Amplias reservas en España ante la donación de órganos tras la muerte

La ley de Trasplantes, recientemente discutida en el Parlamento español, abre nuevas posibilidades para los trasplantes de órganos. Millares de personas en este país, condenadas a una terrible dependencia del riñón artificial o a la carencia de visión, podrían resultar beneficiadas por la desaparición de multitud de trabas burocráticas ante los trasplantes. Sin embargo, ciertos sectores de la opinión pública han recibido con temor la posibilidad de que puedan ser extraídos, con facilidad legal, órganos de los cadáveres. Este informe pone de manifiesto algunos de los temores al trasplante más g...

La ley de Trasplantes, recientemente discutida en el Parlamento español, abre nuevas posibilidades para los trasplantes de órganos. Millares de personas en este país, condenadas a una terrible dependencia del riñón artificial o a la carencia de visión, podrían resultar beneficiadas por la desaparición de multitud de trabas burocráticas ante los trasplantes. Sin embargo, ciertos sectores de la opinión pública han recibido con temor la posibilidad de que puedan ser extraídos, con facilidad legal, órganos de los cadáveres. Este informe pone de manifiesto algunos de los temores al trasplante más generalizados entre los españoles, así como de la creación de un nuevo servicio nacional para la disposición de riñones.

Un ciudadano valenciano se dirigió hace apenas dos semanas a la sede de un notario de su ciudad. Eran los días durante los que se estaba debatiendo la ley de Trasplantes, según la cual van a desaparecer las trabas burocráticas que impedían que, en este país, se pudiese disponer, por ejemplo, de un riñón del cadáver de una persona accidentada en la carretera para resolver la larga, costosa y dolorosa dependencia de un humano necesitado de acudir varias veces por semana a sesiones de hemodiálisis (riñón artificial) por insuficiencia renal aguda.En el acta que fue abierta, a voluntad suya, el aludido ciudadano, según información facilitada por la agencia Efe, manifestó su oposición a que se manipule cualquier órgano de su cuerpo tras la muerte.

En el documento se «señala» que interpretando la doctrina escatológica de la santa Iglesia, católica, apostólica y romana, en la que nació, ha vivido y, con la gracia de Dios, espera seguir viviendo y morir, y con especial profesión del dogma de la Resurrección, dispone que sea cual fuere la legislación aplicable al efecto al tiempo de su fallecimiento, y esperando que la misma reserve un mínimo de libertad al respecto, prohíbe terminantemente desde ahora, y para siempre, toda manipulación sobre su cadáver, tanto para trasplante de órganos, investigación o aprovechamiento de cualquier clase».

El hecho, aunque anecdótico, expresa un temor relativamente generalizado en nuestro país. En efecto, tras la discusión y aprobación en el Parlamento de una ley de Trasplantes, considerada por quienes la han promovido como «una de las más progresistas de Europa en materia de trasplantes», ciertos sectores de la opinión pública han manifestado amplias reservas a la donación de órganos tras la muerte. ¿Por qué?

Tal vez nos dé la clave del asunto una afirmación del director general de Justicia, quien, en el curso de un coloquio recientemente celebrado en Madrid sobre la polémica ley, afirmó: «El gran problema está en delimitar en qué momento exacto una persona puede considerarse muerta y se halla su cuerpo en condiciones de proceder a la extracción de un órgano. » Pero no es sólo la definición clínica de muerte -tema sobre el que EL PAIS SEMANAL publicará mañana un extenso informe- el núcleo del conflicto. En el miedo a que los órganos del propio cuerpo sean utilizados después de nuestra muerte operan varios factores, tanto conscientes como inconscientes.

La ley de Trasplantes va a ofrecer una serie de facilidades para la obtención de órganos de cadáveres que han sido saludadas con alegría por multitud de enfermos graves necesitados de esos órganos. En cierto sentido, se han invertido los términos de la situación anterior. Antes, quien quisiese donar un órgano debía dejarlo expresado y bien expresado. Ahora, es el que quiere evitar a toda costa que le sean extraídos órganos, tras su muerte, el que debe hacer constancia expresa de su voluntad de no-donación.

«Hay gente que teme que les extirpen los órganos en vida», explica a EL PAIS el doctor José Antonio García Andrade, quien actuó de moderador en el citado coloquio. Según el doctor García Andrade, «ha quedado claro que los médicos somos partidarios del trasplante». No obstante, los temores de los ciudadanos ante el mismo expresan «ese culto al cuerpo» típico de muchas culturas. También manifiestan el deseo de mantener un cuerpo para la resurrección, teoría que incluso muchos sectores de la propia Iglesia católica no mantienen, puesto que la resurrección, tal como es entendida por la religión católica, no hace necesario el sostenimiento de un cuerpo embalsamado o supercuidado, a diferencia de lo que era práctica común en religiones como las del Antiguo Egipto.

Sin embargo, surge una pregunta, en otra dirección. Cuando se prevé, tras la muerte de una persona, que alguno de sus órganos va a ser válido para trasplante, ¿hay algo distinto en el modo de atenderle? ¿Se va a dar mucha lata al moribundo y familiares de los destinados a trasplante? «Sí, puede haber molestias reales», responde el doctor García Andrade, para quien «no hay que dudar que el certificado de muerte sea exacto».

«Yo creo», afirma el doctor García Andrade, «que hay que dar una opción a la familia, a que la familia diga sí, que acepta el trasplante, tanto por respeto humano como desde un punto de vista psicológico. En el futuro, la gente estará más sensibilizada a la donación. Hay que respetar la opinión de la familia... No hay por qué tener prisa. Va a haber riñones y ojos suficientes. Durante dos, tres o cuatro horas, los órganos no se deterioran.»