El Gobierno británico reconoce la práctica de torturas en el Ulster

Después de haberlo negado durante años, el Gobierno británico se ha visto obligado a admitir ayer que la policía del Ulster (RUC) ha torturado a sospechosos de actividades terroristas durante sus interrogatorios. El ministro para Irlanda del Norte, que ha roto su silencio oficial para presentar ante el Parlamento el informe Bennet -publicado precipitadamente, como se adelantaba ayer en estas columnas-, ha declarado que el Gobierno acepta sus conclusiones.

Estas confirman plenamente, en líneas generales, los datos aportados hace una semana por un médico de la policía de Belfást, Robert I...

Después de haberlo negado durante años, el Gobierno británico se ha visto obligado a admitir ayer que la policía del Ulster (RUC) ha torturado a sospechosos de actividades terroristas durante sus interrogatorios. El ministro para Irlanda del Norte, que ha roto su silencio oficial para presentar ante el Parlamento el informe Bennet -publicado precipitadamente, como se adelantaba ayer en estas columnas-, ha declarado que el Gobierno acepta sus conclusiones.

Estas confirman plenamente, en líneas generales, los datos aportados hace una semana por un médico de la policía de Belfást, Robert Irwin, sobre malos tratos a numerosos detenidos del IRA. Según el ministro para el Ulster, Roy Mason, el Gobierno se propone remitir el informe al fiscal general para que se proceda judicialmente contra los culpables. El señor Mason, sin embargo, no ha detallado qué medidas piensa adoptar Londres para impedir en lo sucesivo estos hechos.Grave escándalo

El impacto del informe se ha visto multiplicado por un grave elemento de escándalo. En algún departamento gubernamental o policial se ha «filtrado» a la prensa -y el matutino conservador The Daily Telegraph lo recogía ayerque el doctor Irwin habría actuado por resentimiento contra las fuerzas de orden público del Ulster, incapaces de apresar hace dos años al violador de su esposa, un presunto miembro de una organización paramilitar protestante, o del SAS, el regimiento secreto que opera en Irlanda del Norte.

La reacción ha sido fulminante. El ministro Roy Mason ha dado explícitas garantías en los Comunes de que ningún funcionario de su departamento ha intervenido en este turbio asunto. El diputado Gerry Fitt, líder del principal partido católico de la provincia, ha pedido un debate urgente en los Comunes el lunes. El portavoz conservador para el Ulster, Airey Neave, ha calificado como «basura» la maniobra, que en círculos periodísticos de la capital británica se califica de «burdo arnarillismo», destinado a poner en tela de juicio la credibilidad de un profesional que ha tenido el valor de denunciar lo sucedido.

El informe Bennet

La comisión de encuesta, presidida por el juez Harry Bennet, que ha trabajado durante siete meses después de que Amnesty International formulara denuncias concretas el verano pasado, establece que un número de detenidos sin precisar han resultado heridos durante su custodia por la policía y que sus lesiones, que van desde quemaduras a roturas de tímpano o bazo, no podían haber sido autoinfligidas. El informe aporta abundante evidencia médica y revela estados psicológicos anormales, de ansiedad o temor, entre los interrogados por el RUC en Castlereagh, junto a Belfast, o en un segundo centro policial en el condado de Armagh.

Entre las sugerencias, ya anticipadas, para evitar las torturas figuran la instalación de televisión en todos los lugares de interrogatorio y que a los detenidos se les permita ponerse en contacto con sus abogados a las 48 horas de su retención. El informe aconseja también la limitación de los interrogatorios a cuatro horas como máximo -ahora es discrecional- y que a los arrestados se les conceda el derecho a ser examinados médicamente cuando salgan de las dependencias policiales.

Las dos primeras recomendaciones del informe -que, en general, se muestra sumamente crítico con las prerrogativas policiales derivadas de la ley antiterrorista vigente en el Ulster- serán inmediatamente puestas en práctica por el Gobierno, según el ministro Mason.

En su conclusión, el juez Harry Bennet pone el énfasis en que las violaciones de los derechos humanos por él investigadas son especialmente inadmisibles en el Reino Unido, que se precia de ser un adalid histórico en su respeto. El juez resalta la labor general de la policía norirlandesa (una fuerza semiautónoma denominada Royal Ulster Constabulary) y recomienda atajar inmediatamente los comportamientos desviados para proteger su buen nombre.

Capitalización del IRA

Es evidente que tanto domésticamente como, y sobre todo, a escala internacional el IRA va a capitalizar las conclusiones de la investigación publicada ayer. Más todavía, por cuanto su difusión se, produce al día siguiente de que un reducido número de periodistas elegidos por el Gobierno hayan tenido ocasión de visitar la prisión de Maze, en Belfast, donde desde hace meses casi cuatrocientos miembros del Ejército Republicano Irlandés protagonizan -en reivindicación del status de prisioneros políticos- una huelga de limpieza personal que ha convertido en una gran letrina un sector de este penal de máxima seguridad.

La conclusión obtenida por los visitantes de Maze es que la moral del IRA se mantiene, por lo menos, tan firme como la posición del Gobierno británico de negarles lo que piden. Londres, sin embargo, está sufriendo una muy intensa presión internacional, sobre todo por parte de sectores políticos norteamericanos de vinculación irlandesa, para que explique satisfactoriamente las condiciones de detención en Maze y la larga y dramática batalla de un sector de sus reclusos en apoyo de su petición de status político.