La política y la Hacienda Pública

Director del Instituto de Estudios Fiscales

La Economía y la Política presentan importantes y acusados paralelismos. La Política y la Economía se organizan para conseguir el Poder. Cada sistema económico conduce a una determinada estructura socioeconómica o provoca una determinada distribución de la riqueza nacional. Cada sistema político configura una forma de gobernar con la correlativa participación del ciudadano en las decisiones públicas. Por ello no ha sido posible que el economista ignorara los fenómenos políticos, ni que el Político prescindiera de los problemas ec...

Director del Instituto de Estudios Fiscales

La Economía y la Política presentan importantes y acusados paralelismos. La Política y la Economía se organizan para conseguir el Poder. Cada sistema económico conduce a una determinada estructura socioeconómica o provoca una determinada distribución de la riqueza nacional. Cada sistema político configura una forma de gobernar con la correlativa participación del ciudadano en las decisiones públicas. Por ello no ha sido posible que el economista ignorara los fenómenos políticos, ni que el Político prescindiera de los problemas económicos. Es más, la sustancial coincidencia de las auténticas ideologías políticas -no de los sectarismos políticos desde la perspectiva de la justicia social y/o del bien común, ha trasladado las diferencias de índole política al plano instrumental, esto es, con qué medios se ha de actuar y, sobre todo, con qué ritmo se ha de cambiar. Y como los instrumentos al servicio de la Política -siempre con mayúscula- son fundamentalmente económicos, no debe sorprendernos que las opciones políticas de carácter sustantivo se planteen en el orden económico. Ello no excluye que la Política maneje ideologías y otros objetivos de rango espiritual -a veces meros símbolos- para suscitar adhesiones, para obtener fervores y, en definitiva, para confirmar obediencias. Y así es, mal que nos pese.

Ahora bien, entre las decisiones económicas más trascendentales del Poder político están las que enmarca la Hacienda Pública. Decisiones sobre los bienes públicos que se pongan a disposición de los ciudadanos, y decisiones sobre los recursos públicos que se detraigan de los ciudadanos para financiar el coste de tales bienes públicos o colectivos. El día que los países se decidan a establecer Constituciones que superen lo accidental o efímero y que respeten escrupulosamente la libertad de todos, sus electores votarán, casi exclusivamente, qué bienes o servicios públicos prefieren y qué tributos desean pagar. Es decir, la Hacienda Pública está convocada a instrumentar tales opciones políticas integralmente concebidas. Las llamadas ideologías fiscales son, ciertamente, ideologías políticas. La Hacienda Pública como panoplia de medios financieros está al servicio de toda la comunidad política. La Política habrá de contar con el juego de los grupos de intereses, pero los grupos de intereses no deben presionar a la Hacienda Pública de modo que cree deformaciones y, mucho menos, perturbando sus actuaciones o sus procedimientos. El sistema tributario, concretamente, debe ser armónico, racional y justo. El sistema tributario no debe degradarse reflejando el resultado de la negociación con intereses «materiales» o sirviendo ventajas heredadas o egoísmos presentes en quienes a fuerza de ser conservadores no son conservadores. El tributo es un fenómeno sociopolítico al servicio de lo justo y de la solidaridad nacional, y no debe apartarse de tan altos objetivos, cualesquiera que sean las tensiones originadas.

Está, pues, en lo cierto el actual ministro de Hacienda cuando se expresó -como al principio he recogido- ante los diputados en una sesión parlamentaria de carácter informativo. En esta línea han estado cuantos han captado con grandeza las funciones de la Hacienda Pública. Basten los dos siguientes ejemplos.

Uno, Fernández Villaverde, el reformador de la Administración tributaria española, que el día 17 de junio de 1889 se expresó así: «Y termino ( ... ), diciéndoos a todos, amigos y adversarios, que para continuar esta obra (la reforma tributaria de 1900) espero, necesito y deseo la cooperación de todos; porque, como he dicho repetidamente, tratando de asuntos de Hacienda, creo que con alguna autoridad, a causa de haber unido siempre el ejemplo con el consejo, no hay Hacienda de partido. La Hacienda es de todos; la Hacienda no se improvisa, como se pueden improvisar las soluciones políticas; y en medio de la inestabilidad de los Gobier nos, tan enemiga de la Hacienda Pública, pero inherente al régimen parlamentario, es forzoso que en España, como en otros países que gozan del propio régimen, esa inestabilidad se compensé, sea suplida por el acuerdo tácito entre los partidos, merced al cual, y continuando siempre una tradición en esta materia, no deshaciendo por pasión política lo que haya hecho el adversario, sino continuándolo, de esta manera, y merced a ese acuerdo, se labra en común, a través de los pasajeros disentimientos de la política, la fortuna, el bienestar y también la regeneración y la gloria de la Patria.»

Y otro, Chapaprieta, el reformador tributario defenestrado por una derecha económica miope, que el día 15 de octubre de 1935 concluía como sigue: «... y acudirá uno y otro día a resolver estos problemas, que si no son brillantes, que son si queréis grises, que no llenan los escaños de esta Cámara y no producen grandes titulares en los periódicos, son los que hacen España, constituyen la manera de revivir España, y el Gobierno, firme en esto, no desentendiéndose de los demás problemas que pesan sobre España, atendiéndolos, pero cuidando especialmente todo lo que se refiere a materias financieras y económicas, se propone intensificar esta política, seguro, persuadido de que hará por España tanto o más que aquellos otros Gobiernos que, muy brillantemente, con párrafos muy elocuentes, hablando mucho de política, que ya no se discute en el mundo, no hacen más que encrespar las pasiones, dejando en tanto esos campos de España yermos ... ».