La pequeña y mediana empresa, favorecidas por la aprobación del "segundo aval"

Las posturas encontradas de UCD y los partidos de izquierda sobre la inclusión de las inversiones relativas al Plan de Urgencia de Andalucía, Extremadura y Canarias en el proyecto de ley de Presupuestos volvieron a reproducirse ayer, en un debate estéril en la comisión correspondiente del Congreso. La sesión de la mañana se completó con la aprobación del llamado «segundo aval», instrumento fundamental para la financiación de las pequeñas y medianas empresas, y el mantenimiento de los criterios del Gobierno, cuyo partido se vio apoyado habitualmente en estas materias por Coalición Democrática y...

Las posturas encontradas de UCD y los partidos de izquierda sobre la inclusión de las inversiones relativas al Plan de Urgencia de Andalucía, Extremadura y Canarias en el proyecto de ley de Presupuestos volvieron a reproducirse ayer, en un debate estéril en la comisión correspondiente del Congreso. La sesión de la mañana se completó con la aprobación del llamado «segundo aval», instrumento fundamental para la financiación de las pequeñas y medianas empresas, y el mantenimiento de los criterios del Gobierno, cuyo partido se vio apoyado habitualmente en estas materias por Coalición Democrática y Minoría Catalana, sobre temas puntuales, como cuantía del déficit, cooperaciones de deuda pública y apelación del Tesoro al Banco de España.La existencia de una enmienda del PSA que proponía la creación de un nuevo artículo, el 19 bis, relativo al Fondo de Compensación Interterritorial, volvió a provocar una reproducción de los debates y las posturas encontradas entre UCD y la izquierda sobre el Plan de Urgencia para Andalucía y los planes económicos para Extremadura y Canarias.

Pese a la insistencia de la izquierda, el representante del PCE llegó a manifestar que apoyaría el texto alternativo propuesto por los ponentes centristas si se incluían en los Presupuestos los 198.000 millones de pesetas aprobados para Andalucía en el último Consejo de Ministros. El partido del Gobierno evitó que ninguna de las cifras de inversión barajadas para estos planes -incluida la aprobada por el Gobierno- quedara reflejada en el proyecto de ley.

Texto "superfluo e innecesario"

La polémica se cerró con la introducción de un texto calificado de «superfluo e innecesario» por la izquierda, como artículo 19 bis. El nuevo artículo dice: «En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución, se constituirá en los Presupuestos del Estado para 1982 un fondo de compensación, con destino a gastos de inversiones, para hacer efectivo el principio de solidaridad y corregir los desequilibrios territoriales».

En función de las distintas enmiendas se suprime el artículo 23 del proyecto de ley, relativo a las inversiones, que queda así: «Un comité de seguimiento de inversiones tendrá a su cargo la vigilancia, coordinación e información sobre la realización de aquéllas, y en especial la que hace referencia al apartado 10 del artículo 3 de esta ley. El comité de seguimiento será nombrado antes del 31 de enero de 1981». A continuación se autoriza al Gobierno a acordar las modificaciones que sean aconsejables en, los programas de inversión con objeto de optimizar su ejecución, autorizando al efecto las transferencias de crédito necesarias, informando de ello a la Comisión de Presupuestos.

La comisión aprobó también una de las reivindicaciones prioritarias de la pequeña y mediana empresa de nuestro país: el segundo aval a cargo del Estado.

Sin embargo, Elorriaga, del PNV, mostró su desconfianza porque no quedara clarificada la forma de concesión de este segundo aval y los requisitos que se iban a exigir a las pequeñas y medianas empresas para el disfrute del segundo aval.

El importe total de avales a prestar por el Estado durante 1981 por razón de operaciones de crédito exterior no podrá exceder -según el texto aprobado- de 65.000 millones de pesetas.

Discrepancia sobre cuantia del déficit

Al hilo de la discusión del artículo 25, «operaciones de deuda pública», se produjo un debate brillante sobre macroeconomía entre el diputado socialista Solchaga y el centrista Ejea. Los socialistas criticaron las previsiones del Gobierno sobre tasas de inflación, que, según ellos, será del 15 cmo míimo, y no del 13,5%, previsto en los Presupuestos. Por otra parte, mostraron la necesidad de elevar el déficit previsto de 67 1.000 millones de pesetas a 871.000 millones de pesetas.

Solchaga pormenorizó la financiación de este incremento del déficit. Propuso que la emisión de deuda pública interior pasara de 120.000 millones a 168.000 millones de pesetas, que la deuda pública exterior se situara en 100.000 millones (30.000 más que los que figuran en el presupuesto) y que el Tesoro pueda disponer de anticipos del Banco de España de hasta 432.000 millones de pesetas.

El diputado centrista Ejea rechazó las aseveraciones de Solchaga argumentando que el aumento del déficit dispararía la inflación. Criticó el aumento de las emisiones de deuda pública interior, ya que podía perjudicar al sector privado, al retirarle recursos financieros del mercado, y el aumento de deuda pública exterior, que, según él, podría contribuir de forma negativa en la balanza exterior por cuenta corriente.