El PSOE mantiene su oposición al tratado pesquero con Marruecos

Ante el inminente inicio de los debates parlamentarios sobre la ratificación del acuerdo pesquero con Marruecos, suscrito por los Gobiernos de ambos países en febrero del pasado año, se han multiplicado las manifestaciones de quienes sustentan posturas a favor -grandes armadores y UCD, básicamente- y en contra -partidos de oposición y centrales sindicales- del tratado.Las posiciones ante el debate parlamentario comienzan a perfilarse, tanto dentro como fuera del ámbito de las Cámaras. Las manifestaciones de partidarios y detractores van, en ocasiones, acompañadas de presiones por parte de aque...

Ante el inminente inicio de los debates parlamentarios sobre la ratificación del acuerdo pesquero con Marruecos, suscrito por los Gobiernos de ambos países en febrero del pasado año, se han multiplicado las manifestaciones de quienes sustentan posturas a favor -grandes armadores y UCD, básicamente- y en contra -partidos de oposición y centrales sindicales- del tratado.Las posiciones ante el debate parlamentario comienzan a perfilarse, tanto dentro como fuera del ámbito de las Cámaras. Las manifestaciones de partidarios y detractores van, en ocasiones, acompañadas de presiones por parte de aquellos sectores cuyos intereses aparecen más comprometidos. La única oposición que se perfila va a provenir del grupo socialista, que ayer difundió un comunicado matizando su postura frente a los términos del tratado. Básicamente, el PSOE considera inaceptable la progresiva marroquización de la flota atlántica -esencialmente canaria-, prevista en un 50 % para el primer quinquenlo, de aplicación del acuerdo y que pudiera incrementarse en los años siguientes, derivada de la exigencia de abanderar los barcos que accedan a los caladeros que contempla el tratado en las sociedades mixtas hispano-marroquies constituidas al amparo del tratado mismo, o en aquellas exclusivamente marroquíes. A todos los efectos, la legislación aplicable, incluida la específicamente laboral, será la que rija en el reino alauita. Esta última particularidad pone en peligro -a juicio del grupo socialista- la continuidad del puesto de trabajo de los pescadores españoles o, cuando menos, una merma de sus condiciones de trabajo. Esta marroquización de la flota, a partir de la constitución de sociedades mixtas con entrada de capital de los grandes armadores y conserveros españoles afincados actualmente en Canarias, prevé el tratado se realice con cargo al crédito a la exportación que prevé la legislación española.

Oposición en Canarias

Otro de los puntos esenciales señalados es la concesión por parte española de un crédito de 3.525 millones de pesetas, destinado a financiar la dotación de una infraestructura pesquera en Marruecos. Este extremo causó especial sensibilización en la opinión pública canaria, en su día, provocada por su coincidencia con eternas dilaciones por parte de la Administración Central respecto a la concesión de un plan estatal de ayuda al sector pesquero del archipiélago, que algunas fuentes oficiales llegaron incluso a evaluar en 7.000 millones de pesetas. La reacción alcanzó especial virulencia en marzo de 1977, cuando se desarrolló una huelga general en Santa Cruz de Tenerife, convocada por la mayoría de partidos de izquierda de la isla. Igualmente, se ha demorado paulatinamente la reiteradamente anunciada regionalización de la pesca en la zona canaria.

El aspecto esencial que concita la discrepancia de los socialistas es que el Gobierno no empleó ninguno de los argumentos económicos, técnicos e incluso geopolíticos en presencia, en aras de obtener unos beneficios para el sector en general y la economía española, en lugar de atender exclusivamente a los intereses de los grandes armadores y conserveros. El tratado compromete decisivamente las posibilidades de desarrollo y supervivencia de las pesquerías autóctonas de la zona atlántica, en opinión del grupo parlamentario del PSOE.

El acuerdo con Marruecos se negoció a partir de la primavera de 1976, siendo suscrito en Rabat por el entonces ministro de Comercio, José Lladó -actual titular de Transportes y Comunicaciones-, en febrero de 1977, tras dilatadas y complejas negociaciones, influidas, sin duda, por las continuas agresiones de lanchas costeras alauitas contra pesqueros españoles. Pretendidamente, el tratado se pretende inscrito en el contexto de los pactos tripartitos de Madrid, entre Marruecos, Mauritania y España, por el que se decidía el futuro del antiguo Sahara español. Sin embargo, existe una abierta contradicción entre ambos textos.

El acuerdo tripartita de Madrid -noviembre de 1975- especifica, que Marruecos y Mauritania se comprometen a reconocer los derechos de la flota española -ochocientos barcos en concreto- a pescar frente a las costas saharauis durante los siguientes veinte años; los cinco primeros años, sin abonar cuota alguna, y los quince restantes, mediante la fijación de cuotas en las condiciones más favorables posibles, por debajo de las más ventajosas concedidas a terceros países. Frente a esto, el tratado con Marruecos niega todo derecho a los barcos españoles, a menos que sean previamente abanderados en las aludidas sociedades mixtas o marroquíes. Tampoco el concierto con Mauritania reconoce el compromiso de Madrid de 1975.

En el ámbito político tampoco se alude en lo suscrito con Rabat a las peculiaridades del caladero canario-sahariano, cuya soberanía continental no ha sido reconocida todavía por los organismos internacionales, ni siquiera por el Gobierno de Madrid.

En la firma del acuerdo con Marruecos participó el entonces director general de Pesca y antiguo gerente de la empresa Pescanova -con importantes intereses en la zona-, Víctor Moro, diputado de Unión de Centro Democrático por Pontevedra en el actual Congreso.