La tramoya amenaza con bajar el telón

Los tramoyistas de los teatros gestionados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), organismo dependiente del Ministerio de Cultura, están en pie de guerra. Muchos de ellos llevan años encadenando contratos temporales muy precarios (algunos de 15 días renovables) porque sus plazas no salían a concurso y ahora que por fin se ha publicado una convocatoria —dentro del gran paquete de...

Los tramoyistas de los teatros gestionados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), organismo dependiente del Ministerio de Cultura, están en pie de guerra. Muchos de ellos llevan años encadenando contratos temporales muy precarios (algunos de 15 días renovables) porque sus plazas no salían a concurso y ahora que por fin se ha publicado una convocatoria —dentro del gran paquete de empleo público que el Gobierno dio a conocer este agosto—, resulta que no pueden presentarse porque las bases de la oferta exigen titulaciones en estudios de Formación Profesional (FP) que no son las que habitualmente se cursan para formarse en los puestos que ocupan y que fueron las que les dieron acceso a sus trabajos. De momento, los afectados se han unido en una plataforma para movilizarse y no descartan una huelga que podría paralizar el arranque de la nueva temporada de instituciones como el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico o el Teatro de la Zarzuela.

Muchos de los tramoyistas que trabajan en los teatros del Inaem han cursado estudios en centros creados expresamente para formar a los profesionales del ramo: el Centro de Tecnología del Espectáculo de Madrid (dependiente del Inaem), el Centro de Formación Escénica de la Junta de Andalucía y la Estae, del Institut del Teatre de Barcelona. Son centros oficiales que cuentan con plantillas de profesorados de excelencia en los que se enseñan especialidades como maquinaria, regiduría, producción, sastrería o utilería. Entre los alumnos hay licenciados y doctores, entre ellos bastantes arquitectos. Pero no les sirve de nada ni a unos ni a otros. La Administración marca que tienen que poseer un título de FP, y no otra cosa. Y ninguno lo tiene. Entre otros motivos, porque ninguna especialidad de FP enseña estos oficios. Las que les piden están relacionadas con el ámbito audiovisual e incluyen alguna tan ajena como la de maestro fallero.

Como solución, se han planteado moratorias en algunas especialidades para que los afectados puedan cursar los estudios que se exigen. Los técnicos de maquinaria, sastrería, utilería y ayudantes técnicos podrían presentarse a la plaza para la que se han formado y, de ganarla, les darían un tiempo para sacar la titulación requerida. Pero eso no se aplicaría a los regidores ni a los técnicos de iluminación y producción, puesto que no existen categorías de FP concretas en esos campos. “Si el Gobierno quiere exigir titulaciones específicas, que las creen”, señalan desde la plataforma de afectados.

Se trata de un problema enquistado hace décadas en el Inaem y que se ha ido solucionando con parches y contrataciones temporales. Pero la normativa europea exige ahora que las plazas se convoquen según las normas del plan Bolonia. Pepa Hernández, presidenta de la Asociación de Regiduría de Espectáculos, explica que el error viene de lejos, ya que Cultura nunca ha gestionado la homologación de los estudios que imparte el Centro de Tecnología del Espectáculo por parte del Ministerio de Educación: “He tenido arquitectos preparadísimos en mis clases y no pueden opositar a una plaza que les permita acceder a un puesto laboral que llevan desempeñando hace años”, señala esta conocida profesional, que se escandaliza de que los regidores como ella estén encuadrados con los realizadores de televisión: “Practicarán con cámaras, pero no tendrán un teatro donde aprender. A los técnicos de iluminación los equiparan con los fotógrafos, y a veces no tienen ni focos para practicar”.

Se podría pensar que el Ministerio de Cultura tiene la culpa y la solución, ya que todos los afectados trabajan bajo el paraguas del Inaem. Pero el remedio no está en manos de Cultura. Ni de Educación. Ni de la Función Pública. Ni de Bruselas. Y al mismo tiempo todos son responsables. Y por si fuera poco hay otro escollo: para homologar los títulos del Centro de Tecnología del Espectáculo, Educación tendría que pasar la patata caliente a la Comunidad de Madrid, que se vería obligada a echar a la calle a los profesores que hay ahora y podría poner a enseñar tramoya, por ejemplo, a un licenciado en Derecho.

Si en los próximos días no se sientan todas las partes para buscar una solución, el problema podría estallarle al nuevo ministro de Cultura, Miquel Iceta, que no ha tenido nada que ver con la cadena de fallos perpetrados en años, pero tendrá que asumir sus consecuencias. Las movilizaciones podrían empezar el 11 de septiembre durante la entrega de los Premios Ópera XXI en el Teatro de la Zarzuela. Y nadie descarta ir a la huelga. Y una huelga en el sector de la cultura y el espectáculo causa pavor a cualquier político. Pocas familias hay más unidas, ruidosas y combativas a la hora de luchar por sus derechos que la del mundo de la escena.

Desde Cultura afirman ser conscientes de la excepcionalidad de estos oficios y de las dificultades para encajarlos en el contexto de la Administración General del Estado con unas categorías profesionales no equiparables ni análogas a ninguna otra y cuya formación especializada no está, en muchos casos, homologada.

La moratoria que se plantea para algunas especialidades ha sido firmada por UGT y CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), pero CC OO se ha negado a aceptar algo que consideran insuficiente. “Queremos que las categorías se adapten a las personas, y no al revés, para que el resultado sea en favor de los trabajadores”, apunta Mario Villoria, secretario general de CC OO en el Inaem, quien defiende un sistema de transición entre el periodo anterior y el nuevo “como existió al pasar de la peseta al euro, pero la Función Pública se cerró en banda”.

Ya hubo un precedente en un primer convenio en 1998 que estableció un periodo de transición, pero no tuvo continuidad. “Es una cuestión técnica y la Administración tiene que resolver el problema de las categorías laborales, ni siquiera se ha discutido que puedan presentarse trabajadores con grado o máster o los licenciados de antes o los doctores”, comenta Villoria. “Luchamos para que los centros de formación en tecnologías del espectáculo sean equivalentes a la FP, con profesores de sus especialidades”, añade.

“Iceta tendría que conseguir desencallar el lío con la Función Pública, que es donde todo está bloqueado, reflexionando para no entrar en contradicción con lo que exige Europa”, apunta Villoria. Tanto los sindicatos como los trabajadores creen que hay que aprovechar este descalabro para arreglar las cosas de una vez por todas: “No nos ha cuidado nadie, hemos soportado crisis tras crisis, es como si solo importara lo audiovisual porque da más dinero, y el Inaem sabe perfectamente que tener así a los trabajadores no es operativo; además, la gente está muy, muy cabreada”, concluye Pepa Hernández.