Militarizadas las ciudades colombianas de Cali y Medellín

Después de cuatro días de violentos disturbios en casi todo el país, las autoridades colombianas decidieron militarizar las ciudades de Cali y Medellín, con objeto de evitar nuevas manifestaciones de protesta por el aumento de precios de los transportes públicos. Las universidades y las escuelas están cerradas en todo el territorioLos episodios de violencia de estas últimas jornadas son los peores que se recuerdan desde el paro cívico nacional de septiembre de 1977. Centenares de manifestantes se han enfrentado a la policía y el Ejército en Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, con un elevado ...

Después de cuatro días de violentos disturbios en casi todo el país, las autoridades colombianas decidieron militarizar las ciudades de Cali y Medellín, con objeto de evitar nuevas manifestaciones de protesta por el aumento de precios de los transportes públicos. Las universidades y las escuelas están cerradas en todo el territorioLos episodios de violencia de estas últimas jornadas son los peores que se recuerdan desde el paro cívico nacional de septiembre de 1977. Centenares de manifestantes se han enfrentado a la policía y el Ejército en Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, con un elevado saldo de heridos. Los detenidos se cuentan por centenares.

Este fin de semana, el Gobierno autorizará un nuevo aumento de las tarifas de los transportes urbanos, el segundo en el plazo de quince días. La decisión gubernamental provocará, sin lugar a dudas, nuevos episodios de violencia. Frente a las protestas de los usuarios, los concesionarios de autobuses han amenazado con una huelga patronal si las autoridades no aceptan su petición de aumento en el precio de los billetes.

Los problemas económicos que, desde hace años, padece Colombia, han producido un progresivo deterioro de la situación social en todo el país. En los últimos seis meses, el coste de la vida ha aumentado cerca del 30%, mientras los salarios permanecen en niveles extremadamente bajos. El desempleo ha crecido de manera imparable.

Frente a las protestas de los sindicatos por esta situación, el Gobierno sigue utilizando las facultades que le concede el estado de sitio (vigente desde hace treinta años) y el Estatuto de Seguridad, implantado a finales de 1978, y cuya derogación se ha convertido en permanente exigencia de la población.