“No está escrito en piedra”: España intenta armar en Bruselas un grupo de presión de países para evitar más retrocesos en la lucha climática

Tras innumerables retrasos forzados por el cambio de rumbo político en el bloque comunitario que aleja la agenda medioambiental de la lista de prioridades, los ministros europeos de medio ambiente y clima tienen este martes la última oportunidad, antes de ...

Tras innumerables retrasos forzados por el cambio de rumbo político en el bloque comunitario que aleja la agenda medioambiental de la lista de prioridades, los ministros europeos de medio ambiente y clima tienen este martes la última oportunidad, antes de la cumbre del clima (COP30), que comienza dentro de dos días en Brasil, de llegar con los deberes hechos. Eso es cerrar, de una vez, tanto la reforma de la Ley Europea del Clima, que fije en la reducción de las emisiones de efecto invernadero en un 90% para 2040 en relación con los niveles de 1990, como el plan que establece los objetivos climáticos hasta 2035. España encabeza un grupo de países que busca mantener la ambición climática de la UE en la cita clave de este martes en Bruselas.

Europa negocia y actúa con un bloque ante la ONU. Por eso, presenta una única NDC, las siglas en inglés de Contribución Determinada a Nivel Nacional, con sus compromisos de reducir sus gases de efecto invernadero para toda la economía comunitaria. La cumbre del clima arranca el jueves y la UE, el grupo de naciones desarrolladas que en las últimas décadas ha empujado más para lograr una mayor ambición en las políticas contra el cambio climático, no la ha presentado todavía debido a las disputas internas. Eso es lo que deberían cerrar los ministros este martes en Bruselas. Y para ello es básico también contar con esa meta del 90% a 2040 en la Ley del Clima.

Aunque el objetivo del 90% está claramente señalado en la última propuesta de compromiso que la presidencia danesa de turno ha circulado entre las capitales, aún “no está escrito en piedra”, advierten fuentes diplomáticas. Y eso inquieta a países como España, Suecia y Finlandia, que quieren asegurar una meta que ya está en el límite más bajo de lo que los científicos han calculado necesario para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. Mantener el 90% es una línea roja, sostiene fuentes del Ejecutivo español. Sobre todo, acotan de forma coincidente desde varios de los países más ambiciosos, porque lo que está en juego es una legislación, es decir, un compromiso “vinculante” y que va a marcar las políticas medioambientales y competitivas de la UE los próximos 15 años.

La preocupación es mayor ante un panorama en el que un grupo nada desdeñable de países, y del que forman parte grandes economías como Francia, Italia y Polonia, siguen presionando para rebajar todavía más la forma de cumplir con las nuevas obligaciones que se deriven de ese plan. Este grupo intenta que se incluyan cláusulas de revisión parciales y hasta totales, o más margen de cumplimiento de las obligaciones mediante los denominados “créditos internacionales de alta calidad” que permitan compensar fuera de las fronteras europeas los déficits en materia de reducción de emisiones fijados.

Una de las últimas demandas incluidas por las presiones de este grupo de países es la del “freno de emergencia” propuesto por París ligado a las capacidades de los sumideros de carbono. “Si la Comisión considera que el nivel estimado de absorciones naturales netas para 2040 se desvía significativamente de lo que se requeriría para alcanzar el objetivo intermedio de 2040, incluso cuando se deba a perturbaciones naturales, la Comisión propondrá, cuando proceda, medidas a nivel de la Unión, incluido, si fuera necesario, un ajuste del objetivo intermedio de 2040 correspondiente a los posibles déficits y dentro de los límites de estos″, señala al respecto el último borrador circulado de cara a la cita de este martes, que ha podido consultar EL PAÍS.

Ante estas posiciones, España intenta cerrar un bloque alternativo de Estados miembros que intente mantener una posición de presión “que defienda un objetivo del 90%” de recorte de las emisiones en 2040 respecto a los niveles de 1990, la base sobre la que se debe construir el plan climático europeo que se debe presentar ante Naciones Unidas.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica adelantan que España “encabezará” este martes “una reunión informal de países con posturas más próximas” que se reunirá a lo largo de la jornada, de forma paralela a las discusiones en el Consejo. En ese encuentro, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, llamará a conformar “un grupo fuerte y cohesionado de países en torno a unas ideas clave”, según las mismas fuentes. Entre los países convocados están Portugal, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Suecia, Finlandia, Estonia, Eslovenia, Austria e Irlanda.

Transición Ecológica recalca que Aagesen ya ha transmitido al comisario europeo, Wopke Hoekstra, y a otros ministros de la UE en los últimos días que “es fundamental asegurar el apoyo a un objetivo del 90%” y que rebajar la ambición “pondría en riesgo la credibilidad y la competitividad” de Europa.

Esa misma inquietud la comparte la vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, la española Teresa Ribera. “La fortaleza económica y geopolítica de la UE sigue estando en su capacidad de transformación hacia un modelo socialmente inclusivo y justo, y ambientalmente solvente”, señala Ribera en declaraciones a EL PAÍS desde Brasil, donde participará esta semana en el comienzo de la COP30.

Y añade: “Retrasar la acción climática o reducir los objetivos por debajo de la senda prevista es una invitación a quemar dinero y perder oportunidades de inversión”, y constituiría “una muestra de debilidad e incoherencia que tendría enormes costes económicos y humanos”. Por ello, la española insta a los ministros a que, este martes, “apuesten por la verdadera competitividad europea, comprometida socialmente y coherente ambientalmente”.

La presidencia danesa de turno de la UE asegura que el texto que ha propuesto es un “equilibrio” ajustado entre las demandas de unos y otros países. Varias fuentes consultadas sostienen que la inclusión de las cláusulas reclamadas no suponen, necesariamente, una revisión forzada de los objetivos, ya que se podrían buscar soluciones alternativas, como tomar medidas correctoras o reforzar las capacidades de absorción mediante subvenciones y ayudas, entre otros. Aunque no está de más, acotan, dejar claro que el 90% es un objetivo que no se debe tocar.

Copenhague ha sido enfático en subrayar que su prioridad es que se apruebe la reforma de la Ley del Clima que fija el objetivo de 90% (para lo que se requiere mayoría cualificada). Algo nada fácil ante una “situación geopolítica muy difícil y con desafíos económicos y de competitividad”, señalan fuentes diplomáticas. “Esto es un compromiso basado en el desagradable y enfangado mundo que hay ahí fuera”, admiten. Será un acuerdo “imperfecto, pero la alternativa a un resultado imperfecto es no tener resultado alguno”, señalan. “Y el riesgo de no tener una Ley del Clima es mayor que tener una ley con flexibilidades”, argumentan los dispuestos a tragarse el sapo de las concesiones.

Esa ley es el primer punto de la agenda del martes, y solo después se abordará la negociación de la NDC de la UE, que según fuentes diplomáticas probablemente contenga un rango y no una cifra concreta. Para este último punto se necesita la unanimidad o, al menos, el consenso (que nadie se oponga abiertamente). Por ahora, no hay plan B si no salen adelante los cálculos daneses.