Los avisos rojos por fuertes lluvias ahora sí asustan: ¿qué ha cambiado en prevención un año después de la catastrófica dana?
Tras el desastre en el que murieron 229 personas, se ha avanzado en cultura de la seguridad, pero no ha habido medidas de calado en la gestión del territorio o con el cambio climático
Un año después de la dana que causó 229 muertos, hoy los responsables de emergencias de toda España no pierden tiempo para mandar mensajes de alerta a los móviles de los ciudadanos, y la sociedad española en su conjunto se toma mucho más en serio cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lanza un aviso rojo. También se ha incluido en la legislación española un permiso retribuido para las personas que no pueden acudir a su ce...
Un año después de la dana que causó 229 muertos, hoy los responsables de emergencias de toda España no pierden tiempo para mandar mensajes de alerta a los móviles de los ciudadanos, y la sociedad española en su conjunto se toma mucho más en serio cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lanza un aviso rojo. También se ha incluido en la legislación española un permiso retribuido para las personas que no pueden acudir a su centro de trabajo por mal tiempo, y algunas empresas, para proteger a empleados y clientes, directamente ya echan el cierre cuando hay un pronóstico que entraña riesgos. Estos son algunos de los progresos más destacados en prevención desde el desastre de Valencia. La parte de la lección aprendida. Sin embargo, en otras cuestiones se ha avanzado mucho menos, como las medidas de protección en zonas inundables y la gestión del territorio. Y siguen sin darse pasos más decididos frente al cambio climático, cuando en este mismo año se ha visto de forma clara en todo el país cómo está amplificando eventos extremos como las lluvias torrenciales, las olas de calor o los incendios.
La mejor prueba de que algo sí ha cambiado en prevención es cómo se ha actuado en otros episodios de fuertes lluvias con aviso rojo tras el fatídico 29 de octubre de 2024. Resulta especialmente llamativo el del pasado 29 de septiembre, por una borrasca problemática que afectó otra vez a Valencia. Aparte de darse avisos por megafonía en algunos municipios e instalarse barreras protectoras en domicilios, esta vez más de 12 horas antes del peligro, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat envió un mensaje masivo a móviles ES Alert. No solo se reaccionó mucho antes, sino que además el texto era distinto: aparte de instar a evitar desplazamientos y alejarse de cauces, también pedía a los vecinos que abandonaran plantas bajas y garajes (donde murió la mayor parte de las víctimas en 2024).
Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, está de acuerdo en que ahora se tiene mucho más cuidado con un aviso rojo: “Sin duda. La catástrofe de Valencia nos sobrecogió a todos y está muy reciente en el tiempo. Esto hace que todavía se tenga mucha conciencia sobre la importancia de los avisos de nivel rojo, que suponen un peligro extraordinario. El verdadero reto es conseguir que esta conciencia perdure a lo largo de los años. Para ello, la información meteorológica rigurosa, pero también una intensa tarea de divulgación y concienciación, resultan fundamentales”.
Aunque en la dana de 2024 sí se anticipó la amenaza, esta agencia estatal está introduciendo mejoras relacionadas con la prevención. Gran parte de los cambios ya estaban previstos antes de aquellas lluvias catastróficas, como la renovación de la red de radares, las novedades en el sistema de supercomputación, el lanzamiento de los satélites Meteosat de tercera generación o el adelanto de los avisos de fenómenos adversos a la tarde del día anterior. Pero también ha habido alguna modificación decidida después: ahora la Aemet pone nombre a las danas con más riesgos, siendo Alice la primera. “Se pretende, por un lado, que el público preste más atención ante un episodio potencialmente peligroso y, por otro, que no cunda el pánico cada vez que se escucha la palabra dana, pues muchas de ellas no generan impactos graves”, explica Del Campo.
El Gobierno también presentó en septiembre un plan para que los ocho millones de alumnos de colegios e institutos del país reciban a partir de este curso formación para saber cómo actuar ante emergencias como inundaciones, terremotos o incendios. De momento, ningún colegio consultado por EL PAÍS de la Comunidad Valenciana ha recibido indicación alguna.
Igualmente, también se aprobó en noviembre una modificación de la ley del Estatuto de los Trabajadores que introduce hasta cuatro días de permiso retribuido para evitar que los empleados tengan que presentarse en su centro de trabajo si existe un riesgo grave, como catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos. Algunas empresas, como la cadena de supermercados Consum, han ido todavía más lejos y, para evitar que el acceso a sus establecimientos se convierta en un peligro tanto para los empleados como para los clientes, cuando hay un aviso rojo directamente optan por cerrar sus tiendas.
Como incide Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, “sí que se ha mejorado en la cultura de seguridad y en los sistemas de alerta temprana, creemos que aquí ha habido realmente un avance y la ciudadanía ya tiene otro nivel de percepción del riesgo”. Sin embargo, la ecologista lamenta que no se haya aprovechado también la oportunidad para realizar cambios de “mucha más contundencia” sobre el territorio y las zonas inundables. Un encuentro de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil llegó esta misma semana a una conclusión parecida, concluyendo que “España sigue sin estar preparada para afrontar fenómenos meteorológicos extremos”. Según José Carbonell Castelló, secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, “los biosistemas, los cauces y las infraestructuras verdes deben integrarse con la ingeniería civil para mejorar la resiliencia del territorio. Solo entendiendo la naturaleza como aliada podremos mitigar los efectos de las lluvias torrenciales y las avenidas”.
En este mismo sentido, un informe del Observatorio de Sostenibilidad estima que existen en el país 10.197 instalaciones que se verían afectadas en caso de graves inundaciones con un periodo de recurrencia de 500 años (las más graves), entre ellas, 420 residencias de ancianos, 1.126 centros escolares, 114 comisarías de la Policía Nacional, 112 hospitales, 82 instalaciones radiactivas y 155 infraestructuras viarias.
El Gobierno valenciano aprobó un decreto ley en diciembre que incluye la suspensión de todos los planes urbanísticos en suelos no urbanizables en terrenos afectados por las inundaciones y también ha anunciado que va a destinar más de 150 millones de euros para un nuevo parque inundable en Valencia. Según la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana, la idea es crear dos corredores verdes que conecten l’Albufera, el Parque Natural del Turia y parte de l’Horta Sud a lo largo de 35 kilómetros para, además de recuperar terrenos dañados en la dana, conseguir que este espacio verde actúe como defensa contra las inundaciones. Pero no se ha ido mucho más allá, ni en Valencia ni en otros territorios con alta presencia de zonas inundables.
Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante que imparte clases de Ordenación del Territorio, Climatología y Riesgos Naturales, considera que en las zonas afectadas no se ha podido avanzar mucho más por estar todavía recuperándose del desastre: “Estamos aún en un periodo de recomposición y limpieza del territorio; y todavía no ha empezado ninguna actuación que pudiéramos decir de medio y largo plazo para anticiparse a futuros eventos como el que ocurrió”. Este especialista asegura que si volviesen a darse unas lluvias torrenciales como aquellas, no se producirían tantas víctimas por la mayor conciencia del peligro de estos eventos extremos, pero posiblemente los daños materiales serían todavía mayores. “Si hoy cayese una cantidad de agua como la de hace un año, el impacto sería peor porque ahora el territorio está descosido”, destaca Olcina, que recalca: “Para mí la tristeza es que haya dos planes de reconstrucción, uno del Gobierno del Estado y otro de la Generalitat Valenciana, que no haya habido una coordinación generando una única comisión de trabajo, un único plan”.
En todos estos meses, han sido muchos los informes científicos que han recordado que el calentamiento del planeta magnifica este tipo de fenómenos extremos y han advertido de la necesidad de prevenir también frente a la crisis climática, ya sea reduciendo las emisiones para evitar los peores escenarios o adaptándose para afrontar mejor los impactos que irremediablemente van a producirse. Para Saldaña, “no estamos a la altura de la magnitud que esto tiene, en otras áreas ha habido cosas positivas, aquí no ha pasado, no está pasando. Esto repercute en vidas humanas”. Para la directora de Greenpeace España, “necesitamos que realmente el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático aumente su ambición y aumente exponencialmente su financiación, con nuevos instrumentos de fiscalidad que repercutan en los beneficios de las petroleras”.