El control del sector eléctrico y el número de nucleares enfrentó a UCD y la izquierda
«Este es el Plan Energético Nacional de UCD y del Gobierno, no nos sentimos vinculados a él y creemos que no es el programa que España necesita.» Con estas palabras, Javier Solana, portavoz socialista en el debate del Pleno del Congreso sobre el Programa Energético Nacional (PEN), dejó sentada la posición de su grupo tras más de doce horas de debates sobre los diez capítulos de resoluciones presentadas como acto parlamentario de tramitación del PEN. A lo largo de las discusiones de los temas más espinosos, socialistas y comunistas insistieron en que UCD defiende con la última versión del Plan,...
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«Este es el Plan Energético Nacional de UCD y del Gobierno, no nos sentimos vinculados a él y creemos que no es el programa que España necesita.» Con estas palabras, Javier Solana, portavoz socialista en el debate del Pleno del Congreso sobre el Programa Energético Nacional (PEN), dejó sentada la posición de su grupo tras más de doce horas de debates sobre los diez capítulos de resoluciones presentadas como acto parlamentario de tramitación del PEN. A lo largo de las discusiones de los temas más espinosos, socialistas y comunistas insistieron en que UCD defiende con la última versión del Plan, y especialmente con las resoluciones presentadas, no los intereses generales, sino los particulares de sectores concretos, y especialmente del eléctrico.
El conjunto de resoluciones aprobadas a lo largo de los debates forman un rosario de buenos propósitos con algunos compromisos concretos (véase el texto bruto aprobado a lo largo de casi medio centenar de votaciones), que no tienen nada más que fuerza moral para el Gobierno.Los temas polémicos que enfrentaron a la izquierda y al partido gubernamental se centraron en la definición de previsiones de demanda, ordenación del sector eléctrico, regulación del sector nuclear y reestructuración de CAMPSA. Junto a los grupos Centrista, Socialista y Comunista, que llevaron el peso de los debates, actuó ante el Pleno la Minoría Catalana, con posiciones próximas a las centristas, con los que, en general, votaron, aunque algo más progresistas en su exposición. El grupo de Coalición Democrática tuvo una actuación moderada en diversos temas de su exclusivo ámbito de competencia sin ninguna aportación a debate, aunque fueron beneficiados por los votos favorables de los demás grupos a sus propuestas locales. Los demás grupos pasaron inadvertidos, y especialmente el vasco hizo mutis por el foro, incluso en el tema de la central de Lemóniz, para la que el diputado socialista señor Benegas pidió, sin éxito, la paralización de las obras.
El ministro de Industria, Carlos Bustelo, intervino ante el Pleno al final de los debates, para, con brevedad y tono absolutamente apagado y monocorde, señalar a la Cámara su satisfacción por la aprobación del PEN, tras tanto tiempo de preparación. Dijo que estamos en un momento grave y a corto plazo, que nos impone fijar precios relativos según el coste de la energía importada. «Ahora», añadió, «ha llegado la hora de la verdad, que nos obliga a realizar un esfuerzo inversor en energía sin precedentes.» Para responder a las críticas de la izquierda, dijo que el Gobierno no pretende desmontar empresas públicas, como CAMPSA o Hunosa, sino hacer que funcionen, ya que éste es el mejor sistema para defenderlas. Calificó el programa nuclear de vital y felicitó a la Cámara por la aprobación de las resoluciones propuestas, ya que permiten iniciar una serie de actuaciones que tendrán efectos importantes sobre el sector energético y sobre los suministradores del mismo, especialmente el de bienes de equipo.
Mientras socialistas y comunistas, por boca de los señores Boyer, Solana y Barón (PSOE) y Tamames (PCE), fueron contundentes y críticos, los centristas apenas ofrecieron otra resistencia que la fuerza de sus votos y una intervención más brillante de lo habitual en el Pleno del diputado Herrero de Miñón, aunque sin ninguna altura técnica ni de contenido.
Control del sector eléctrico
El debate sobre el tema eléctrico fue el que suscitó enfrentamientos más vivos. La izquierda criticó con acritud que UCD defienda una congelación de la participación del sector público en este importante campo, así como lo que, en su. opinión, son propuestas regresivas o cuando menos mantenedoras del actual statu quo en cuanto a control del sector. Propusieron la creación de una empresa mixta con mayoría pública para controlar la red de alta tensión, calificaron de feudal la situación del sector público, con reparto de zonas por compañías, señalaron que el sector público es el que planifica el futuro con abdicación de responsabilidades por parte del Gobierno, y afirmaron que la industria eléctrica es ajena a la economía de mercado, ya que tiene precios fijados por el Boletín Oficial del Estado (BOE), usa bienes de dominio público y tiene financiación privilegiada.
Página 11
UCD impuso sus tesis en los puntos más importantes
Viene de la primera página
La exposición centrista se situó en términos genéricos y señaló que el hilo rojo conductor de sus propuestas se basa en el modelo de sociedad fijado en la Constitución. Dijo que el interés general debe privar sobre el, particular, y que por ello se pretendía un mayor control público en el Repartidor de Cargas (RECA), pero que la ausencia de recursos públicos obligaba a congelar la presencia del Estado en el sector.
El debate nuclear
El otro asunto clave del debate se centró en el tema nuclear, y concretamente en el número de centrales a instalar y en la creación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Todos estaban de acuerdo en aceptar la opción nuclear y en crear el CSN. Pero no en el grado de nuclearización ni en la dependencia orgánica del CSN.
El último tema de polémica se centró en el sector del petróleo y en su ordenación. Dos aspectos parecieron clave a los grupos más activos en esta discusión: la coordinación de los intereses públicos en este sector, dispersos entre los ministerios de Hacienda e Industria (INI) y el futuro de CAMPSA.
Sobre el primero el partido del Gobierno se inclinó por un gradualismo en la coordinación, mientras que la izquierda defendió la creación de un ente holding del petróleo que agrupe verticalmente (desde la exploración a la comercialización) los intereses públicos y dependa de Industria.
CAMPSA
Con respecto a CAMPSA, UCD retiró parte de su propuesta, que hacía referencia a la reconversión de la compañía en una sociedad participada por las refinerías públicas y privadas, a favor de otra que pretende únicamente la segregación de actividades no afectas al monopolio y la preparación de la sociedad para el marco que impone el Tratado de Roma, una vez que España ingrese en la CEE.
Según algunos expertos, en el sector español del petróleo el cambio de posición de UCD se debe a la presión de los cuerpos de Hacienda, tradicionalmente defensores del monopolio de petróleos.
El tema del carbón apenas interesó a la Cámara, lo cual provocó un gran desencanto entre algunos asistentes del sector y diputados relacionados con el mismo. En el Grupo Socialista creó cierto desconcierto el rechazo de UCD de su propuesta de compromiso para iniciar urgentemente la reestructuración de Hunosa, sobre todo después de que el ministro de Industria hubiera adquirido horas antes con trabajadores de la empresa un compromiso en ese sentido.
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