Madrid contará con un hospital geriátrico y otra residencia de ancianos

Según afirmó el presidente de la Diputación Provincial, Enrique Castellanos, en pocos meses podrán inaugurarse la nueva residencia social de ancianos de Navalcarnero, que dará cobijo a unas 150 personas de edad avanzada, así como el Hospital Geriátrico de Villa del Prado, donde serán atendidas hasta 450 personas aquejadas de enfermedades propias de la vejez. Ambos centros llevan construidos varios meses, y estaban a falta de la concesión de un crédito de 65 millones para comprar mobiliario y acondicionar algunos servicios.

También en estos días se firmará el convenio entre la Diputación...

Según afirmó el presidente de la Diputación Provincial, Enrique Castellanos, en pocos meses podrán inaugurarse la nueva residencia social de ancianos de Navalcarnero, que dará cobijo a unas 150 personas de edad avanzada, así como el Hospital Geriátrico de Villa del Prado, donde serán atendidas hasta 450 personas aquejadas de enfermedades propias de la vejez. Ambos centros llevan construidos varios meses, y estaban a falta de la concesión de un crédito de 65 millones para comprar mobiliario y acondicionar algunos servicios.

También en estos días se firmará el convenio entre la Diputación, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y el Canal de Isabel II para suministrar agua a los pueblos de la sierra pobre.

Amnistía laboral

El pleno celebrado ayer incluyó un caso de amnistía laboral. El orden del día establece que «se reconoce a Consuelo Ramírez los 45 años, diez meses y veintinueve días de servicios, que incluyen tanto el tiempo que trabajó como el que estuvo apartada por motivos político-sociales». De paso, se le declara la situación de jubilada, ya que sobrepasa la edad para incorporarse de nuevo a su puesto de trabajo.

Nueve mil contratados

Más de 318 millones de pesetas le costarán a la Diputación Provincial las revisiones salariales concertadas con el personal de los distintos servicios que comprende. Otros cien millones de pesetas se destinan al pago de las facturas de los centros q u e cuentan con enfermos mentales atendidos por la Diputación. El volumen de dinero y personal que maneja este organismo alcanza cifras muy importantes, y la corrección de vicios estructurales de su funcionamiento le suponen una sobrecarga que grava la posibilidad de prestar otros servicios. Así, el simple hecho de convertir a 9.000 contratados en funcionarios de plantilla, supone que dejarán de pertenecer a la Seguridad Social y pasarán a depender sanitariamente de la Mutualidad de Funcionarios. Para ello tendrán que pagarse las cuotas que deberían haber abonado desde 1960, perdiendo, además, las pagadas estos años a la Seguridad Social.La Diputación presentará recurso, en un intento de evitar este nuevo gasto.