El precio de la cultura

LOS DIFERENTES equipos de munícipes que han venido ocupando el Ayuntamiento de Madrid a lo largo de varias décadas no hacen ademán de llevarse la mano a la cadera cuando oyen la palabra «cultura». Se limitan, simplemente, a autorizar el derribo de edificios de interés histórico (como en el caso del mercado de la plaza de Olavide), a prohibir el enriquecimiento del patrimonio artístico del común (negándose a colgar la escultura de Eduardo Chillida en el puente de Juan Bravo) y a destruir perspectivas urbanas de gran belleza (bien sea mediante la oportuna edificación de la monstruosa torre de Va...

LOS DIFERENTES equipos de munícipes que han venido ocupando el Ayuntamiento de Madrid a lo largo de varias décadas no hacen ademán de llevarse la mano a la cadera cuando oyen la palabra «cultura». Se limitan, simplemente, a autorizar el derribo de edificios de interés histórico (como en el caso del mercado de la plaza de Olavide), a prohibir el enriquecimiento del patrimonio artístico del común (negándose a colgar la escultura de Eduardo Chillida en el puente de Juan Bravo) y a destruir perspectivas urbanas de gran belleza (bien sea mediante la oportuna edificación de la monstruosa torre de Valencia como un King-Kong sobre el Retiro, bien sea transformando el hermoso paseo de la Castellana en un cementerio de mamarrachos).En la primavera pasada, el esfuerzo conjunto de los gremios de editores y libreros permitió la celebración de una Feria del Libro en la plaza de Castilla y en el barrio de Vallecas simultánea a la que tradicionalmente es instalada en el paseo de Coches, tras la también tradicional pugna con el Ayuntamiento de Madrid, que suele reservar sus amores y sus facilidades para las exposiciones de perros y se muestra cicatero y estricto con los profesionales del libro. El Instituto Nacional del Libro Español subvencionó a la cuarentena de libreros que prefirieron la incomodidad y las bajas ventas en las zonas periféricas de Madrid a la habitual y rentable Feria del Retiro. Y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, en un pasmoso rasgo con escasos antecedentes, se sumó a este esfuerzo por llevar los libros a las barriadas populares.

Pero no hay bien que muchos meses dure. Ahora la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento se dispone -dura lex, sed lex- a embargar al Instituto del Libro por negarse éste a pagar unos miles de duros en concepto de impuesto de utilización del suelo municipal durante dos semanas. Nos parece bochornoso que se aplique a unos libreros movidos por el deseo de llevar la cultura a las zonas periféricas, sin más ánimo de lucro que el propósito de cubrir los gastos, el mismo trato impositivo que a los quincalleros y vendedores ambulantes.