dólares norteamericanos, incluyendo billetes falsificados de cien dólares hechos en Colombia, que hicieron bajar en un momento dado el valor del dólar cuando el peso boliviano estaba notoriamente débil. La deuda exterior supera hoy los 3.700 millones de dólares.

Torturas, asesinatos

Según el informe anual de la Embajada norteamericana en Bolivia, que se ha presentado al Congreso de EE UU y que fue redactado en febrero de este año, la tortura sigue a la orden del día en Bolivia, donde aún se mantiene el toque de queda.

A pesar de las afirmaciones constantes realizadas por funcionarios del régimen militar de que se respetan los derechos humanos en Bolivia, la tortura sistemática, el asesinato y la intimidación continúan en el país. De acuerdo con el mencionado informe, «desde el golpe del 17 de julio, gente arrestada, con los ojos vendados, ha sido golpeada repetida y sistemáticamente por verdugos enmascarados en el Ministerio del Interior y en las oficinas del Servicio de Inteligencia del Ejército, en La Paz. Hombres y mujeres son metódicamente intimidados y torturados física y mentalmente y obligados a denunciar a potenciales sospechosos de oponerse al régimen. Existen informes que indican el uso de energía eléctrica para lograr confesiones de los detenidos en el Ministerio del Interior ... ».

Uno de los más sangrientos incidentes posteriores al golpe tuvo lugar el 15 de enero de 1981, en que fueron asesinados en una casa de La Paz, mientras sostenían una reunión política clandestina, ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), uno de los partidos integrados en la coalición Unión Democrática y Popular (UDP), que ganaron las elecciones inmediatamente anteriores al cuartelazo.

Doscientos paramilitares, con órdenes del todavía ministro del Interior, Luis Arce Gómez, intervinieron en la operación. Cuatro de los reunidos, todos ellos dirigentes sindicales y profesionales, fueron ametrallados allí mismo. Otros cuatro fueron trasladados a las oficinas del Servicio Especial de Seguridad (SES), en la calle de los Hermanos Manchego, de La Paz, torturados y eliminados. Uno de ellos, el ex Oficial de carabineros y abogado José Reyes Carvajal, fue hallado con los brazos y el cuello rotos.

Los cadáveres fueron entregados a las familias por presiones de la Iglesia católica. Durante el entierro, agentes del Ministerio del Interior tomaron fotografías de los asistentes y confiscaron las tarjetas de condolencia enviadas a los familiares. Estos fueron obligados, para recibir los cuerpos de las víctimas, a firmar una declaración en la que se agradecía al Gobierno de García Meza «haber librado a Bolivia de elementos terroristas».

La- única superviviente de la matanza fue Gloria Ardaya, una joven socióloga ahora exiliada en Suiza, gravemente traumatizada. Gloria Ardaya fue advertida contra cualquier declaración pública que pudiera formular desde su exilio, bajo amenaza a su hermana, que vive en La Paz y sufriría las consecuencias.

El asesino de los miembros del MIR fue uno de los factores que han influido en la destitución de Arce Gómez.Uno de los jóvenes muertos. José Luis Suárez Guzman, era hijo de un general retirado.En algunos sectores del Ejército , los más moderados , el incidente provocó gran malestar.

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