Terrorismo de acción

La «operación Osorio» tal vez resulte excitante para la clase política, pero al ciudadano de a pie le resulta más bien ridícula. Por ejemplo: ¿de dónde va a salir esa «nueva autoridad» para combatir el terrorismo? ETA se ha carcajeado -este ha sido el gran chasco de nuestra democracia- de la amnistía, la Constitución y el Estatuto de Guernica. ¿Alguien piensa que se va a dejar impresionar por un Gobierno «de gestión» como el propuesto? ¿O que el tal Gobierno va a mejorar, porque sí, en dieciocho meses, la eficacia de las Fuerzas de Orden Público?Pero me quiero referir, sobre todo, a un aspecto...

La «operación Osorio» tal vez resulte excitante para la clase política, pero al ciudadano de a pie le resulta más bien ridícula. Por ejemplo: ¿de dónde va a salir esa «nueva autoridad» para combatir el terrorismo? ETA se ha carcajeado -este ha sido el gran chasco de nuestra democracia- de la amnistía, la Constitución y el Estatuto de Guernica. ¿Alguien piensa que se va a dejar impresionar por un Gobierno «de gestión» como el propuesto? ¿O que el tal Gobierno va a mejorar, porque sí, en dieciocho meses, la eficacia de las Fuerzas de Orden Público?Pero me quiero referir, sobre todo, a un aspecto que no mueve a risa, sino a preocupación. Y es el intento de utilizar a la Corona para quitar y poner presidente de Gobierno, que de eso se trata en definitiva, visto que no es posible por ahora derrotar a Suárez en el Congreso. Ese intento es anticonstitucional, por más que el Rey se limitara a ejercer una «suave presión» y en el resto se guardaran las formas parlamentarias. El Gobierno, para acceder o mantenerse, sólo necesita la confianza de las Cortes, y no de éstas y de la Corona, según el espíritu y la letra de la Constitución de 1978. Tal vez los promotores de la operación se han equivocado de texto y utilizan la Constitución de 1876, que al basarse en el principio de la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey, y no en la soberanía nacional, como ahora, permitía a éste inmiscuirse en las luchas de los partidos y facciones por alcanzar el poder.

Y, además de inconstitucional, puede ser funesto, como demuestra la historia del reinado a Alfonso XIII. Una causa muy importante de la caída de la Monarquía fue justamente la prerrogativa regia de nombrar y cesar libremente a los ministros. Según ella, al rey correspondía, en última instancia, decidir quién había de ser o dejar de ser presidente del Gobierno, y Io hacía en ocasiones con mucho menos que una «suave presión». El resultado de tal práctica fue que la gente atribuyó al rey los errores de los Gobiernos, y que el fracaso de éstos se convirtió en fracaso de la Monarquía. Volver a tales prácticas sería, además de anticonstitucional y funesto, sencillamente reaccionario./