El concierto- farmacias- INP contradice los acuerdos del "pacto de la Moncloa"

Como se recordará, entre los meses de abril y junio pasados, al aproximarse la fecha de expiración del concierto que ahora se renueva, se planteó un serio conflicto entre la corporación farmacéutica y la Seguridad Social, que tuvo amplia repercusión en todos los medios informativos. Los farmacéuticos libraron entonces una enconada batalla para conseguir lo que ellos llamaron aportación cero, es decir, ningún descuento a la Seguridad Social, frente a la postura de las autoridades de la misma que una y otra vez manifestaron públicamente entonces no hallarse dispuestas a renunciar a tal ap...

Como se recordará, entre los meses de abril y junio pasados, al aproximarse la fecha de expiración del concierto que ahora se renueva, se planteó un serio conflicto entre la corporación farmacéutica y la Seguridad Social, que tuvo amplia repercusión en todos los medios informativos. Los farmacéuticos libraron entonces una enconada batalla para conseguir lo que ellos llamaron aportación cero, es decir, ningún descuento a la Seguridad Social, frente a la postura de las autoridades de la misma que una y otra vez manifestaron públicamente entonces no hallarse dispuestas a renunciar a tal aportación. Sin embargo, en el acuerdo firmado el 28 de junio por el que se prorrogaba el concierto hasta el 31 de diciembre, el INP ya se comprometía a no percibir descuento alguno de las oficinas de farmacia a partir del 1 de enero del 78.En el referido acuerdo se decía que para que no se produjera perjuicio alguno a la Seguridad Social, «se compromete la corporación desde este momento a estudiar conjuntamente con la Seguridad Social las medidas necesarias y convenientes a tal fin, y, entre otras, las de las prestaciones profesionales y la colaboración en el control de la dispensación farmacéutica, elevándose al Gobierno las propuestas oportunas por ambas partes, antes del 31 de octubre de 1977».

La corporación farmacéutica entregó a la Administración, dentro del plazo previsto, unas determinadas ponencias que recogerían, es de suponer, las medidas que está dispuesta a tomar para colaborar con la Seguridad Social y compensarla así de la considerable suma de millones de aumento en las prestaciones a los asegurados que le va a suponer en el próximo año la renuncia al descuento.

Se sabe que estas ponencias, cuyo alcance y contenido pleno desconocen los propios farmacéuticos, con excepción, claro está, de los componentes de las comisiones encargadas de su redacción, fueron trasladada al ministro de Sanidad y Seguridad Social y, de modo inmediato, las autoridades del INP procedieron a la firma del concierto.

De hecho, también se ignoran, por el momento, los términos reales del nuevo concierto, pues ni la Administración ni los dirigentes de la corporación farmacéutica los han dado a conocer. La base de dicha corporación, por una parte, y los asegurados, por otra, no han merecido hasta ahora una información a la que es obvio que tienen derecho.

Sí se ha apuntado que el concierto recoge que, en adelante, todo el proceso de facturación correrá por cuenta de los farmacéuticos, aunque tampoco se ha explicado suficientemente esto. Actualmente dicho proceso es doble: lo hacen las farmacias y después la Seguridad Social. Según han declarado a EL PAIS fuentes próximas al INP, este cambio en el sistema de control de dispensas y de la subsiguiente facturación puede suponer un ahorro a la Seguridad Social de unos 1.500 millones de pesetas. Pero no deja de llamar la atención que se deje en manos privadas un proceso que implica el dominio de una información valiosísima, y hasta negociable, que parece que sólo debiera estar en las de la Administración pública. En todo caso, el ahorro de esos 1,500 millones está claro que queda muy lejos de la pérdida que supone para el INP la dejación del descuento.

Hay otro aspecto que merece la atención del público y que demanda un detenido análisis. Es el que se refiere a la permanencia en el nuevo concierto de una cláusula, la 5-2, que se conserva del anterior y que dice: «El INP asume, además, la obligación expresada de prohibir y evitar que se haga entrega de medicamentos a los beneficiarios para su aplicación fuera de las instituciones sanitarias, de modo que dicha dispensación se haga siempre a través de las oficinas de farmacia legalmente establecidas y abiertas al público. »

Debe tenerse en cuenta que este concierto ha sido firmado días después de hacerse público el documento económico de la Moncloa. En el mismo se establecía en su capitulo seis, apartado E-3: «Se autorizar á el despacho directo de productos farmacéuticos básicos en el recinto de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social a los beneficiarios de la misma.»

Es evidente que se produce así una clara contradicción entre los compromisos contraídos por el Gobierno con los partidos políticos y, en definitiva, con todo el país, y los que acaba de contraer con una reducida parte del mismo: los farmacéuticos.

Ignorancia

Tal vez la clave de esta contradicción, que vista así quizá no sea tal contradicción, esté en 16 que el señor Gómez de Agüero, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid indicó a sus colegasen una reunión celebrada días antes de la firma del concierto. Según el señor Agüero «parece ser que el ministro de Sanidad ignoraba - el punto del pacto que había causado tan penosa impresión el- incluso, que era ignorado por el propio presidente del Gobierno, quien se declaró sorprendido al conocer el motivo de la primera manifestación farmacéutica ante el palacio de la Moncloa», según se informa en el último número del Boletín Informativo del Colegio Farmacéutico de Madrid.

Como se sabe, en el plazo de veinticuatro horas los estudiantes de Farmacia protagonizaron los días 27 y 28 de octubre pasado dos manifestaciones multitudinarias ante el palacio de las Cortes, después de que el señor Gómez Agüero los pusiera sobre aviso del grave peligro que para su futuro profesional podría encerrar la aplicación del célebre punto seis del pacto de la Moncloa.

Tras llamar ruidosamente la atención de la opinión pública sobre su problema, ante la inminencia de la firma del concierto, los dirigentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos se mostraron mucho más cautos y silenciosos en los, días posteriores. Había que sacar el concierto adelante con el menor ruido posible, y en tal sentido se sabe que en diversas reuniones llegó a pedirse que se abriera una investigación para descubrir y expulsar del colegio a los farmacéuticos que podrían estar suministrando información a EL PAÍS, que dedicó preferente atención al tema en esos días.

De cualquier modo, para los dirigentes farmacéuticos, la firma del concierto ha sido considerada, como una victoria. Se ignora cuál puede ser la opinión oficial de las autoridades del Ministerio de Sanidad, si bien las fuentes consultadas por este periódico dieron a entender que, en realidad, sería ésta una victoria pírrica, dado que el concierto habrá de convertirse en papel mojado en el instante mismo en que la nueva ley de Sanidad, que necesariamente habrá de inspirarse en los acuerdos de la Moncloa, sea votada en las Cortes. Según dichas fuentes, el tema de la dispensación de productos farmacéuticos en el recinto de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social es una vieja aspiración de las autoridades. Lo que sucede es que no se improvisa- en un día toda la infraestructura necesaria para llevarla a cabo. Se calcula, por otra parte, que el máximo de puntos de dispensación directa que podrían crearse serían unos mil y, desde luego, para su puesta en marcha habrá que contar con los propios farmacéuticos.

Por su parte, los partidos políticos que firmaron el pacto no han sido tampoco muy explícitos y apenas sí se han ocupado públicamente sobre la necesidad de llevar adelante el punto seis del pacto.

A meses Vista de las elecciones municipales, y conocedores tanto el Gobierno como los partidos de la todavía considerable capacidad de influencia política de los farmacéuticos, sobre todo en el medio rural, no parece nadie muy interesado en sacar el tema del estado de ambigüedad en que se encuentra.

En este sentido, son bastante esclarecedoras las palabras del director general de Ordenación Farmacéutica, señor Reol Tejada, en el acto de clausura de las

Primeras jornadas farmacéuticas celebradas en Madrid del 19 al 23 de noviembre pasado. El señor Reol hizo una encendida defensa de la política estrictamente centrista del Gobierno de UCD y, refiriéndose de manera indirecta a la amenaza de socialización que podría suponer el punto seis del pacto, indicó que la UCD está por la libertad y cuando se está por la libertad no puede estarse por la estabilización a ultranza.

El caso es que, mientras tanto el gran objetivo de numerosos farmacéuticos, sobre todo de los pertenecientes a las últimas pro mociones, cual es el de recuperar por todos los medios su identidad profesional, perdida hoy en el desempeño forzoso de una actividad estrictamente comercial habrá de seguir esperando.