El PSOE propone potenciar el sector público para superar la crisis económica

La multiplicación de las inversiones públicas en materia asistencial -sanidad, educación, vivienda y enseñanza, básicamente- es definida como la vía idónea para salir de la actual crisis económica española en la Estrategia económica socialista, presentada en la noche del pasado martes por el equipo de economistas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El documento -mitad diagnóstico, mitad declaración programática- pretende básicamente desvirtuar los planteamientos catastrofistas del Gobierno, su política y, en definitiva, poner en cuestión la capacidad del capitalismo español para supe...

La multiplicación de las inversiones públicas en materia asistencial -sanidad, educación, vivienda y enseñanza, básicamente- es definida como la vía idónea para salir de la actual crisis económica española en la Estrategia económica socialista, presentada en la noche del pasado martes por el equipo de economistas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El documento -mitad diagnóstico, mitad declaración programática- pretende básicamente desvirtuar los planteamientos catastrofistas del Gobierno, su política y, en definitiva, poner en cuestión la capacidad del capitalismo español para superar sus propias contradicciones.

El documento elaborado por los socialistas se abre con una historia-diagnóstico de la situación critica en que ha desembocado el capitalismo occidental. El origen de la crisis estriba en la coincidencia en el tiempo de inflación, recesión, paro y estancamiento de la inversión, y sus síntomas esenciales han sido: crecimiento de los precios, tasas de paro elevadas y crecientes, amplios déficit exteriores, fuertes restricciones crediticias y tipos de interés muy elevados. «La habilidad de los defensores del sistema capitalista», dice el documento, «estriba, precisamente, en presentar estos síntomas de la crisis económica como causa de la misma, con lo que se evita una interpretación de la crisis que refleje las profundas contradicciones del sistema.Esta valoración -una de las aportaciones más diáfanas del texto- de la crisis se traslada a España, donde han concurrido otros factores, hasta el punto de determinar que la quiebra del modelo desarrollista del franquismo ha devenido en un incremento sustancial del desempleo en todo el país. Las terapéuticas aplicadas hasta el momento para superar la crisis son criticadas profusamente, indicando, por ejemplo, que «la aplicación de una política monetaria restrictiva, con el incumplimiento por parte de UCD de las contrapartidas contenidas en los pactos de la Moncloa, se ha traducido en un agravamiento de la situación de los trabajadores, además de en un aumento del paro».La retirada estratégica de la banca privada -abundantemente criticada por los socialistas- de los sectores en crisis se ha visto acompañada de una creciente consolidación de posiciones del capital multinacional en la industria española, hasta el punto de que «se destaca como la principal fuerza ascendente, capaz de imponer nuevas transformaciones e influir decisivamente en la política económica del Gobierno». Por otra parte, la crisis ha provocado una nueva acentuación del proceso de concentración del capital en la economía española, hasta el punto de que, en 1977, las veinte primeras sociedades anónimas absorbían el 36% de todo el capital desembolsa,do en las empresas a escala nacional. Frente a esta realidad, los socialistas proponen el desarrollo de una política de «progreso al servicio de las clases populares», cuya condición prioritaria es la consolidación definitiva del proceso democrático que haga posible una política socialista de justicia, igualdad, solidaridad y progreso.

La propuesta socialista para salir de la crisis más o menos pormenorizada a lo largo del documento, parte de la consideración de que es necesario eludir la «actual búsqueda del ajuste, coyuntural ». Como vías generales, los socialistas proponen la intensificación de los procesos de negociación entre patronal y centrales sindicales (la defensa del acuerdo-marco interconfederal firmado por CEOE y UGT es constante) y la consecución de un sistema de planificación concertada que abarque tanto los sectores en crisis y proceso de reconversión como los que constituyan una opción de futuro para la economía española.

Para salir de la crisis, los socialistas estiman también ineludible la potenciación de un sindicalismo fuerte, con centrales y patronales que adopten el directo protagonis mo de las relaciones laborales, cuyo marco debe ser adecuado a los tiempos actuales, así como otorgar al poder sindical todas sus posibilidades para «limitar el hasta ahora omnímodo poder de decisión del empresario, introduciendo mecanismos de consulta y negociación en terrenos tan decisivos como la inversión y el destino de los incrementos de productividad». El documento llama también la atención sobre los peligros que pudieran derivarse de un sindicalismo débil que «tiende a potenciar reivindicaciones inasumibles por el sistema productivo». En este sentido se insiste en la necesidad de ir hacia una progresiva sustitución del concepto exclusivo de salario monetario en las reivindicaciones, en beneficio del salario social, en línea con lo expresado en el acuerdo-marco.

Reformar la Administración

La potenciación del sector público, en sus diversas modalidades, es, sin duda, el capítulo en que más han profundizado los autores del documento socialista. El punto de arranque de este relanzamiento de la inversión pública se sitúa en la necesidad de deslindar progresivamente la actuación de la Administración y sus entes de los intereses del sector privado, a los que los socialistas consideran que han servido permanentemente. El esfuerzo inversor por parte del Estado requiere la confección de un programa concertado, debatido y aprobado en el Parlamento, que defina estos objetivos y prioridades: inversiones que favorezcan la creación de puestos de trabajo; programas de actuación limitados por la crisis energética; readaptación de la economía española a los cambios y transformaciones de una nueva división internacional del trabajo, de tal forma que el sector público contribuya a fomentar un mayor grado de competitividad en los mercados exteriores.

Los socialistas rechazan también una salida de la crisis basada en supuestos neoliberales que persiguen una privatización del sector público en actividades asistenciales -enseñanza, sanidad y vivienda, por ejemplo-, en las que «la simple actuación del mercado no hace sino reproducir las intolerables desigualdades existentes». Y preconizan un incremento de la participación del sector público en la formación de capital, «para cumplir los fines de servicio público que le son propios y súplir la caída de la inversión privada. Sus objetivos deben ser: movilización de capitales improductivos; crecimiento del empleo; reestructuración y conversión de sectores en crisis; fomento de la competencia en el sector privado; desarrollo de sectores de nueva tecnología punta; desarrollo y mayor equilibrio regional, y mayor flexibilidad de la política fiscal como instrumento corrector de la coyuntura económica.

Como premisa al relanzamiento del sector público, los socialistas estiman necesaria la reconversión de la Administración pública, cuyos objetivos esenciales deben ser: garantizar su neutralidad y aumentar su eficacia. Además, debe adecuarse una articulación racional y coherente de la transformación de la Administración actual, centralizada, a las futuras comunidades autónomas.

Dentro del capítulo de la actuación del sector público, el documento socialista dedica especial atención a la realización de un programa de equipamientos colectivos, cuyo horizonte está curiosamente situado en 1983, año en que es previsible la convocatoria de las próximas elecciones parlamentanas, que eventualmente pudieran llevar a los socialistas al Gobierno y, por tanto, colocarles en la tesitura de aplicar su programa económico. Las actuaciones sugeridas se distribuyen en:

Vivienda. Es notoria la incapacidad de gestión de los organismos públicos promotores de viviendas. Entre un 65% y un 70% de las de protección oficial se destinan a satisfacer las necesidades de las clases media y alta. No hay financiación adecuada para la compra ni mercado asequible de alquiler. Para 1983 se deberían haber construido o rehabilitado 1,4 millones de viviendas, de las que 900.000 deberían ser de protección oficial. Los ayuntamientos deben asumir el papel de promotores y facilitar suelo urbanizable.

Urbanismo. Eliminar la especulación del suelo. Proceder a una progresiva municipalización. Reversión a la colectividad de las plusvalías del suelo urbano. Fortalecer las competencias municipales en la materia. Es necesario posibilitar la expropiación forzosa del suelo de todo tipo. El pago de las expropiaciones podrá ser en metálico o en terrenos. Deberá abordarse la creación de un plan especial de obras públicas locales para mejorar redes de transporte, obras de saneamiento, planes de urbanismo, sistemas de comunicación y distribución y otros.

Sanidad. Sistema sanitario único. Mayor atención a la prevención de la salud, asistencia sanitaria y rehabilitación y reinserción del enfermo. Descentralización del sistema de Seguridad Social. Mayor porcentaje de financiación a cargo del Estado, sustitución del sistema de cotización familiar. Elección libre del médico y mayor participación de empresarios y trabajadores en el control de la Seguridad Social y sus prestaciones. Reorientación de la política hospitalaria, eliminando la tendencia a construir grandes centros. Nueva política del medicamento. Adecuación del modelo de formación de los profesionales sanitarios y garantizar su capacitación permanente y reciclaje. Lucha contra la corrupción, el despilfarro y los hábitos viciados que lastran el sistema sanitario.

Servicios sociales. Superar las viejas concepciones de beneficencia y asistencia social. Ley-marco que defina una política general. Regulación del empleo de los marginados capaces de trabajar y planes de rehabilitación generalizados.

Seguridad Social. Debe modificarse para que sea solidaria. Modificación de los órganos de control (democratizándolos), política de pensiones y sustitución de las actuales prestaciones de protección familiar. Hay que evitar que el sistema de la Seguridad Social sea un impuesto o gravamen al puesto de trabajo.

Educación. Obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza desde los seis meses hasta los dieciséis años de edad. Creación hasta 1983 de 300.000 nuevos puestos de EG B. Escolarización total de catorce a quince anos, con creacion de 400.000 nuevos puestos. Expansión al máximo de la formación profesional de primer y segundo grado. En la universidad se deberá reconocer el grado de autonomía fijado en la Constitución y establecer un nivel salarial mínimo para la gratuidad de los hijos. Reforma del sistema de becas, incorporando el sistema de salario al estudiante.

Profundizar en la reforma fiscal

Se aboga en el documento por una profundización en la ya iniciada reforma fiscal. La pieza esencial del esquema impositivo debe seguir siendo el impuesto de la renta de las personas fisicas, «sin permitir que en su base imponible se produzca ningún tipo de exoneracion o discriminación ». Los impuestos de patrimonio y sucesiones deberán tener sistemas comunes de valoración que superen las actuales determinaciones de bases, cuya inutilidad es manifiesta.

Paralelamente, los socialistas proponen la potenciación de la administración tributaria, ya que el grado de defraudación fiscal es todavía muy elevado, en buena medida porque el aparato administrativo existente no se emplea eficazmente. El documento propone la creación de «una unidad administrativa responsabil izada de todas y cada una de las fases de la reforma y de la gestión ordinaria del sistema tributario». En este mismo sentido se propone la inmediata ampliación de los efectivos de la inspección, acelerando la incorporación de nuevos funcionarios, «que el Gobierno realiza con exasperante lentitud».

Finalmente, el documento, que se muestra muy respetuoso con la reforma fiscal impulsada por el equipo socialdemócrata de UCD, reclama la mayor utilización de los instrumentos informáticos del Ministerio de Hacienda y llama la atención sobre dos colectivos con alto índice de defraudación -profesionales liberales y empresarios individuales-, a los que sólo se puede controlar por vía informática. Asimismo, se solicita la utilización de las dos armas de control fiscal, de probada eficacia, de que dispone la Administración: tipificación del delito fiscal y control de las cuentas corrientes bancarias. «Dos años después de su promulgación se ignora la utilización que se ha hecho de estas dos arinas.»

Mañana, un segundo capítulo completará el resumen sobre el contenido del documento socialista.