Autónoma y Complutense exigen intervenir en el anteproyecto de ley de Universidades

Tras cuatro meses de trabajos previos, individuales y en grupo la Complutense produjo trescientos folios de opiniones sobre la autonomía universitaria que una comisión de noventa miembros, compuesta por la Junta de Gobierno y una representación de profesores, alumnos y personal no docente se encargó de ordenar, clasificar y eventualmente discutir antes de pasarla al Ministerio.En muchas respuestas se explicitaba el escepticismo y la desconfianza de quienes están acostumbrados a no ser preguntados sobre su futuro. Pero la esperanza fue superior al desánimo y en dos reuniones plenarias de la com...

Tras cuatro meses de trabajos previos, individuales y en grupo la Complutense produjo trescientos folios de opiniones sobre la autonomía universitaria que una comisión de noventa miembros, compuesta por la Junta de Gobierno y una representación de profesores, alumnos y personal no docente se encargó de ordenar, clasificar y eventualmente discutir antes de pasarla al Ministerio.En muchas respuestas se explicitaba el escepticismo y la desconfianza de quienes están acostumbrados a no ser preguntados sobre su futuro. Pero la esperanza fue superior al desánimo y en dos reuniones plenarias de la comisión se llegó a un consenso entre todos los participantes sobre los seis puntos que contenía la encuesta ministerial, con la previa advertencia de que la ley sobre Universidades deberá ser posterior a la promulgación de la nueva Constitución.

De modo semejante y con el telón de fondo de la desconfianza, en la Universidad Autónoma comisiones espontáneas de trabajo han producido también un abundante material traducido en las diecisiete ponencias que se discutieron y votaron en la sesión plenaria del claustro que tuvo lugar el miércoles y jueves pasados.

Aunque el resultado de la votación no se conocerá hasta pasados unos días, las numerosas intervenciones y debates habidos en el seno de la citada reunión del claustro permiten suponer hacia dónde apuntan los deseos de la mayoría,

Es importante decir que la desconfianza y escepticismo de la Autónoma con respecto a la consulta se ha traducido en una ponencia en la que, de forma expresa, y en base a toda una serie de argumentos de carácter legal, se pide que el Ministerio someta a la audiencia de las universidades, el texto de su anteproyecto de ley, aun antes de que éste sea elevado al Consejo de Ministros. Asimismo, numerosos estudiantes y profesores expresaron en voz alta en este claustro su absoluta convicción de que el equipo Cavero tiene más que perfilado el texto de la ley sobre la Universidad, y esto sin esperar a conocer de modo expreso cuáles son los deseos e inquietudes de los afectados.

Por su parte, la Universidad Politécnica también ha dado fin a una laboriosa recopilación de respuestas que por no haber sido resumidas en un documento semejante al de la Complutense y por carecerse, de momento, de datos sobre cuáles cuentan con mayor consenso, no pueden ser recogidas hoy en este apunte de urgencia.

Finalmente, y por lo que respecta a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), sumida en estos momentos en un particular proceso de revitalización tras la crisis aguda que esta institución había venido padeciendo prácticamente desde su nacimiento, pero muy especialmente a finales del pasado curso y principios de éste, hasta llegar a la elección democrática de un nuevo rector, no se ha dado respuesta alguna a la consulta del Ministerio. «Lo más urgente para nosotros -explicó a EL PAÍS su rector- es dotar a esta Universidad de los estatutos de que carece desde su creación y, desde luego, recabar del equipo ministerial para la UNED un apoyo que jamás ha tenido. Basta con advertir que carecemos de edificio y que la precariedad de medios y de espacio es tan grave que amenaza con estrangular por completo nuestro futuro.»

«La UNED fue una feliz idea que si todavía no ha llegado a ser la espléndida realidad que se esperaba es por la absoluta desatención de los sucesivos equipos ministeriales. Lo urgente ahora es ese apoyo. De ahí que no hayamos dispuesto de tiempo ni de ánimos piara gastarlos en dar respuesta a una consulta que, por otra parte, ha tenido escaso eco entre el personal de la UNED.»

Autonomía y gobierno

La Complutense desea una Universidad pública financiada por la sociedad y controlada por ésta, aunque sea responsabilidad de la comunidad universitaria el gestionar su funcionamiento. Este es el primer sentido de la autonomía universitaria: capacidad de gestión por sus protagonistas directos, pero control del pueblo a través de sus órganos representativos, para que esa institución, la Universidad, sea responsable ante el país que la financia y a cuyos intereses sirve. Como consecuencia, se afirmó el rechazo a la Universidad privada y la necesidad de que cada Universidad se desarrolle en profunda simbiosis con la región donde radica.La Autónoma señala tres campos en los que la Universidad ejerce su autonomía: a través de la libre contratación del personal docente y no docente, la gestión del presupuesto y la elaboración de planes de estudios. Se propone la creación de un órgano coordinador interuniversitario, que actuará ante el Ministerio y el propio Parlamento y que, entre otras atribuciones, tendrá la de negociar en nombre de la Universidad el presupuesto global de todas las instituciones.

Consejo Social Universitario

La Universidad -sigue sugiriendo la Autónoma- se vincula a su nacionalidad o región a través de un Consejo Social Universitario, integrado por representantes de la Administración central o de las instituciones autonómicas, representantes de la propia Universidad, sindicatos y otras fuerzas sociales. Este Consejo tendrá carácter consultivo, pero su intervención habría de ser preceptiva en asuntos tales como la creación de nuevos centros, el señalamiento del marco general para la elaboración de los planes de estudios y el asesoramiento para los de investigación.La necesidad de una financiación suficiente para cumplir los objetivos que la sociedad demanda a los centros de enseñanza superior fue una y otra vez puesta de manifiesto en las respuestas de la Complutense ante el descalabro que supone la virtual congelación de la inversión universitaria desde 1973. Se propone que las universidades presenten un presupuesto razonado de sus necesidades económicas a la vista de las funciones que desarrollan y que un organismo interuniversitario (quizá ese órgano coordinador de que habla la Autónoma) coordine, entre otras cosas, esta propuesta de gasto de enseñanza superior, antes y después de que el Parlamento la apruebe. Se postula un control público de ese gasto, aunque se desea que desaparezca la constante interferencia ministerial en la gestión ordinaria del presupuesto universitario.

Hacia el cuerpo único de profesores

El documento de la Complutense aboga por una desaparición de los modos urgentes de selecición y dependencia del profesorado. Las universidades deben poder contratar directamente a sus docentes e investigadores y estipular con ellos condiciones vinculantes de trabajo, aunque las fórmulas de contratación habrán de garantizar la idoneidad de los elegidos. La docencia se considera una profesión de dedicación completa, aunque ello no excluya la contratación de profesionales o expertos no académicos para completar prácticamente las actividades de los profesores. Un cierto énfasis se pone sobre la conveniencia de estimular a los futuros docentes. mediante la creación del profesorado en formación..Por su parte, la Autónoma propone que desde una configuración unitaria del personal docente, en ciertos casos sea posible la dedicación exclusiva a tareas de investigación por parte de algunos profesores.

Claramente se opta por el contrato laboral como mejor fórmula para regular las relaciones del centro con el docente. Unas comisiones de contratación, representativas e idóneas, evaluarán los méritos académicos, los trabajos de investigación y la capacidad docente. Existirá el derecho a recurrir contra las resoluciones de estas comisiones, que habrán de ser razonadas y públicas.

Se recuerda que está sin desarrollar la necesaria puesta en práctica prevista por la ley General de Educación del año sabático, una práctica habitual en las universidades extranjeras, en virtud de la cual el profesor puede disponer, cada siete años de ejercicio docente, de un año para viajes de estudios, reciclaje, conferencias, labor de investigación, etcétera.

Con independencia de las funciones académicas de cada enseñante universitario, se postula la posibilidad de todos a acceder a los puestos de gobierno. También que desde una unidad de salarios para todas las universidades, las retribuciones del profesorado se determinen por el órgano de coordinación interuniversitario. Asimismo, se exige el derecho a la sindicación, a la Seguridad Social. Finalmente, tras pedir una congelación inmediata de las oposiciones, se propone que los actuales no numerarios que llevan un período igual o superior a los períodos de prueba que se establezcan para el nuevo profesorado sean evaluados de modo inmediato por las correspondientes comisiones para su paso a la condición de profesor ordinario y estable.

Mínima selectividad

El tema de la admisión de alumnos tiene en la Complutense resonancias especiales ante la enorme presión que la población de Madrid ejerce sobre sus posibilidades de atención. Se insistió, pues, en la necesidad de crear más universidades madrileñas, y reducir el tamaño de la Complutense, que este año ha sobrepasado los 100.000 alumnos y se ha convertido en una entidad ingobernable. Se postula la objetividad de las pruebas de selección y que no se nieguen oportunidades de estudiar a quienes se encuentran por encima de unos niveles académicos mínimos.La Autónoma, al respecto, distingue entre acceso y permanencia. Respecto a lo primero, da una gran importancia al papel del órgano de coordinación interuniversitaria para aquellos casos en los que sea absolutamente necesaria la limitación. Se rechaza, empero, toda medida selectiva en el transcurso de la carrera, como puede ser en el paso de un ciclo a otro.

Las dos universidades coinciden, finalmente, con ligeras variaciones de escaso matiz, en los dos puntos finales de la encuesta, que se refieren a los planes de estudio e investigación, así como a la planificación administrativa.

Desean las dos instituciones que se haga compatible la valoración homogénea de los títulos a nivel de todo el, Estado, con una absoluta autonomía de las diversas instituciones universitarias en cuanto al establecimiento de sus planes de estudio.